Derecho inmobiliario, más criterio y más conocimientos

Tomás Valdés Riesco

Tomás Valdés Riesco

Tal vez sea una cosa generacional. Quienes nacimos antes de los años 80, no paramos de admirar la modernización arquitectónica y constructiva de nuestras ciudades latinoamericanas, sobre todo esta última década. Lejos de los juegos de computadores, y con una idea tal vez platónica de la vida de barrio, nosotros hemos sido conscientes del crecimiento en extensión, de las carreteras, de los boom y burbujas inmobiliarias y otros fenómenos que en 30 años le han cambiado totalmente la cara al panorama visual de Santiago de Chile.

¿Qué relación tiene esto con el Derecho? Es simple: en pocas disciplinas, como la inmobiliaria y la urbanística, se alcanza un compromiso tan palpable con el tiempo y el espacio. Lo que se construye —lo que se ayuda a construir— se levanta muy por encima de los papeles que contienen los acuerdos del desarrollador, y no estará ahí sólo unos días, meses o años. Se trata de creaciones visibles que podrán ser disfrutadas, además de sus habitantes actuales, al menos por nuestros hijos, nietos y bisnietos. Y también por los turistas. Aunque otros, claro, los vecinos, se sentirán profundamente afectados durante la construcción y, hay que decirlo, seguramente aborrecerán por un tiempo a sus nuevos vecinos.

A diferencia de las concepciones de nuestros próceres del siglo XIX, la tierra, otrora principal fuente de riqueza, y la actividad inmobiliaria, en particular, han sobrepasado las complejidades meramente civiles. Si antes comenzaban y prácticamente concluían con los bien pagados, entretenidos y arqueológicos estudios de títulos, hoy este quehacer se ha convertido en una especialidad compleja, que involucra aristas corporativas, administrativas, ambientales y judiciales.

En un contexto de bancarización y de sobreoferta de abogados, en Chile el estudio de títulos y escrituración han quedado prácticamente relegados a empresas de servicios externos de los bancos, que trabajan mal pagadas, y normalmente colapsadas. Su mano de obra suele estar integrada por jóvenes recién egresados de Derecho, precisos en las comas y en pedir antecedentes innecesarios para cumplir con formularios, totalmente ávidos de descubrir algún vicio —de preferencia “imprescriptible”, “no ratificable” e “insubsanable”— de nulidad.

En Estados Unidos, después de la última crisis al menos, este trabajo ha debido atomizarse, afortunadamente para los intereses del gremio, en la medida que los bancos han optado por no prestar dinero para construir sin contar con promesas de venta acordes con la línea. Y “no se mete una pala” antes de tener casi vendidos los proyectos.

La estandarización de los procesos, su concentración, así como la infinidad de entes públicos que participan en la regulación territorial, hacen pensar que el futuro de esta actividad requerirá de buenos asesores, criteriosos y con conocimientos interdisciplinarios. Con buenos ojos vemos el aumento de matrículas en los cursos del área “regulatorio-administrativa”, sobre todo estos los últimos tres años.

* Tomás Valdés Riesco es abogado de la UDP y Magíster en Desarrollo Urbano.