Derecho preferente para periodistas en la Ley de Transparencia

El pasado martes 25 de febrero, el apagón masivo que afectó al 90% del país dejó las telecomunicaciones interrumpidas o con intermitencia. Sin señal y sin datos, muchos chilenos y chilenas quedaron a ciegas, sin información sobre lo que estaba pasando. La vuelta obligada al mundo offline nos recordó no solo la importancia de tener siempre una radio de pilas en casa, sino que las fuentes confiables de información, como los medios de comunicación y los profesionales que los operan, son irremplazables. Lamentablemente, en la vida cotidiana conectada a internet, esa convicción se desvanece.

Catalina Gaete Salgado

En tan solo unas semanas, Donald Trump ha materializado su actitud beligerante contra los medios en denuncias millonarias y con la decisión de restringir el acceso a la Casa Blanca a instituciones de la prensa tan relevantes como Associated Press, la agencia global de noticias fundada en 1846, con sede en Nueva York. Por otro lado, las empresas tecnológicas contribuyen a este discurso deslegitimador con la decisión de desmantelar el programa de verificación, ese que financiaba el trabajo de periodistas independientes encargados de investigar y desmentir información deliberadamente falsa o carente de contexto. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, dijo que su decisión es una cruzada contra la “censura” de los fact-checkers.

Chile no está ajeno a este fenómeno global. Según los resultados del último Barómetro de Acceso a la Información Pública de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), entre un año y otro aumentó el porcentaje de periodistas que declaran haber experimentado dificultades para acceder a información pública. Autoridades o funcionarios que no responden a consultas de la prensa o que acceden a entregar información solo en condiciones de anonimato fueron dos de los indicadores que más crecieron de 2022 a 2023. También aumentó la entrega parcial (incompleta) de información solicitada a través de transparencia.

¿Por qué esta tendencia nos preocupa? ¿Por qué la forma en que el Estado trata a los periodistas hoy es más importante que nunca?

En 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos describió al periodista profesional como “una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado”. En esta emblemática opinión consultiva, la Corte dice que dedicarse profesionalmente al periodismo está esencialmente amarrado al ejercicio de un derecho fundamental: la libertad de expresión. Según el artículo 13 de la Convención Americana de DD.HH., este derecho comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por lo tanto, cuando los periodistas profesionales hacen su trabajo, usan constantemente estas tres facultades: buscan o investigan, difunden y reciben información.

Por otro lado, José María Desantes, primer catedrático de Derecho de la Información en España, sostenía que el profesional de la información no hace uso de este derecho a título personal, sino que por delegación o mandato tácito de la comunidad. Es decir, el periodista usa la trilogía de facultades de buscar, recibir y difundir información para satisfacer las de otros.

Bajo esta premisa, los organismos públicos habilitan departamentos de comunicaciones para, entre otras cosas, responder a los requerimientos de la prensa, entregar acreditaciones y generar rutinariamente un flujo de información sobre asuntos de interés público en comunicados y ruedas de prensa. A esta batería de herramientas hay que sumar la Ley de Transparencia (Ley 20.285), una norma vigente en Chile desde 2009 que dispone un procedimiento para solicitar y acceder a información en manos del Estado.

Si bien, la Ley de Transparencia garantiza el derecho de acceso de todas las personas, los periodistas tienen una posición destacada. Siguiendo a Desantes, la comunidad delega en los profesionales de la información el mandato de seleccionar los hechos, investigar y difundir. El cumplimiento de la facultad de investigación implica saber dónde está la fuente y cómo desentrañar sus complejidades, una tarea que requiere entrenamiento y que nadie espera que todas las personas sepan o quieran hacer. Este trabajo se delega en la prensa, que tiene además la función de fiscalizar al poder y promover la rendición de cuentas. El tradicional rol del “perro guardián”.

Es indudable que los periodistas pidiendo información al Estado son particularmente relevantes. Pero en vez de facilitarles el acceso, la evidencia muestra que se les obstruye. Salas de prensa en todo el mundo han reportado experiencias insatisfactorias utilizando la Ley de Transparencia, desde respuestas parciales, negativas persistentes, prolongados tiempos de espera que no se ajustan a las rutinas de los medios, e incluso, un trato diferenciado por tratarse de solicitudes sensibles.

Los académicos David Cuillier y A. Jay Wagner lo confirmaron también con su estudio en Estados Unidos, en donde compararon las experiencias de acceso a la información de sujetos corporativos, con intereses privados o comerciales (for-profit requesters) y de sujetos de interés público (non-for-profit requesters), donde se incluyen los periodistas. El estudio concluye que los primeros tienen experiencias de acceso más exitosas que los segundos. ¿La razón? Simple: las peticiones de solicitantes de interés público suelen buscar información más embarazosa para el gobierno y para los organismos a cargo de entregarla.

En un escenario caracterizado por el descrédito contra la prensa y los trabajadores de las comunicaciones, ¿cómo fortalecemos a esta institución fundamental para la democracia? Algunos autores han propuesto precisamente a la Ley de Transparencia como un entorno adecuado para otorgar un derecho preferente a los periodistas. Por ejemplo, Erin Carroll, profesora de derecho de la comunicación en Georgetown Law, dice que hay que proteger al “perro guardián” dándole prioridad a sus solicitudes o estableciendo plazos más acotados para responder a sus peticiones.

Un servicio así fue el que abrió la agencia de datos Eurostat en mayo de 2024, en las semanas previas a los comicios del Parlamento Europeo. A través de una casilla especial para periodistas y fact-checkers, la agencia —similar al INE, pero a nivel europeo— se comprometía a responder a las solicitudes en un plazo de una hora “para ayudar a los medios de comunicación a proporcionar a los ciudadanos información y recursos correctos sobre las elecciones europeas y contribuir a la lucha contra la desinformación en la UE”.

Por otro lado, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo español han dicho que cuando el solicitante es periodista, “deben redoblarse las cautelas para no interferir en la libertad de expresión y comunicación libre de información de los medios de comunicación, derechos fundamentales protegidos constitucionalmente”. En definitiva, los límites de la Ley de Transparencia deben interpretarse de forma restrictiva para todas las personas, pero especialmente, cuando la solicitud la hace un periodista.

Fortalecer y devolver la legitimidad de la prensa —erosionada particularmente en los entornos digitales— implica necesariamente un trabajo activo del Estado democrático para defender su función social, aunque pueda ser inconveniente o incómoda para la administración de turno. Un derecho preferente, o garantías reforzadas para periodistas en la Ley de Transparencia podrían ser un buen punto de partida.

 
Catalina Gaete Salgado es periodista y candidata a doctora de la Universidad Complutense de Madrid, académica de la Universidad Católica de Chile y realiza estancia doctoral en el programa de Doctorado en Derecho de la U.Central.
 

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