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Deficiente regulación saca los patinetes de París y amenaza a otras ciudades europeas
Malas prácticas ciudadanas, imposibles de legislar a nivel municipal, de tráfico o medioambiental, terminan —vía plebiscito— sacando de la capital francesa artefactos de alquiler que prometían ser una solución a la movilidad, pero que terminaron siendo un dolor de cabeza para todos.
4 abril, 2023
-Con atención, las autoridades de las principales ciudades europeas miran como los habitantes de París, vía consulta popular, terminaron por sacar 9 mil «patinetes eléctricos» de alquiler de la capital Gala y que debido a malas prácticas ciudadanas y una deficiente legislación incapaz de hacerse cargo de los problemas que causaban, cerraron la puerta a esta forma de movilidad.
Fue el domingo pasado que los habitantes de esta ciudad votaron que no querían más patinetes en las calles, en un referéndum que sin ser jurídicamente vinculante para las autoridades locales, pero que prometieron enfrentar los problemas que generaban, obligará a sacar a estos artefactos de circulación el 1 de septiembre próximo, luego que en 2022 se registraran 3 muertos y más de 400 accidentes viales con lesionados de todo tipo.
Serán así tres empresas con un total de 15 mil dispositivos las que deberán terminar sus operaciones (quedarán 6 mil en circulación). Se trata de la estadounidense Lime, la francesa Dott y la germana Tier, que no solo han generado múltiples conflictos en los espacios públicos, sino que también en áreas como la medioambiental por la escasa duración y peligrosa recarga de sus baterías de litio; o en el área de tránsito y seguridad vial, en donde son recurrentes los accidentes con vehículos y ciclistas.
Regulación deficiente
Eran tantos los problemas y el caos que estaban causando los patinetes —varios de ellos sacados directamente del río Sena donde iban a parar en muchas ocasiones— que se intentó desde 2018 en adelante poner en práctica varias ordenanzas, medidas y leyes, como por ejemplo, controles de identidad para evitar su uso por menores de edad, el uso de una matrícula o patente identificatoria o el aumento de oficiales municipales para controlar zonas de estacionamientos permitidos.
También, se les consideró legalmente un vehículo de desplazamiento personal motorizado, sometiéndolos a las normas de tráfico. Así, por ejemplo, se impusieron controles de velocidad en zonas residenciales, parques y vías céntricas con multas que llegaban a los mil 500 euros; una edad mínima de utilización (a partir de los 12 años) y prohibición de estacionarse en determinados lugares.
Pese a lo anterior, los patinetes de alquiler y sus usuarios continuaron generando problemas. No era extraño verles desperdigados en cualquier parte de la capital francesa, sin respeto al espacio de otros medios de transporte, ni menos peatones, circulando al interior de túneles urbanos de alta velocidad, con hasta tres personas encima e incluso siendo utilizado en mudanzas de todo tipo de artefactos.
Precedentes
Lo que pasó en París era, sin embargo, la crónica de una muerte anunciada y que podría seguir a otras ciudades europeas en una suerte de caída de un castillo de naipes. Cabe recordar que en febrero de este año, las autoridades de Barcelona (España), impusieron un veto de seis meses a los patinetes eléctricos —propios y alquilados— en buses, vagones de metro y sus instalaciones, luego que uno de ellos explotara en una de las líneas de ferrocarriles de la Generalitat Catalana el 17 de noviembre de 2022.
Fue así que la Autoridad de Transporte Metropolitano (ATM) de la Barcelona, cerró sus puertas a los patinetes, prohibiéndoles su traslado en medios convencionales, incluso de manera plegada, bajo la penalización de 200 euros para quienes incumplieran la medida.
Así el acceso de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal no está permitido en las instalaciones de transporte público, incluyendo todos los espacios dentro de la zona de barreras tarifarias (andenes, vestíbulos) de todos los servicios de Cercanías de Cataluña, como los servicios de cercanías de Barcelona, Tarragona, Girona y Lérida y servicios regionales.
Esta prohibición, vigente hasta el 1 de agosto próximo y que afecta también a los monociclos eléctricos, debería —según la Generalitat— dar paso a una regulación a partir de esa fecha y en la que actualmente trabajan diversos agentes interesados en la seguridad del sistema de transporte, tales como, operadores, bomberos, institutos de seguridad de vehículos, entre otros.
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