Daniela Báez: «Los sistemas de justicia penal son discriminatorios»

Daniela Báez

A dos meses de que termine el año la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN), parte de la Defensoría Penal Pública de Chile, realizó su cuenta pública, en la que hicieron una reflexión sobre la gestión realizada durante el período 2021-2022. Daniela Báez Aguirre, Defensora Regional, trató diversos puntos durante la instancia, incluyendo el trabajo de defensas especializadas en grupos vulnerables como la población LGBTIQA+ y las preocupaciones por el excesivo uso de la prisión preventiva en el país.

En idealex.press le consultamos sobre tales temas y los planes que la institución tiene a futuro para 2023. La defensora comenta que entre las diversas defensorías especializadas, como aquellas enfocadas en jóvenes e inmigrantes, cuentan también con una defensa con enfoque del género, la cual sirvió de génesis para que este año se integrara la defensa especializada LGBTQA+, que busca incorporar las particularidades de estos grupos en el ejercicio del derecho de defensa.

Protección a personas trans

Se implementó una mesa técnica de trabajo con los demás actores del sistema, como las Fiscalías y Gendarmería, explica Daniela Báez, con el objeto de abordar posibles situaciones de discriminación en contra de personas pertenecientes a grupos LGTBIQA+ en el Centro de Justicia de Santiago: “Intentamos cerrar este año con algún tipo de compromiso en donde todas las instituciones nos esforcemos en respetar la identidad de género de personas trans una vez que ingresan al proceso judicial, tanto en los controles de detención como en las audiencias, instancias en las que buscamos que la persona sea tratada con la identidad que ella señala y no necesariamente por su nombre legal”.

Asimismo, la defensora regional comenta que, este año, los mayores esfuerzos de la división que encabeza en temas LGBTIQA+ han estado centrados en las personas trans privadas de libertad, que cuando son detenidas pueden ser tratadas de manera discriminatoria o sufrir vulneraciones en el ejercicio de sus derechos mientras cumplen su condena. “Podemos destacar el avance de Gendarmería de Chile en cuanto a la suscripción de un protocolo en donde se establece la obligatoriedad del respeto a la identidad de género en los recintos penitenciarios”, celebra.

Una de las medidas que han logrado llevar a cabo en tal materia es que ahora pueden solicitar el traslado de aquellos defendidos que han sido ingresados a centros penitenciarios basados en su nombre legal, a centros que vayan acorde con su identidad, como por ejemplo, el traslado de mujeres trans a la Penitenciaría de mujeres. “La experiencia nos ha enseñado que las personas que se han logrado trasladar de acuerdo su identidad de género, no han tenido ningún problema de discriminación en los centros penitenciarios a los que fueron enviados. Por supuesto que el defensor a cargo sigue manteniendo un contacto activo con esta persona, de manera de verificar que no se produzcan situaciones de discriminación o que haya problemas con las otras internas”, dice la autoridad.

Respecto de la posibilidad de conflictos entre personas trans e internas del centro penitenciario, Báez comenta que no existe una actuación única para este tipo de problemas, por los que se entrega soluciones caso a caso, pudiendo llegar a solicitar el traslado a otro módulo, dependiendo de la situación. “La población trans, al menos cuando ingresa al sistema de justicia penal, probablemente es la que pueda estar afecta a mayores vulneraciones de derechos o trato discriminatorio; probablemente por la falta de conocimientos de algunos actores del sistema o por falta de sensibilización, lo que es abordado permanentemente a través de capacitaciones”, añade.

El abuso de la prisión preventiva

Miembros de la defensoría fiscalizando a detenidos. Fuente: Defensoría Regional Metropolitana Norte

“Nosotros, como Defensoría Penal Pública, hemos insistido por años en la necesidad de que se detenga el uso excesivo de la prisión preventiva”, critica la defensora y explica que uno de los motivos de tal uso excesivo es la percepción de inseguridad ciudadana por parte de la ciudadanía, la que, de acuerdo a ella, no se condice siempre con los datos de delitos en la región.

