Defensores públicos de Uruguay reclaman por «justicia para pobres»

Era 17 de marzo y el diario «El País», de Uruguay, publicaba la nota titulada «‘Hay una Justicia para pobres y una para ricos’: defensores de oficio contradicen a presidente de SCJ«, en la que se daba cuenta de la afirmación hecha por Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, quien advirtió que en muchos casos las personas vulnerables de ese país no pueden acceder a un abogado defensor y que Uruguay estaría incumpliendo tratados internacionales en cuanto no está garantizando el acceso a la Justicia.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, había asegurado que no se atiende a las denuncias de abuso policial porque las realizan hijos de personas pobres. Tras ello, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, afirmó que ello «terminantemente» no era así, y que incluso decirlo «agravia» a la Justicia. Desde ahí nacieron las declaraciones del defensor uruguayo, quien —como destaca el diario— confirmó que muchas de las denuncias que se realizaron, no se continuaron investigando y que en tal sentido, «la Fiscalía es la que tiene que dar respuestas».

Además del reclamo en contra de esta «justicia para pobres», Gamba objetó la postura del Ministerio del Interior, que «absurdamente», habría negado las denuncias que los defensores han realizado a ese respecto. Hay como una orientación, un prejuicio hacia los ciudadanos que asistimos, a desmentir que estas denuncias existen», dijo a El País.

Gamba también se refirió a la escasez de defensores públicos, como uno de los factores que no permiten que todos los ciudadanos accedan a sus servicios: «Desde el momento que estamos diciendo que hay un gran porcentaje de audiencias de familias especializados en Montevideo donde una de las partes está en indefensión, estamos denunciando una situación grave», se lee en el periódico uruguayo, junto a cifras como que los defensores de oficio atienden a más del 80% de todas las personas que acceden a la Justicia, porcentaje mayor materia penal, y que termina en que 291 defensores estarían atendiendo alrededor de 300.000 casos al año.

Para terminar, expuso la complejidad que supone enfrentar «con una buena calidad técnica» los distintos desafíos del cargo.

El conocido procesalista Santiago Pereira se hizo parte de la discusión en un hilo de Twitter, en el cual dijo: «La enorme mayoría de los defensores públicos en Uruguay hace un trabajo admirable. Pero si no tenemos suficientes defensores, si los defensores tienen a su cargo más casos de los razonables, indudablemente que la calidad de la defensa baja.

Si la calidad de la defensa baja, se perjudican los imputados y víctimas del proceso penal y los litigantes de los procesos de familia, laborales, civiles, etc., que no pueden pagar un abogado particular.

Pero las barreras de acceso son también: los costos de la litigación, la asimetría de información, las dificultades para acceder a una oficina de orientación a las personas usuarias del sistema de justicia, la falta de procesos colectivos, etc.

Y las cárceles, en su gran mayoría universidades del crimen, que alojan, generalmente hacinadas, personas mayoritariamente pobres, sin educación, con problemas de adicción, de contexto socio económico, cultural y familiar problemático. Ese laberinto del que muy pocos pueden salir.

Hay mucho por hacer, pero solo se podrá mejorar la situación con intervenciones de largo y mediano alcance, que sean políticas de Estado, que no dependan del gobierno de turno y prioricen a las personas que acuden al sistema de justicia.

Necesitamos entender que políticos, abogados, jueces, fiscales y demás funcionarios, estamos al servicio de las personas que llegan al sistema de justicia a resolver sus conflictos. Y claro, eso implica cambiar el foco. Un gran cambio cultural».

 
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