Criterios ESG y el trabajo pro bono en América

En 2006 la ONU lanzó los Principios para la Inversión Responsable (PRI) basados en los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo —ESG por sus siglas en inglés—, lo que elevó su importancia y trascendencia promoviendo una mirada desde la sostenibilidad a la inversión en los negocios.

Esto ha hecho que con el pasar de los años los clientes y proveedores se interesen por el cumplimiento de estos criterios y no solo en el resultado económico.

Los criterios ambientales y de gobierno corporativo están mayoritariamente regulados dentro de normativas de protección al medioambiente y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o compliance, no obstante, el criterio social aún está alejado del mundo empresarial.

Es en este contexto que la Red Pro Bono de las Américas ha realizado un llamado a diversas firmas jurídicas y empresas a considerar el trabajo pro bono como forma de aportar a la sociedad y cumplir de esta forma con el criterio social de los ESG.

Delfina Balestra

“El trabajo pro bono de los departamentos legales les brinda a las empresas una tremenda oportunidad de desarrollo del criterio social de los ESG. Es necesario que se realce la importancia de efectuar este tipo de voluntariado, el cual se relaciona con un ámbito en el que sé que hay un valor intrínseco a mi gestión, que permite un impacto positivo medible, perceptible, objetivo y cuantificable, que es realizado por mis propios colaboradores en el marco de su profesión y que va dirigido directamente a comunidades vulneradas”, comentó Delfina Balestra, directora ejecutiva de la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de Buenos Aires.

El pro bono se puede realizar en forma independiente, siendo los mismos abogados y abogadas de estudios jurídicos, de empresas o del ejercicio individual de la abogacía, quienes reciban los casos, los filtren y los lleven, pero de acuerdo a la Red Pro Bono de las Américas, esto trae aparejadas algunas dificultades para los profesionales.

Como por ejemplo, en la determinación de quiénes son los impactados (directos o indirectos); en cómo constatar que la persona a la que se brindará el apoyo se encuentra en situación de vulnerabilidad, si es efectivo y efectuado de manera debida; si el volumen del voluntariado es suficiente para ser considerado como sustantivo para el desarrollo del pilar social; en cómo se comunica el trabajo sin instrumentalizar la vulnerabilidad de la persona; y en saber encontrar la necesidad que apoyar si el conocimiento técnico necesario es muy específico.

Las soluciones son propuestas por la gestión de las organizaciones pro bono, puesto que poseen una institucionalidad ajena al cometido propio; filtran tanto el caso como la vulnerabilidad de la persona; le dan seguimiento y acompañamiento al voluntariado; comunican el impacto; direccionan los casos acordes a intereses; conocen las necesidades de la sociedad civil y sus beneficiarios; y quizás, uno de los factores más importantes, es que brindan objetividad y transparencia al voluntariado.

Beneficios del trabajo pro bono en estudios jurídicos

Constanza Alvial

De acuerdo a la Red, las instituciones pro bono permiten a las empresas relacionarse de manera más objetiva y desinteresada con los stakeholders impactados negativamente, alineándose con el propósito de sostenibilidad de la empresa. Tal fenómeno se aprecia especialmente en los estudios jurídicos, donde un tercero imparcial supervisa el trabajo pro bono.

“Si bien a nivel regional podemos identificar experiencias de la incorporación de los ESG dentro de la gestión de los estudios jurídicos, aún queda mucho camino por recorrer. Los estudios jurídicos podrían fortalecer el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad en consideración de la función de “consejeros técnicos” de sus clientes. El pro bono les permite comenzar con aquella implementación”, dice Constanza Alvial, coordinadora de Red Pro Bono de las Américas, respecto al trabajo realizado en firmas legales.

Rebecca Groterhost

Rebecca Groterhost, coordinadora de proyectos en Instituto Pro Bono Brasil, señala que el trabajo pro bono permite a los abogados de un estudio adquirir conocimientos en temas de EGS que ayudan a las firmas.

«En Brasil, el desarrollo de áreas de sostenibilidad y de derechos humanos dentro de los Estudios Jurídicos más prestigiosos del país, ha sido realizado por abogados y abogadas que han sido claves en el trabajo social y pro bono dentro de sus oficinas, esto porque les ha permitido entender mejor cómo aconsejar a sus clientes en el camino de la sostenibilidad», añade.

La Red Pro Bono de la Américas es una agrupación de 21 organizaciones pro bono miembros a lo largo del continente americano, coordinada por Fundación Pro Bono Chile y el Cyrus R. Vance Center for International Justice, donde están representados 17 países —Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Costa Rica, Panamá, Guatemala, México, República Dominicana, Estados Unidos y Canadá— que prestan asesoría jurídica gratuita y voluntaria tanto a personas y grupos en situación de vulnerabilidad como a organizaciones sociales y microempresarios que no pueden acceder a un abogado o abogada.

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