Educación práctica y control ético efectivo pueden combatir la corrupción

Dentro de las facultades de Derecho existe el llamado “curriculum oculto”, explica Fernando Del Mastro, profesor de ética, investigador y coordinador del área en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Perú (PUCP), quien pone bajo la lupa la relación autoritaria entre profesores y alumnos, que los forja de tal modo que el control ético posterior de poco serviría.

“La gestación de este vínculo podría, de forma errónea, enseñarle al estudiante que aquel que tiene el poder, que tiene el prestigio, aquello que me hace sentir valioso, eso es la ley», añade.

Así, prosigue el académico, se ve cómo profesionales del sector jurídico van entrando en estructuras jerárquicas y terminan «haciendo lo que se les manda», cumpliendo órdenes poco éticas de un modo irreflexivo: «Las facultades de Derecho no están habituadas en formar en reflexión ética, en cómo pensar éticamente y tener agencia para sostener una práctica profesional según lo que uno estime que es correcto. Hay mucha desconexión moral”.

Dede ahí, desde la base, es donde en diversos países de la región se está poniendo el acento al analizar casos de corrupción o de infracciones a la ética profesional en que han incurrido abogados y jueces.

El cartel de la toga

En la cultura popular, figuras como Saul Goodman o Lionel Hutz —Los Simpson— han mantenido vigente la idea del abogado charlatán, ese que muchas personas consideran que representa una buena parte del mercado jurídico. “La labor de los abogados es ambigua moralmente, pues defienden a personas que son acusadas de delitos. Entonces creo que hay un punto en que esa visión crítica hacia los abogados es como insalvable. Creo que es muy difícil que esa profesión algún día sea vista con buenos ojos en un 100%”, opina Sergio Anzola, profesor de ética profesional en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en Colombia, e investigador del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho.

Sergio Anzola

A pesar ello, el académico cuenta que, al menos en Colombia, hay casos que validan la mirada crítica de la población al trabajo jurídico, ya que tanto jueces como defensores han estado implicados en hechos cuestionables. Un ejemplo fue lo ocurrido en 2017 con el Cartel de la Toga, en el que se descubrió que el director nacional anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla conformaron una organización criminal integrada también por los ahora exmagistrados Gustavo Malo Fernández, José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

Este “cartel” ofrecía a personas y grupos investigados por corrupción ayuda para que las investigaciones en su contra no avanzaran, no solo dilatando los procesos, sino desacreditando a los testigos en los medios. Las autoridades fueron juzgadas, procesados por corrupción y Moreno terminó siendo extraditado y condenado en Estados Unidos.

Pero casos que han terminado en el cuestionamiento del Poder Judicial y de los abogados no son infrecuentes en Latinoamérica.

Jueces al banquillo

El 14 de noviembre de 2023, el Centro de Investigación Periodística (CIPER), de Chile, publicó una nota investigativa en la que se revelaba que el abogado penalista Luis Hermosilla, junto con su cliente, el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, planeaban supuestamente sobornar a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En la subsecuente investigación se descubrió, luego de requisársele el celular a Hermosilla, que el abogado contaba con relaciones cercanas con los jueces de la Corte Suprema, varios de los habrían recibido de su ayuda para lograr ser nombrados, por medio de favores y conexiones. En la prensa se destacó los mensajes que tenía con la ministra del máximo tribunal Ángela Vivanco, a quien se le abrió un cuaderno de remoción, que comenzará su audiencia esta semana.

Sergio Muñoz Yáñez siendo procesado. Fuente: Poder Judicial

Por otra parte, el ex Director General de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz Yáñez, también fue descubierto dándole información confidencial de diversos casos al abogado, motivo por el cual se encuentra en medio de un proceso penal y en prisión preventiva.

Uno de los resultados de esta controversia es que se ha puesto en duda aspectos de gobierno judicial, como es el nombramiento de los jueces, con el propio Gobierno anunciando la futura realización de una reforma al sistema.

Por otro lado, en el Perú, el 7 de julio de 2018 IDL Reporteros reveló los llamados CNM Audios o los Cuellos Blancos del Puerto, en los que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo encargado de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales del país, se mostraban involucrados en una red de corrupción y tráfico de influencias, con jueces ofreciendo rebajas de penas, pidiendo favores o negociando ascensos de funcionarios.

Debido a ello, el CNM fue formalmente disuelto en 2019 y reemplazado por la Junta Nacional de Justicia.

Dilemas éticos concretos

Fernando Del Mastro, de la PUCP, considera a la educación jurídica como uno de los espacios estratégicos donde el problema de la falta de ética se forma de raíz y también donde se puede encontrar la mejor solución.

