Criterios sostenibles: ¿fin de una moda o una oportunidad?

Mientras la integración de los criterios sostenibles en las decisiones de inversión y corporativas había estado creciendo de manera constante en los últimos años, recientemente ha enfrentado una intensa reacción negativa, particularmente en EE. UU. y Europa. Este fenómeno, conocido como backlash, evidencia una transición crítica que plantea retos y oportunidades para empresas, gobiernos y el derecho, como medio central para habilitar y acelerar la sostenibilidad.

Constanza Salas

El backlash contra estas iniciativas tiene sus raíces en una combinación de factores políticos, económicos y sociales. En EE. UU., en ciertos estados se han impulsado legislaciones para mitigar su integración en inversiones, argumentando que estas estrategias distraen a las empresas de sus objetivos principales e impactan en la rentabilidad y el libre mercado.

En Europa, el backlash hacia estas políticas se debe, en parte, a la percepción de que algunas medidas ambientales son excesivamente restrictivas y generan cargas desproporcionadas para ciertos sectores económicos y sociales. Eso, sumado al aumento de los costos energéticos tras la invasión rusa a Ucrania y el regreso a políticas de austeridad, ha desviado la prioridad hacia la seguridad energética y el crecimiento económico a corto plazo.

Además, estos criterios han sido interpretados de manera diversa. Su significado varía según el contexto, las regiones y los actores, lo que dificulta establecer métricas claras para evaluar de manera inequívoca sus retornos y riesgos. Los críticos dicen que los fondos que integran estas prácticas no han cumplido las promesas de que la rentabilidad financiera y la sostenibilidad pueden ir de la mano, de hecho, este 2024 los rendimientos de estos fondos han ido a la baja en relación con los fondos tradicionales, existiendo al cierre del año por primera vez flujos negativos en fondos de esa categoría. Sin embargo, más que un fracaso del concepto, el principal problema parece ser la falta de estructura y la necesidad de un enfoque más robusto y consolidado del tema.

Frente a este panorama, es inevitable preguntarse: ¿Son estas prácticas una carga para las empresas o una herramienta para garantizar su competitividad en un mundo en constante cambio? La respuesta no es simple, pero lo cierto es que la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, la ética, transparencia y el respeto a los derechos humanos en toda la cadena de valor, siguen siendo preocupaciones globales. Estas demandas, por lo demás, no solo provienen de los gobiernos o las empresas, sino que, de los propios consumidores, quienes juegan un rol clave en la demanda de prácticas responsables.

La reciente celebración de la COP 29, entre muchas otras, que reunió a líderes mundiales para abordar la crisis climática, nos muestran que la lucha contra tales problemáticas no es un mero espejismo.

En este escenario, el Derecho se posiciona como un eje fundamental para abordar la transición hacia modelos de negocios sostenibles. Las normativas ambientales han evolucionado, volviéndose cada vez más multifacéticas, abordando desde la mitigación de la contaminación, la descarbonización, la economía circular y los derechos humanos.

Sin embargo, este backlash también refleja la urgencia de una regulación, que brinde un marco más formal, estructurado, transparente y verificable. Solo a través de estándares homogéneos y claridad terminológica, las empresas podrán avanzar con mayor confianza y certeza, lo cual es crucial para fortalecer su estrategia de competitividad a largo plazo.

Si bien muchas voces se alzan argumentando que implementar estos criterios significa un costo enorme para las empresas que impacta directamente en su rentabilidad, es precisamente en este punto donde la regulación puede marcar la diferencia, siendo el mejor aliado. Un marco legal adecuado, no solo crearía obligaciones, sino también incentivos, que permitan a las empresas superar sus barreras de costos iniciales.

Un ejemplo de ello es la Energiewende en Alemania, donde se desarrollaron mecanismos a través de la regulación, impulsando inversiones en energías renovables al ofrecer beneficios financieros y mecanismos de transición. Para que estas prácticas cumplan con su promesa de crear valor, la colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad civil es clave. El futuro de ellas, por ende, no está en su abandono, sino en su redefinición.

La unificación de estándares, combinada con incentivos adecuados, permitirá transformar estas prácticas en unas más integrales, que generen impactos positivos para las personas, el planeta y la economía global. Su éxito dependerá de nuestra capacidad colectiva para convertir estos desafíos en verdaderas oportunidades, redefiniendo su implementación como una inversión en el futuro en lugar de como una carga en el presente.

 
Constanza Salas es abogada de la Universidad Católica de Valparaíso, con experiencia en asuntos de propiedad intelectual e industrial, regulatorios y corporativos. Actualmente, es Head of Legal en Cervecería AB InBev Chile.

 
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