Director de la Academia Judicial de Chile: “Nos hemos preocupado de responder a las necesidades del Poder Judicial»

Comunicaciones Academia Judicial

Claudio Soto Coronado
csoto@idealex.press

A full. Así se encuentra la Academia Judicial de Chile —que tiene por misión la selección y preparación de los jueces del país, así como entregar capacitación continua a los funcionarios judiciales— la que ya lleva algo más de un año abocada a un completo plan de modernización, que por cierto no ha estado a ajeno a las complejidades que ha impuesto el Covid-19.

La pandemia no sólo relevó la importancia de que los magistrados y magistradas sepan desenvolverse en las nuevas tecnologías, sino que también, en la necesidad de que asuman en el corto y mediano plazo un rol estratégico y preponderante en la aplicación de justicia.

“Probablemente el cambio hacia lo virtual en nuestro trabajo diario hubiera sido mucho más difícil en otras circunstancias. Creo que esto nos permitió acelerar un proceso, y mirándole el lado positivo, para nosotros ha sido un buen periodo”, señala su director en esta entrevista con Idealex.press.

— En enero de 2019, usted asumió como director de la Academia Judicial con un plan de modernización bajo el brazo ¿Cuánto ha logrado hasta aquí, y qué cosas ya estaban en marcha antes de la pandemia?
Efectivamente, hemos ido avanzando. Este era un plan de trabajo que aprobó formalmente el Consejo directivo de la Academia, que es el máximo órgano decisorio en el gobierno corporativo de la institución y ha significado ir revisando los distintos programas que ofrece la Academia Judicial, y fundamentalmente el de formación para los futuros jueces. Hicimos algunos ajustes que empezaron a andar este año, pero estamos avanzando en una reestructuración mucho más profunda y definitiva. El más notorio fue establecer un programa especialmente pensado para abogados con experiencia, asumiendo que contar con un trayecto de vida y profesional relevante es algo muy útil para ejercer la función de juez.

Se celebraron convenios con distintas instituciones públicas que tienen en su planta muchos abogados con la idea que ellos pudiesen postular a programas de formación conservando sus cargos, que tuvieran permiso sin goce de sueldo durante el periodo en que lo realizan. Como se trata de gente con más experiencia, es más acotado y coincide con los seis meses que, de acuerdo con el estatuto administrativo, se le puede dar de permiso sin goce de sueldo a un funcionario. Dura 6 meses a diferencia a los casi 11 que dura un programa normal.

— ¿Este es el programa denominado “seniors” orientado a la búsqueda de abogados públicos y privados interesados en la función jurisdiccional?
Hay una convocatoria que está por dirimirse el próximo mes para el que sería el primero de estos programas y sobre el que circunscribimos varios convenios con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, entre otros organismos. Eso ya está avanzando y además estamos haciendo una reestructuración más gruesa. En lo operativo, ya cambiaron varias cosas del programa de formación.

— ¿Y qué ha pasado con los programas de habilitación, también muy importantes dentro de la carrera judicial?
El programa de habilitación —que es el que permite acceder a los cargos de ministros o fiscal de las Cortes de Apelaciones— fue reestructurado completamente y se está ejecutando en su nueva versión. Partió en junio y termina en noviembre, siendo bastante más extenso, porque tiene una parte de autoformación hasta septiembre a distancia, en todas las partes de actualización de conocimiento jurídico, para sacar esa parte de la presencial y destinar éste tiempo que es el más valioso básicamente en el trabajo de talleres en el que tienen que actuar como ministros, en sala y haciendo lo mismo que tiene que hacer un ministro en un ejercicio simulado, pero bajo la tuición de docentes, y luego pasantías.

La idea es poner mucho énfasis en la parte presencial, en el ejercicio de razonamiento, de argumentación, de valoración, de sofisticar ese ejercicio y de redacción de resoluciones y no concentrarnos tanto en la parte de conocimientos jurídicos, que es un problema que se debe a que la justicia de primera instancia en Chile está especializada y la segunda instancia, no. Entonces, vienen muchos jueces, por ejemplo, de materia penal de primera instancia, postulan a este curso y, sin embargo, en la Corte deben ver materias de derecho civil fundamentalmente.

— ¿Y la idea de homologar másteres, diplomados y postítulos de universidades ha prosperado?
Eso era para el programa de perfeccionamiento. Ahí había tres líneas gruesas de redefinición: Uno, de volver a repensar la parrilla de cursos en función de las necesidades de capacitación y no de las demandas de capacitación. Hoy se les preguntaba a los funcionarios ¿qué es lo que usted quiere?, y ahí se elaboraban los cursos. Ahora, es más bien ¿qué es lo que el Poder Judicial necesita? A partir de eso, además de la propia información que entregan los funcionarios, se están incluyendo en la parrilla de capacitaciones y para el próximo año se va a elaborar con esos criterios.

