Costa Rica, Chile y el Acuerdo de Escazú

El pasado 22 de marzo del 2022, el Acuerdo de Escazú, cumplió once meses desde que entró oficialmente en vigor. Se trata del primer tratado ambiental en América Latina y el Caribe, y a nivel global, del primer instrumento internacional único que contiene disposiciones específicas para proteger a quienes defienden el ambiente desde sus comunidades.

Nicolás Boeglin

Su nombre completo es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe“. 

Son 12 los Estados que lo han ratificado, los cuales se reunirán en Santiago de Chile (sede de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas / CEPAL) el próximo mes de abril, constituyendo la primera reunión oficial de Estados participantes.

A casi cuatro años desde su adopción el 4 de marzo del 2018 por parte de 33 Estados de América Latina y del Caribe, se registran únicamente 24 firmas de Estados y 12 ratificaciones: en América Latina. Persisten en ni siquiera registrar su firma Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela; al tiempo que, entre los que lo han firmado, persisten en no ratificarlo Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Perú, Paraguay y República Dominicana, grupo al que recientemente se sumó Chile.

Este tratado regional fue adoptado en marzo del 2018 en Costa Rica, después de un largo proceso de negociación de más de 5 años y medio, liderado de forma conjunta por Chile y Costa Rica.

Resulta de interés señalar que la disposición específica relativa a la necesidad de proteger a  los defensores del ambiente se debe a una iniciativa conjunta de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú, que configuró lo que finalmente quedó se convirtió en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú: sobre este punto, hay que saludar a Panamá por su coherencia y por su compromiso a través del tiempo, al ser el único en haberlo ya ratificado.

En Chile, el recién asumido Presidente de la República, Gabriel Boric, cumpliendo uno de sus compromisos de campaña, durante los primeros días de su mandato firmó la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, contrastando con lo acontecido durante la administración de Sebastián Piñera. El título de este artículo publicado en El País (España) en septiembre del 2020 “Chile abandona el acuerdo medioambiental de Escazú que lideró en la región” traduce bien la incoherencia de las anteriores autoridades chilenas.

Es muy probable que la adhesión de Chile sea muy rápida de registrar en Naciones Unidas por parte del nuevo Poder Ejecutivo, pero antes su Poder Legislativo debe aprobarlo, con el objetivo de poner a Chile al unísono con un clamor general en América Latina. Con lo cual es muy factible, pese a la premura del tiempo, que Chile sí logre participar a la reunión prevista en Santiago el 21 de abril del 2022 y que constituirá la primera COP (de la siglas en inglés de “Conference of Parties“).

En lo que concierne a  Costa Rica, sigue interpelando a  numerosos observadores internacionales y a organizaciones, tanto en América Latina como en otras latitudes, el hecho de no haber ratificado un instrumento que lleva el nombre de uno de sus cantones y que trata sobre ambiente y derechos humanos: dos pilares tradicionales de la política exterior de Costa Rica sobre los que ha basado su imagen y su prestigio internacionales. 

Esta inexplicable ausencia de Costa Rica se justifica cada vez menos con el pasar del tiempo: ya han ratificado el Acuerdo de Escazú sin ningún tipo de problema Estados como Bolivia y Uruguay (2019), Ecuador, Panamá y Nicaragua (2020), así como Argentina y México (2021). En este 2022, es muy factible que algunos cambios políticos en Suramérica (además del acaecido en Chile) auguren varias nuevas ratificaciones.

En los Estados de América Latina que ya han ratificado este novedoso instrumento regional (Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá o Uruguay), sus economías no han sufrido ninguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según distintas cámaras empresariales.

La aprobación del Acuerdo de Escazú: ni se ha creado inseguridad jurídica alguna, ni ha salido ahuyentada la inversión extranjera. Tampoco se ha observado que el principio de la inversión de la carga en materia ambiental haya en lo más mínimo erosionado, en materia penal, la presunción de inocencia en los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú: se trata de un principio moderno del derecho ambiental que, en el caso de Costa Rica, ya aplica desde hace muchos años, y que de ninguna manera amenaza a otras esferas del ordenamiento jurídico. 

Si se considera que Chile y Costa Rica fueron ambos líderes indiscutibles durante la negociación del Acuerdo de Escazú con las demás 31 delegaciones estatales, su llamativa ausencia en la lista de Estados Parte ofrece un inesperado argumento para los adversarios a este tratado: en particular para algunas cúpulas empresariales de América Latina, aferradas a no permitir ningún tipo de participación ciudadana en materia ambiental ni afianzar la justicia ambiental, y mucho menos ofrecer algún tipo de protección para quienes alzan la voz desde sus comunidades.  

Dado que Chile posiblemente muy pronto cierre la paréntesis que ha significado su anterior Presidente en muchos ámbitos relacionados a medio ambiente y derechos humanos ¿será factible rectificar antes de Chile (o al mismo tiempo que Chile) su no aprobación, o Costa Rica querrá arriesgarse a seguir “luciéndose” internacionalmente, dándole la espalda a un tratado que busca proteger quiénes defienden el ambiente, promover la transparencia así como la rendición de cuentas?

Con relación a Costa Rica así como a los demás Estados que mantienen sus distancias con Escazú pese a observar, a veces mes a mes, cómo se intimida y se elimina físicamente a líderes de pequeñas comunidades que alzan la voz, hacemos nuestra la conclusión de un valioso artículo publicado por dos juristas chilenas —Constance Nalegach  y Paulina Astroza— en el 2020, titulado “La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú“, en la que señalan con una claridad meridiana que no puede dejar indiferente a nadie en América Latina que:

“Con justa razón se ha destacado que el Acuerdo de Escazú es tanto un instrumento ambiental como un tratado de derechos humanos. Gracias a esta doble dimensión, los compromisos que los Estados han asumido en favor de un desarrollo sostenible —así como aquellos derivados del derecho internacional de los derechos humanos— se ven reforzados gracias a nuevos estándares que aspiran a una mayor prosperidad, dignidad y sostenibilidad. Sin duda, en la región más desigual del mundo y de mayores ataques a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú goza aún de una mayor justificación“.

Nicolás Boeglin es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica y miembro del Instituto Internacional de los Derechos Humanos. Una versión más extensa de esta columna puede ser leída en el siguiente enlace.

También te puede interesar:
— A propósito de una reciente maniobra de Infinito Gold, contra Costa Rica en el CIADI
— CEPAL discutirá la sinergia entre el Acuerdo de Escazú y las inversiones
— Juan Pablo Leppe: “El recurso de protección, en su variante ambiental, ha tomado mucha fuerza”