“Además, nuestra normativa interna, a través de las modificaciones que se han ido realizando al Código Procesal Penal en los últimos años con las denominadas agendas cortas, lo que ha hecho es restringir los discursos sobre la utilización de la prisión preventiva, de manera que se establece un marco rígido, por el cual cada vez más las personas quedan en prisión preventiva sin un real debate de que efectivamente se cumplan los presupuestos para cada caso”, explica Báez. Y revela una cifra preocupante: el 38% de las personas sometidas a prisión preventiva que terminan siendo condenadas, terminan con penas no privativas de libertad, con lo que se demostraría la inutilidad de la prisión preventiva como medida cautelar.

El ideal para la Defensoría Penal Pública es que la prisión preventiva vuelva a sus orígenes como una medida cautelar excepcional de última instancia y sólo cuando sea absolutamente necesario para los fines del procedimiento, sobre todo por las consecuencias que puede suponer para aquellos que la sufren.

“La Defensoría realizó un estudio junto con profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en el que se estudió el efecto en el mundo laboral de la prisión preventiva. Y efectivamente, en muchas ocasiones, cuando una persona ha sufrido esta medida cautelar pierde su trabajo y se le hace más difícil buscar uno nuevo, porque el hecho de estar privado de libertad trae consigo consecuencias en el entorno completo”, dice Báez.

A pesar de que es la ley la que establece los presupuestos para aplicar la prisión preventiva, la defensora considera que el problema está en el debate que se produce en la audiencia ante el tribunal y en la forma en que se interpretan aquellos presupuestos. “El problema está en que al momento de decidir la medida cautelar no se consideran aspectos como que es primeriza o cuenta con arraigo familiar y social. Si hay voluntad en los distintos actores del sistema, podríamos acordar que si el delito del imputado no va a tener una pena privativa, no es necesario hacer uso de la prisión preventiva”, analiza.

Otro aspecto que Daniela Báez considera como factor relevante son los prejuicios que existen a la hora de decidir las medidas cautelares: “Los sistemas de persecución penal y los sistemas de justicia penal son discriminatorios; hay un sesgo en la base. Se podría hacer estudios más desarrollados respecto de la materia”.

Planes para el futuro

Fuente: Defensoría Penal Pblica

Actualmente, la Defensoría Regional Metropolitana Norte atiende aproximadamente 42.000 causas al año y cada defensor se encarga de 300 causas efectivas en paralelo. Con el objetivo de asegurar un buen servicio en cada una de ellas, la institución está llevando a cabo el programa “ponle rostro a tu causa”, el cual busca que no se deshumanice la justicia y promueve el buen trato a los defendidos: “No dice relación con temas técnicos del desempeño de los defensores de las audiencias, sino más bien con cuestiones de atención de usuarios; el cómo nos relacionamos con nuestros representados y cómo ellos obtienen la información por parte de sus defensores y viceversa”.

Entre sus propuestas, el programa tiene capacitaciones para mejorar las habilidades blandas de los defensores en situaciones como las entrevistas con los representados y el incentivo del uso de lenguaje claro a la hora de entregar información. “Buscamos también optimizar las formas de lograr el contacto con nuestros representados. Las características de nuestros usuarios hace que muchas veces no tengamos la forma más expedita de poder contactarlos y por eso creo que a través de convenios con otras instituciones públicas podríamos tener un mejor acceso a los datos de contacto de nuestros defendidos”, comenta la defensora.

La Defensoría Regional Metropolitana Norte también busca para 2023 volver a la presencialidad de la justicia penal, al menos en las audiencias esenciales, y resolver el problema de la violencia institucional carcelaria. “Una de las consecuencias de la prisión preventiva es que trae un mayor hacinamiento carcelario, el que ha sido reiteradamente estudiado a nivel nacional e internacional: mientras más hacinamiento hay en las cárceles, es más probable que se den situaciones de violencia entre los internos”, dice.

“Es necesario avanzar en estar más presente, determinar con mayor claridad cuándo sucede este tipo de hechos y resguardar que nuestros representados que están privados de libertad no sean víctimas de delitos al interior de las cárceles”, dice la defensora, expresando la necesidad de planes de reinserción para evitar el hacinamiento carcelario.

 
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