La segunda reforma importante era cambiar la modalidad de los cursos, incorporando un porcentaje relevante de éstos en línea. Eso resultó bien providencial porque dada la coyuntura, por suerte estábamos embarcados en ese proyecto, dado que este año no hemos podido hacer ningún curso presencial ni vamos a poder hacerlos. Están cancelados todos los de este año y eso significaba a todo el Poder Judicial que los hubiéremos dejado simplemente sin cursos sino hubiésemos podido sustituirlos por una oferta en línea. Hicimos ahora, el segundo semestre, un llamado especial, una convocatoria nueva sólo con cursos en línea y se adjudicó hace poco. Recibimos casi 4 mil postulaciones así que fue un muy buen resultado y tenemos ahora una oferta bastante significativa. Eso ha sido un esfuerzo importante, por supuesto todavía en marcha que vamos a tener que ir ajustándolo y calibrándolo.

Y lo otro era hacer este ejercicio de homologar los programas y cursos que están haciendo ya los funcionarios judiciales con el fin de destinar nuestros esfuerzos a actividades más estratégicas. Hay muchos funcionarios que están haciendo programas bastante más intensos que los que les puede ofrecer la Academia. Quien está haciendo un magíster o un diplomado, incluso es difícil que la Academia con un curso breve como los que hace, pueda hacerle el peso. Eso avanzó en el sentido que homologamos muchos programas —el año pasado 151 programas—, pero ha tenido poco correlato en el sentido de que son pocos los funcionarios que hicieron valer esa homologación.

— ¿Por qué ocurre esto?
Creo que por una parte por desconocimiento. Creo que todavía no se ha asimilado bien esta nueva modalidad, y creo que además todavía hay incentivos importantes para tomar cursos de la Academia. Igual puede haber alguien que quiere hacerlo pese a estar cursando un programa. Sin embargo, creemos que estratégicamente para el Poder Judicial es relevante. Si el Poder Judicial está becando a una persona para hacer un programa de magíster en una universidad, lo lógico sería chequear esta información y decirle “usted ya cumplió”. Con esto, no es necesario que siga un curso en la Academia. No queremos privarlos del todo, pero si podemos decirle a esa persona que pueda postular sólo a curso en línea para reservar los cursos presenciales a aquellas personas que no están haciendo un magíster o un diplomado. También, hemos hecho cambios en lo que nosotros llamamos “perfeccionamiento extraordinario” que son las actividades que nos permiten ir satisfaciendo necesidades más coyunturales de capacitación.

— ¿En esas se enmarcan las capacitaciones en la Ley de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes que han sufrido delitos sexuales, recientemente en vigor? ¿Qué evaluación se hace de este tipo de capacitación?
Eso ha sido un tremendo desafío para la Academia porque esta ley (N°21.057) no sólo cambia la forma de operar —y nos ha implicado tener que capacitar a los jueces en cómo operar con la lógica de esta ley—, sino que también establece que quienes ejerzan los roles de intermediación necesitan una certificación especial. Están, además, muy específicamente regulados cuáles son los requisitos para obtener esa certificación en materia de capacitación, no sólo al inicio, sino que también de manera continua, mantenerla, validarla y darla cada cierto tiempo. Nosotros originalmente estábamos involucrados para la capacitación general del Poder Judicial, pero la Corte Suprema nos pidió muy especialmente que le ayudáramos a certificar al menos a un 30% de jueces penales para que pudieran hacer de intermediadores, porque llegó a la conclusión que si no eran los jueces que hacían este rol, probablemente iba a ser muy complejo que otro lo pudiera hacer. Entonces, eso, que no es en principio el trabajo adicional nuestro, lo asumimos, porque además nos hemos preocupado de responder de la mejor manera posible a las necesidades del Poder Judicial.

— Eso ha significado cambios…
Ha significado tener que montar toda una unidad nueva de capacitación con otro programa de Ley de entrevistas videograbadas en la Academia, con instructores especiales, porque en general la academia subcontrata los docentes por medio de licitaciones, y en esto requieren ser in-house. Entonces, tuvimos que formar un equipo de instructores y hemos estado por una parte dando la capacitación general a todos los jueces y ministros de Cortes de Apelaciones y por otra parte formando. Lo logramos en la primera zona de implementación. Esta es una ley que se va implementando por regiones, en tres etapas. Este año ha estado bastante más complicado el tema producto de la pandemia. De hecho, hay un proyecto de ley que está presentando el Ejecutivo para postergar la entrada en vigencia, durante un año, al menos la etapa dos; y un año y medio, la etapa tres; y eso nos da un poco más de aire para poder completar ese proceso.

