Congreso europeo buscará abordar falencias de Reforma a la Ley Concursal propuesta por el gobierno español

Claudio Soto
Desde España

En agosto, el gobierno del Presidente Pedro Sánchez, a través de los ministerios de Justicia y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sacó a trámite de audiencia pública el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal y que entre otros avances busca mejorar los procedimientos concursales de personas físicas y autónomas (trabajadores independientes en otros países), tras declararse en estado de insolvencia, asunto que como era previsible, aumentó tras el impacto en la economía y el empleo que dejó el Covid-19.

Dentro de esta reforma –que busca alinear la legislación local a las directrices europeas de reestructuración e insolvencia- se incluyen cambios a la “Ley de la Segunda Oportunidad”, de julio de 2015, dirigida a particulares y trabajadores por cuenta propia que han adquirido deudas, pero que en la práctica les ha sido imposible abarcarlas, poniendo en riesgo su patrimonio, necesitando de mecanismos administrativos y jurídicos expeditos que le permitan salir del ahogo financiero.

En el marco de esta discusión, que ha encontrado fuertes críticas en lo referente a cómo se abordaría la insolvencia de las personas no empresarias, ya que, entre otras cosas, deja de lado a las deudas contraídas con instituciones públicas como la Agencia Tributaria; prescinde de los abogados en una fase preliminar; y un posible lento control judicial de la prueba de la buena fe del deudor, que podría ralentizar los casos, es que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), decidió liderar un Congreso Europeo que entregue luces hacia dónde debería avanzar la legislación española.

Directrices

Así como está, dicen los expertos, el proyecto que debe alinearse con las directrices europeas en materia de insolvencia personal, tratando en lo posible de que haya un equilibrio entre lo que reclaman los acreedores y lo que buenamente pueden pagar los deudores, con mecanismos más rápidos y expeditos, supone considerar las deudas con las entidades públicas más importantes que otras, pero por, sobre todo, denegaría el efectivo acceso a la justicia al considerar sólo como voluntaria la presencia de abogados en una primera etapa de acuerdos extrajudiciales, y que con la actual legislación, son apoyados por la defensa letrada de los abogados de oficio.

“El proyecto en general es bueno, pero detectamos tres errores que pueden ser graves en relación a la insolvencia personal, al poner mayores restricciones a las que había hasta hoy; el crédito público no se puede super privilegiar ya que tiene que estar al mismo nivel que el resto; y, en tercer lugar, es necesario que haya cobertura de asistencia jurídica gratuita para las personas. El Congreso quiere analizar esta situación de una forma plural, con los principales expertos internacionales. Pero es cierto que hay consenso en que la directiva (europea) va para un lado y que el anteproyecto se desvía en estos defectos que pueden ser muy perjudiciales para las personas”, señaló Martí Batllori, abogado del ICAB.

Situación local y europea

Según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presentados en profundidad por el Miguel Ángel Salazar -también del ICAB-, al segundo trimestre de este año, en España se registraron más 10 mil concursos de acreedores, radicados en los juzgados mercantiles (personas físicas empresarias) y juzgados de primera instancia. En los últimos 6 años, la insolvencia de personas físicas ha crecido progresivamente, por lo que hoy un 70% de las causas concursales afectan a personas naturales y autónomos.

Dentro de España, es la comunidad catalana la que concentra los concursos de personas físicas, con más de 11 mil causas vigentes desde el año 2014 en adelante y hasta el segundo trimestre de 2021. Le siguen, la comunidad de Madrid (4.300); Valencia (4.197); y, la comunidad de Andalucía (3.650). Se prevé que hacia fines de año la cifra de personas físicas insolventes aumente sustancialmente.

En el nivel europeo, Reino Unido concentró en 2020 más de 114 mil procedimientos de insolvencia; Francia, 108 mil 731; y, Alemania, 81 mil 563. España -cuya legislación como se indicó data de mediados de 2015- mantiene unos 8 mil 500 procedimientos de insolvencia.

El perfil de la persona deudora en España, según los expertos, ronda los 50 años, con un promedio de deuda de unos 250.000 euros. Los principales acreedores, tal como ocurre en la mayoría de los países iberoamericanos, son los bancos e instituciones que compran deudas (conocidos popularmente como “fondos buitres”).

Todo sobre el Congreso Europeo en:
https://www.icab.cat/ca/formacio/1r-congres-europeu-segona-oportunitat/

Fotografía: En la presentación del Congreso, los abogados del ICAB, Martí Batllori, Yvonne Pavía y Miguel Ángel Salazar, junto a una beneficiada con la actual Ley de Segunda Oportunidad.