¿Cuáles son los cambios que la Convención Constitucional quiere introducir en el sistema judicial chileno?

Claudio Soto
csoto@idealex.press

La actual Constitución de la República -de 1980 y reformada en 2005- contiene capítulos claves que dan vida al sistema jurídico actual, tales como, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, y sobre los cuales avanzan propuestas de reforma sobre las que deben votarse, sin que hayan acuerdos transversales en muchas de ellas.

Dentro de los más relevantes, por el impacto que tendrán en la fisonomía estructural del actual sistema, están la creación de una Corte Constitucional que reemplace al actual Tribunal Constitucional (TC); un Consejo de la Justicia, que tendrá a su cargo el nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina de los magistrados; la creación de una Justicia Indígena; y la eliminación de la figura del fiscal nacional, para ser reemplazado por un Consejo Superior del Ministerio Público.

¿Qué hacer con el TC?

Uno de los temas que amplio debate ha generado es qué hacer con el actual Tribunal Constitucional. Se trata de un órgano que actualmente tiene, entre otras, la atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, y de la inaplicabilidad de los preceptos legales cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución.

La eliminación del TC, dada su actual composición política y su actuar en casos de relevancia nacional –como, por ejemplo, sobre el retiro de fondos previsionales- no ha dejado indiferente a nadie, por lo que se propone que pueda ser reemplazado por una Corte Constitucional como órgano autónomo encargado del control de la supremacía de la Carta Magna.

Esta nueva institución -señala la propuesta- estará conformada paritariamente, con criterios de plurinacionalidad y equidad territorial, por 15 juezas y jueces que durarán 9 años en sus cargos o hasta que cumplan 70 años. Un tercio de sus integrantes serán elegidos por el Congreso Nacional de una quina propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública; otro tercio, por la Presidencia de la República de una nómina propuesta por el Consejo de la Justicia; y otro tercio, elegido de entre los magistrados y magistrados del nuevo Sistema Nacional de Justicia.

La figura del Fiscal Nacional

En la actualidad, el Fiscal Nacional es la máxima autoridad del Ministerio Público, y de él depende la definición de los objetivos, políticas y planes institucionales, en materia de persecución penal pública, de gestión y asignación de los recursos humanos y materiales.

Se propone reemplazar esta figura –actualmente ejercida por el abogado Jorge Abbott- por la creación de un Consejo Superior del Ministerio Público, colegiado y paritario, que esté a cargo de la dirección del Ministerio Público y que estaría compuesto por siete personas. Este Consejo Superior, tendrá una duración de cuatro años, sin poder optar a la reelección.

Justicia indígena

El pleno de la Convención también aprobó la creación de un sistema judicial para los pueblos originarios que “conviva” con el sistema judicial común. Sin embargo, uno de los nudos a dilucidar será las materias de su competencia, como, por ejemplo, las penales entra las más controversiales.

Asimismo, se establece un principio de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad que establece que cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios tendrán que adoptar una «perspectiva intercultural» en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia.

Para esto, tendrán que tomar en cuenta «costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte.

Consejo de la Justicia

A fines de marzo, también se aprobó la creación de un Consejo de la Justicia, que tal como ocurre en países como España, estará a cargo del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia, que reemplazaría al actual Poder Judicial y a su Corporación Administrativa (CAPJ).

Uno de los puntos más controversiales del nuevo órgano aprobado en el borrador es su conformación, sobre el que se quiere evitar su politización. Se propuso, asunto que aún no convence a varios constituyentes, que el Consejo estuviera integrado por 17 integrantes. De ellos, seis serían jueces titulares elegidos por sus pares; tres serían funcionarios del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares; dos serían elegidos por los pueblos originarios; y seis serían elegidos por el Congreso Nacional.

Sigue las novedades de la comisión en:
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_integrantes.aspx?prmID=30

Fotografía de portada: Corte Suprema de Chile/ Web Poder Judicial.