— En tiempos de pandemia, ¿cuál es la evaluación que desde su cargo hace de las audiencias virtuales y del teletrabajo, que al parecer llegaron para quedarse?
Esto a todo el mundo lo pilló muy descolocado. Nadie previó las consecuencias que iba a tener esto y efectivamente estamos en un momento de ajuste. Sin embargo, hay que decir que el Poder Judicial dentro de todo estaba mejor preparado que otras instituciones (…) porque al menos ha habido un esfuerzo por parte de incorporación de tecnología muy importante en el trabajo judicial, y por otra parte una apertura hacia mecanismos de trabajo o de realización de videoconferencias. Antes de que se decretara la emergencia el Poder Judicial había aprobado que se creara una regulación al respecto. Nada ha sido fácil, ni va a ser fácil. Esto es un proceso de ensayo-error en donde se está aprendiendo por parte de todos los actores; y si bien, las audiencias y la actividad más estandarizada y menos compleja ha funcionado sin problemas, a la hora de afrontar ya los juicios más complejos están surgiendo muchos inconvenientes y era completamente esperable que así fuera. Hay que ir haciendo los ajustes.

Si entendemos que la acción judicial es clave para el desarrollo de nuestra sociedad, para la vigencia de nuestro Estado de Derecho, no podemos simplemente prescindir de ello y esconder la cabeza y esperar que esto pase y ahí empezar a preocuparse del tema. Significaría pensar que el rol del Poder Judicial es bastante menos significativo que el que creo que tiene y el que espero que tenga. Por lo tanto, hacer este esfuerzo, con todas las complejidades que tenga y asumiendo que se van a cometer errores y que vamos a tener que ir subsanándolos en la marcha, vale la pena, porque creo que es un reconocimiento de la importancia que tiene esto para los ciudadanos.

— ¿Se refiere a los juicios orales y los problemas que se han presentado?
A veces se pone mucho énfasis al momento de juzgar estas metodologías en los derechos de las partes, en el sentido de la inmediación, del rol directo con el tribunal, del contacto con la defensa. Hay una serie de derechos que son muy relevantes y que hay que, por supuesto velar por su cumplimiento, pero no hay que olvidar que uno de los componentes esenciales del debido proceso es el juzgamiento dentro de un plazo razonable, y tener a una persona en el aire durante meses sin una respuesta tanto al imputado, a la víctima, a los testigos y a la sociedad en general, también le significa pagar un costo altísimo. Creo que en esto hay que perseverar, con flexibilidad, con buena voluntad, pero teniendo presente la importancia de hacer esto.

Y para nosotros significa un desafío muy importante porque son nuevas habilidades. La función judicial es una función muy normada, muy estandarizada donde es bastante predecible cómo suceden las cosas, y esto (la pandemia) ha cambiado el tablero radicalmente. Empezar a introducir esas flexibilidades de cómo adecuarse, no sólo a los jueces, sino que a todos los actores que confluyen, y eso lo hace más complejo, es parte del desafío. Y en este caso tratándose de los jueces, porque son ellos los que van fijando un poco las reglas y van articulando que esto camine.

— ¿Visualiza usted entonces un cambio en el perfil del abogado juez que busca ser parte del Poder Judicial?
Creo que se hace muy evidente que la justicia se ha tecnologizado y que es necesario saber navegar en todo ese mundo con mucha fluidez y que no siempre es algo fácil. Pero aún más importante que la cosa puramente tecnológica es la capacidad de gestión estratégica. Ya no se trata de gestionar el tribunal en el sentido de los recursos materiales, sino que del proceso. De cómo logro yo asumir un rol como juez para que esto avance y camine, pensando que aquí hay intereses comprometidos de las partes que están en este juicio, pero también intereses generales de la sociedad de que el grueso de los asuntos también camine.

Poder equilibrar estos objetivos entre lo micro con lo macro y tener las herramientas de negociación, de persuasión, y de creatividad para que esto avance son atributos para un juez, y bastante más complejos de obtener en general, por en lo que es la formación normal de los abogados, nada de esto está presente. Este tipo de cosas pasan a ser más críticas. El Consejo directivo de la Academia ha incentivado la innovación en general, consciente de lo importante que es para el Poder Judicial.

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