Ecuador: ¿qué puede destruir al imperio de la ley?

De acuerdo a una medición realizada por Deloitte–Cadem y reportada por Diario Financiero, el 59% del mundo empresarial de Chile considera que el temor a la delincuencia será la tendencia más importante de 2024 en ese país. Por otro lado, el 48% del panel de opinión publica votó por la delincuencia como la tendencia para 2024.

Ataque al canal TC el 9 de enero de 2024

La preocupación por la delincuencia se ha vuelto una tónica ascendente no sólo en Chile, sino en la región. Ecuador es el caso que más ha dado que hablar debido al surgimiento de bandas narcotraficantes, siendo la escalada de violencia del 9 enero uno de los puntos álgidos, en los que se fugó el líder narcotraficante Adolfo Macías y personas armadas realizaron la toma del canal TC Televisión en medio de una transmisión. Estos actos llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar un estado de conflicto armado interno.

A esto se añade que esta semana el fiscal Carlos Suárez, que investigaba el ataque a TC Televisión, fue asesinado en Guayaquil, agudizando más el conflicto en Ecuador.

“Desde el año 2022, donde desarrollamos un proceso participativo para la elaboración de nuestra hoja estratégica, fue muy potente la temática del debilitamiento de las instituciones de justicia, no sólo en términos de la criminalidad, sino también de la corrupción y de la poca aceptación ciudadana entre otros factores”, comenta Nataly Ponce, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), quien añade que en su estudio de independencia de operadores de justicia se revela la situación de alto riesgo de jueces y fiscales en la región.

Ante un aumento de la preocupación por la delincuencia y el miedo a que otros países de Latinoamérica tengan una situación similar a la ecuatoriana, es que las autoridades y académicos se preguntan qué lleva a que se pierda el imperio de la ley.

Hechos consumados

“Ecuador se ha convertido deplorablemente en un país donde los derechos están en broma”, es lo que opina Juan Falconí Puig, profesor de Derecho en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, exministro de Industria y Comercio y exembajador de Ecuador en Londres. De acuerdo al académico, el foco del problema estaría en la teoría de los hechos consumados, aquellos que, legales e ilegales, una vez realizados y tras transcurrido un periodo de tiempo, más la tolerancia de terceros, consolidan un determinado estado de las cosas.

Juan Falconí Puig

“El mero transcurso del tiempo da lugar a otras consecuencias jurídicas como la prescripción, un modo de extinguir las acciones judiciales de terceros”, explica Falconi sobre este fenómeno, argumentando que el problema es que cuando ocurren hechos ilegales, que no deberían ser aceptados por la justicia, el sistema falla en actuar, al considerarse el acto como consolidado transcurrido un tiempo: “Gran parte de esto se debe a un fallo de la Corte Constitucional que habla de las situaciones jurídicas consolidadas, pero que de ninguna manera pueden servir o ser mecanismos para burlar la ley”.

Falconi argumenta que ello ha dado lugar a una corrupción creciente dentro del Poder Judicial y unos jueces que actúan de mala manera con impunidad: “Los jueces están resolviendo las causas en función del poder político. El Derecho aquí en Ecuador se ha subordinado a la política. A diario los jueces cometen toda clase de ilegalidades, desfiguran y alteran abiertamente los textos legales, no digamos la lógica jurídica ni las doctrinas, y esto arranca de la misma Corte Constitucional, que por sí y ante sí se declaró imposible de ser juzgada”.

El profesor señala que este problema se viene dando en Ecuador desde el gobierno de Guillermo Lasso y el de Lenín Moreno, siendo un proceso largo que ha dañado la institucionalidad del país: “La ley debe ser interpretada de acuerdo con el tenor literal de sus palabras y eso dice el Código Civil ecuatoriano. Si nadie cumple con la ley, incluyendo los jueces, ¿por qué la van a cumplir otros sectores? Es importante, para darle gobernanza al país, instaurar una cultura de respeto a la ley. Lo ilegal no se puede convertir en legal y menos usándose el argumento de que el acto infractor es un hecho consumado”.

Factores de descontrol

Nataly Ponce estima que entre los diversos factores que pueden llevar a la pérdida del imperio de la ley, hay dos que han sido importantes en Latinoamérica: el descontrol de las instituciones penitenciarias y la inefectividad de los sistemas de justicia frente a la violencia.

Nataly Ponce Chauca

“Esto es algo que venimos atravesando desde décadas atrás: el descontrol no sólo debido al hacinamiento penitenciario, sino la operatoria criminal desde las cárceles, lo que va más allá de la sobrepoblación criminal y es evidencia de las medidas fallidas de control que hay en las prisiones. Por otro lado, en nuestros países a nivel regional se viene impulsando el desarrollo de unidades especializadas en criminalidad compleja, delitos de connotación social, de crimen organizado, esfuerzos que han resultado insuficientes en la lucha contra el crimen y han sufrido fenómenos de burocratización o incluso de corrupción en algunos casos”, explica la directora ejecutiva de CEJA.

Ponce considera también importantes otros aspectos, como la impunidad de los crímenes y que para combatirlos es necesario que existan sistemas de prevención y de control concurrente para todas las actividades ilícitas: “Tanto infracciones cotidianas como pasarse una luz roja hasta las grandes situaciones que se dan en términos de procesos de corrupción o de un mal manejo de la administración pública. Finalmente todos estos espacios nutren esta legitimidad del Estado o la carcome progresivamente.

El uso de la fuerza ha sido una opción que se ha discutido en la lucha contra el crimen, sobre todo luego de las medidas tomadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir la criminalidad en el país, lo que ha dado como resultado una baja en los niveles de homicidio en el país.

“La evidencia señala o apunta hacia dos conclusiones: primero, que hay casos donde efectivamente el ingreso de fuerzas militares logra contener un fenómeno territorial, y digo en algunos casos porque no en todos. La segunda conclusión es que este impacto ‘positivo’ es transitorio, entonces inmediatamente se van las fuerzas armadas y se vuelve a recrudecer el fenómeno, porque el territorio es una de las manifestaciones, una expresión, pero no toda, de la criminalidad. Entonces, aunque tenga un impacto positivo a corto o mediano plazo, son medidas que son insostenibles en el tiempo por los mandatos constitucionales y la institucionalidad de la seguridad pública”, explica Ponce.

 
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