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Dimisión de presidente del Supremo acelera profunda cirugía a la justicia en España
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y el TS, presentó su renuncia al cargo el domingo obligando a los partidos políticos a acelerar cambios a la judicatura de ese país. La forma de cómo se eligen los magistrados y el alto quórum en el Congreso y el Senado aparecen como las grandes barreras que deben sortearse de manera urgente. De ello también depende la renovación de cupos en el Tribunal Constitucional.
11 octubre, 2022
-Claudio Soto Coronado
Desde España
Era una crónica anunciada, que terminó por cumplirse. Finalmente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de España, Carlos Lesmes, presentó su dimisión al cargo, luego que los partidos políticos durante 4 años no lograran ponerse de acuerdo en la renovación de las máximas autoridades de ese poder del Estado, forzando con ello a la búsqueda urgente de pactos —principalmente entre el PSOE y el PP— que saquen adelante la tarea.
La renuncia, que se oficializó a última hora del domingo pasado, obligó al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez a reunirse con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo en el Palacio de La Moncloa el lunes, acordándose después de más de tres horas de intensa conversación que se realizaría un último intento para desbloquear las negociaciones y dar una salida institucional al gobierno de los jueces.
“Hemos avanzado para abordar la renovación conjunta de Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia. Creo que este paso se podía haber dado mucho antes, y confío en que también será posible una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP”, señaló tras el encuentro el líder de los Populares en su cuenta de Twitter.
Por parte del Ejecutivo, fue el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños quien dio luces sobre los pasos a seguir. Se trata, dijo de «un último intento de negociación para superar esta crisis institucional gravísima”, señaló en rueda de prensa. Se buscará así una suerte de vía rápida o «Fast Track», pero sin plazo definido.
Los cambios en el Tribunal Supremo de Justicia de España
Fue el domingo que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que comunicó el Rey Felipe VI, y también al Gobierno, su voluntad de cesar de forma inmediata en las funciones que le correspondían legalmente, al amparo de lo establecido en el artículo 588.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin esperar a la fecha de conclusión del mandato del Consejo.
Pero, la dimisión de Lesmes implica una amplia cirugía. Así, deben buscarse los acuerdos para renovar los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde 2018, ya que han sido imposibles los cambios tal como lo señala la ley, gozando los magistrados proclives al PP de mayoría; además de 2 de los 12 miembros (uno para cada sector) del Tribunal Constitucional.
La importancia en la renovación del CGPJ es de inmenso calado, por cuanto es este organismo el que nombra al presidente y los 80 magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia de España, último órgano jurisdiccional, además de los cargos correspondientes a la Audiencia Nacional, al propio TC, a los 17 presidentes y 30 presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia y las presidencias de las 50 Audiencias Nacionales, repartidas en España.
La renovación del CGPJ requiere un quórum de 3/5, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado quienes eligen 10 vocales cada uno, por ende, los acuerdos se hacen imprescindibles. Los caminos estaban cerrados, hasta este lunes.
Las barreras
Serán el ministro Bolaños, por parte del Gobierno, y el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, los encargados del liderar las conversaciones. El camino tiene como barreras, además del alto quórum, que el Partido Popular busca una reforma a la Ley Orgánica para que los jueces sean elegidos por los propios jueces (hoy con mayoría dentro del estamento), a lo que el Gobierno se opone, señalando que se debe respetar la legalidad vigente, puesto que un cambio otorgaría al sector conservador un amplio número de magistrados de esa tendencia en todos los tribunales.
El actual Consejo fue elegido en 2011 y desde ese momento, con los sectores de derecha con el control del órgano, pese a ir perdiendo de a poco representatividad, pero no su mayoría, no ha sido posible una renovación tranquila, puesto que también esta en juego la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. En eso había acuerdo, entre el Gobierno y el ex líder del PP, Pablo Casado, que tras su salida, Feijóo decidió no perseverar.
Fotografías: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa/ Fernando Calvo. La Moncloa, Madrid.
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