El acuerdo constitucional y el pacto democrático

Lara Iglesias

El 4 de julio vio a la luz la Propuesta de una nueva Constitución para Chile, que la ciudadanía debe aprobar o rechazar en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Hasta entonces, y como extranjera, asisto asombrada y encantada al espectáculo vibrante de la venta de ejemplares de la propuesta constitucional en estaciones de metro, calles y librerías. El día 15 de julio había filas de personas en quioscos del centro de Santiago esperando su turno para comprarlo por apenas 3.500 pesos (hoy prácticamente equivalentes a 3,50 euros o 3,5 dólares).

La propuesta de Carta Magna es el resultado de un proceso de doce meses de elaboración por parte de la Convención Constitucional, formada por 154 convencionales elegidas y elegidos por sufragio directo, paritario y con escaños reservados para pueblos indígenas. Se trata de un texto extenso con 388 artículos dispuestos en 11 capítulos y 57 disposiciones transitorias.

Desde el punto de vista material, consagra derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y reconoce en su primer artículo como valor constitucional la indisoluble relación de los seres humanos con la naturaleza.

Otro de los grandes cambios que introduce respecto del paradigma actual es la definición del proceso de modificación constitucional; que derriba los actuales cerrojos que, en la práctica, casi imposibilitan la modificación constitucional sustancial. Con esta propuesta se quiebran muchas anacronías del sistema chileno y se plasma el reconocimiento de derechos esenciales e indiscutibles: agua, vivienda, la plurinacionalidad o el aborto protegido. La extensión del texto, con más de 170 páginas, supera silencios de 40 años sostenidos por la constitución de la dictadura, da la palabra sin reservas a nuevas voces de todos los ámbitos y quiebra cerrojos normativos.

El estallido social de octubre de 2019 que detonó el actual proceso constituyente tenía entre sus lemas “Hasta que la dignidad se haga costumbre”. El concepto dignidad ha sido un leitmotiv durante todo este tiempo, erigiéndose en objetivo político y bandera social. La propuesta es, en muchos sentidos, heredera de ese sentir social de dignidades profundamente heridas a causa del endeudamiento, la financierización de ámbitos cada vez más amplios de la vida, la falta de educación y sanidad públicas, universales y gratuitas o la ausencia de pensiones públicas. El énfasis en la reparación a la indignidad se palpa en la larga extensión del texto, que busca subsanar carencias de la actual carta magna (y, por ende, del sistema) con una larga articulación; profusión de definiciones y adjetivos, que delimitan y califican puntillosamente la interpretación del contenido.

Como era de esperar, en la calle el resultado convence parcialmente; los mismos matices que jalonan el texto se trasladan a la aceptación por parte la opinión pública. Inevitablemente en un proceso de esta envergadura lo natural es que la intensidad del acuerdo con el texto sea parcial, gradual y no necesariamente absoluta. Sin embargo, la coyuntura actual permite observar cómo se pone el foco en aquello en lo que se está en desacuerdo en lugar de las bases del acuerdo y cómo las propias aspiraciones parecen más relevantes que la definición de unas condiciones de vida para el conjunto de la sociedad chilena. Podríamos preguntarnos si un acuerdo, aunque no unánime, sobre la mayor parte del contenido además de suficiente debería ser la meta: una mayoría parcialmente conforme como la aspiración de convivencia democrática.

De aprobarse, el verdadero desafío legislativo comienza después del refrendo de la Constitución, cómo se plasma en leyes ordinarias y se garantiza el cumplimiento progresivo de todo el catálogo de derechos que se incorporan. Pese a las dificultades de aplicación, el mero hecho de que esta propuesta flexibilice la modificación constitucional merece un apruebo.

Lara Iglesias Formoso es abogada, licenciada en Derecho, especialidad económico-empresarial por la Universidad de Vigo y máster en Ética para la Construcción Social por la Universidad de Deusto. Encargada de sostenibilidad e innovación en Grüner.

*Esta columna es parte de una colaboración periódica de la Asociación de Abogadas Feministas con Idealex.press.

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