Educación cívica, la gran deuda

Jorge Perelló Galleguillos

Jorge Perelló

La creciente disociación entre el sistema político y la ciudadanía, así como también la generalizada desconfianza hacia las instituciones, parece advertir que se aproxima un difícil futuro para la gestión del gobierno chileno, al menos, sobre estos asuntos en particular. No obstante, un análisis del problema permite considerar un factor que por años ha sido postergado y sustraído: la educación cívica.

Mediante el Plan de Formación Ciudadana en el 2019, la educación cívica volverá a las aulas, con el propósito de recuperar el tiempo perdido que, por cierto, ha sido bastante.

La preocupación por la educación cívica no es nueva. En 2004 se constituyó la denominada Comisión de Formación Ciudadana, que determinó reforzar estos temas en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Sin embargo, el cambio más significativo fue incluirlo como una asignatura desde el nivel preescolar hasta la enseñanza media, más no como el enfoque de un ramo determinado.

En la Reforma Educativa, impulsada en 1997, se puso gran atención en esta materia. Principalmente, porque era necesario volver a incentivar espacios de participación ciudadana y responder a las nuevas necesidades que la sociedad demandaba. Desafortunadamente, los resultados no fueron los esperados: el desinterés por la política partidaria se incrementó sostenidamente, lo que provocó que en 1998, durante el gobierno de Eduardo Frei, se decidiera eliminar esta asignatura.

Precisamente, su ausencia en la población joven y adulta, unido a las deficientes instancias de capacitación y actualización respecto de la enseñanza para el cumplimiento de sus deberes —incluyendo el desarrollo del sentido de responsabilidad colectiva en temas de salud, trabajo, educación—, han ocasionado considerables lagunas de conocimientos en cuestiones vitales para su plena realización como ciudadanos.

La evidente crisis de representatividad, la escasa participación ciudadana en instancias comunitarias y el debilitamiento de la identidad social en desmedro de lazos de solidaridad o integración, son solo algunas de las consecuencias que ha provocado la ausencia de políticas públicas enfocadas en la formación ciudadana.

Es indudable que la educación cívica es una piedra angular para comprender el funcionamiento de la organización socio-política. Lamentablemente la poca cultura jurídica que tiene la población chilena y, desde luego latinoamericana, deriva de la escasa formación que recibe.

Forjar ciudadanos activos y conscientes de sus valores democráticos, es sin duda, una de las misiones más complejas que deberá asumir el Plan de Formación Ciudadana.

Ciertamente, la democracia es un valor, que debe ser educado.

Es importante mencionar que en el año 2016, Chile se encontraba por debajo del promedio internacional respecto de “conocimientos cívicos”, según El Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana, ICCS. Un 6% de los estudiantes demostró no poseer las competencias mínimas de educación cívica y formación ciudadana. En estricto rigor, estamos hablando de futuros profesionales con conocimientos deficientes o nulos en materia cívica si los comparamos con estudiantes de otros países. No podemos obviar estos antecedentes.

Estamos viviendo un empoderamiento en diversos sectores de la sociedad, que debe ser aprovechado. Así, este podrá decantar en personas interesadas por el futuro del país, conscientes de sus derechos y sensibles de la realidad social.