Defensoría autónoma y modernización policial, los desafíos del sistema penal chileno

El próximo 16 de diciembre se cumplirán 20 años de la entrada en vigor progresiva de la Reforma Procesal Penal en Chile. El cambio, que permitió separar las funciones de investigación y juzgamiento y que implantó la oralidad de las audiencias y una mayor transparencia del sistema; sin embargo, aún plantea múltiples desafíos.

En un seminario organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), expertos políticos y académicos valoraron el impacto de la reforma y pusieron énfasis en varios nudos que aún subsisten, tales como: la necesidad de contar con una Defensoría Penal Pública autónoma, la transformación de Carabineros, la construcción de estándares comunes para mejorar la efectividad y la falta de una justicia de ejecución para el cumplimiento de condenas.

Política de Estado

Uno de los puntos reconocibles, fue que, para su diseño e instalación, la reforma fue trabajada como una política de Estado, en donde primaron los consensos, logrando integrar al Poder Judicial, las voces de los académicos, los operadores, y al mundo político.

Soledad Alvear, ex ministra de Justicia durante el periodo presidencial de Eduardo Frei, señaló que “la dimensión académica unida a una estrategia política que nos llevó a una coordinación con los tres poderes del Estado fue sustantivo y fundamental para lograr este objetivo”.

La reforma comenzó de manera piloto en dos regiones del país en 2000 (regiones de Coquimbo y la Araucanía) y su instalación se extendió durante seis años, para culminar en la Región Metropolitana de Santiago, con el fin de acumular experiencias y corregir dificultades en su implementación.

Más eficiente

Uno de los puntos fuertes que ha mostrado el nuevo sistema penal, señaló el ex coordinador de la reforma, y actual académico Rafael Blanco, es su mayor eficiencia frente al antiguo sistema inquisitivo. Antes de la reforma —explicó— el 95% de los delitos contra la propiedad (como robos y hurtos) eran sobreseídos y el tiempo de tramitación promedio de una causa era de 6 años.

Utilizando datos actualizados del Ministerio Público, Blanco reveló que en promedio un homicidio tarda poco más de mil días; un robo, 346 días; y un hurto, 320 días, con salida judicial. “La reforma exhibe logros procesales evidentes en sus tiempos de respuesta. Hoy, por ejemplo, la reprogramación de audiencias es del 20%, mientras que, en el resto de Latinoamérica, llega al 50%”.

El académico, también constató que un 87% de las solicitudes de prisiones preventivas es concedida en sede judicial; que las detenciones declaradas ilegales no llegan al 1%; y que las tasas de condena llegan, en el caso de los robos, al 90%, en los hurtos a un 84%, en los homicidios a un 81% y en delitos sexuales a un 76,5% en promedio.

Control de detenciones

Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y ex subsecretario de Justicia en tiempos de la instalación de la reforma (2000- 2006), Jaime Arellano, expuso sobre los desafíos y nudos críticos del sistema. Destacó la recarga a los que han sido sometidos los juzgados de Garantía en comparación a los tribunales orales en lo penal, haciendo hincapié en la falta de la figura del juez de ejecución para controlar el cumplimiento de penas.

Asimismo, reveló la falta de una especialización en materia penal de las cortes de Apelaciones, lo que se traduce —dijo— en una baja generación de jurisprudencia, y que ello no favorece el establecimiento de estándares judiciales.

Asimismo, puso su atención en los problemas que generan las detenciones ilegales y en la necesidad de contar con una policía especialista en el área criminal. “Se producen muchas detenciones ilegales en que la Fiscalía correctamente dispone la inmediata libertad. El problema es que en esos casos no hay control judicial de la conducta policial. Puede haber vulneración de derechos sin consecuencias y no se corrige la práctica”, enfatizó.

Sobre las policías, Arellano dijo que “hay que optar de una vez por todas por una policía de investigación criminal con una organización y presupuesto que dé cobertura en todo el territorio. Esa debiera ser la PDI”.

Defensa autónoma

En tanto, el ex defensor metropolitano sur (Santiago), Leonardo Moreno, compartió la necesidad de contar con una Defensoría Penal autónoma del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reconociendo que afortunadamente la institución es respetada en su accionar.

“Necesitamos una defensa autónoma, ya que, si bien sus decisiones y políticas han sido respetadas a lo largo de los años, no es razonable que todavía dependan del gobierno de turno”, señaló Moreno.

Asimismo, insistió en la necesidad de crear estándares judiciales para todos los operadores, a la vez que compartió la necesidad de la urgente modernización policial. “Estamos al debe con las policías. Actualmente, tenemos una piedra de tope que es la modernización de Carabineros que posibiliten cambios formativos, de capacitación y mejoras a su trabajo operativo”, cerró.