“En la enseñanza del Derecho y la profesión jurídica, la ética está subvalorada, está descuidada y eso es intolerable. Debería ser una materia medular en la profesión, en el nivel de investigación en las facultades de Derecho, que muchas veces presumen que forman a sus alumnos de forma ética, pero que luego cometen este tipo de faltas y delitos. Tenemos un déficit, sin duda”, sostiene el académico.

Fernando Del Mastro

Sergio Anzola opina de forma similar, ya que considera que a nivel latinoamericano la academia jurídica ha producido muy pocas investigaciones y material con respecto al tema, mientras que en Colombia no existe una presión en la legislación para enseñar ética a los abogados en las universidades.

“En los casos en que se enseña, resultan ser cursos deficientes para las demandas de la carrera, que se centran en cuestiones de la rama general de la filosofía; entonces los estudiantes leen textos de Kant o Stuart, pero nunca terminan viendo los dilemas éticos concretos de la profesión. Se trata de temas como comprender el secreto profesional, conflictos de intereses y si estamos dispuestos a crear una visión alterna de los hechos para salvar a nuestro cliente, aun si sabemos que esos hechos son falsos. Lo que se enseña termina muy alejado de lo que es el ejercicio profesional”, reflexiona.

Una solución a la problemática que destaca Del Mastro es la creación de instancias donde las facultades se reúnan a discutir la ética en el Derecho, como el III Seminario Internacional de ética profesional, que se realizará en la PUCP los días 14 y 15 de octubre.

Además, el académico destaca que se logró que el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) estableciera dentro de los criterios de acreditación obligatoria para las facultades de Derecho la existencia de un estándar de formación ética profesional.

Control ético por abogados, jueces y ciudadanos

En Perú se debe estar colegiado para representar a clientes ante los tribunales y también para ser un juez, pero Fernando Del Mastro estima que se requiere más para solucionar los problemas éticos: “No es la gran panacea la colegiatura, porque históricamente los colegios profesionales funcionan mucho como una protección gremial».

Hay colegios de abogados en Perú, cuenta, que no tienen una comisión de ética y que si reciben la queja de un cliente, la archivan, además de que quienes integran los consejos de ética no son especialistas en ética profesional: «Creo que es bueno que haya colegiatura obligatoria, pero debe existir un seguimiento sobre quienes presiden los colegios y quienes conforman los consejos de ética”.

Para Sergio Anzola, de Colombia, un mejor entendimiento de la ética en la abogacía requiere comprender que no es algo que está en juego exclusivamente en casos de corrupción, sino que también tiene presencia en “zonas grises” que incluyen cuestiones como la forma en que se explotan las ambigüedades del Derecho para favorecer al cliente: “Creemos que con cumplir el Derecho ya estamos siendo abogados éticos y no pienso que sea así”.

Este problema sobre cómo se comprende la ética se puede ver en la propia regulación colombiana, país que cuenta con la Ley 1123 de 2007, que establece el Código Disciplinario del Abogado y que, por ende, es vinculante para absolutamente todos los abogados, los que quedan sometidos al control ético de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La cuestión, para Anzola, radicaría en que ese código impone «deberes sumamente vagos, generales y, sobre todo, el texto no identifica de manera precisa todas las situaciones de dilema que enfrentan los abogados». Además, añade, según un estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia, entre 1996 y 2020 apenas se ha investigado y sancionado al 1% de los abogados colombianos.

Por otra parte, en 2018 se estableció la obligatoriedad del examen para obtener la cédula profesional de abogado, con el objeto de garantizar un ejercicio competente y ético de la profesión, pero aunque Anzola considera que la medida ayuda, «el evaluar si un abogado es ético con un examen de selección múltiple no es suficiente».

De acuerdo al criterio del académico, los colegios de abogados en Colombia funcionarían más como clubes sociales y no sería recomendable entregarles la potestad de definir las licencias de los abogados y a la vez el control ético, sino que buscar soluciones por fuera del Poder Judicial: “Depender de los colegios sería riesgoso. Considero que cuando son los propios abogados que se vigilan a sí mismos, que se encargan de la sanción de actuaciones cometidas, los incentivos son muy bajos para que sancionen a sus colegas. Yo creo que a donde hay que movernos es más hacia organismos mixtos, donde tal vez haya unos cuerpos compuestos por abogados, jueces, pero también ciudadanos, usuarios de la justicia, que sea un órgano mucho más diverso”.

 
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