Congelada polémica reforma al Consejo del Poder Judicial de España

Claudio Soto
Desde España

Nada prosperó. Como la política es lo que es y no lo que uno quiere que sea, finalmente el Gobierno de España optó por poner marcha atrás en su polémica reforma para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

En ello, no sólo tuvieron que ver la falta de acuerdos entre los dos principales partidos de la península —el PSOE y el Partido Popular— sino que también una serie de cuestionamientos y recelos al interior de la Comisión Europea y los propios jueces de la región, que llamaron en su momento a no politizar la función jurisdiccional.

El anuncio lo hizo el propio Ministro de Justicia nacional, Juan Carlos Campo, quien pidió a los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos, que valoren la retirada de la proposición de ley para modificar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), priorizando así la transformación del sistema, luego de anunciar en La Moncloa este martes el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia.

“Tanto el Gobierno como los partidos que lo sustentan tienen la responsabilidad y la altura de miras necesaria para priorizar la recuperación y transformación del país», señaló el ministro.

Según la autoridad, la marcha atrás de la reforma se trata de un gesto, sobre todo simbólico, que debe ayudar a que el consenso en torno a este nuevo modelo de Justicia sea más amplio. Y refiriéndose al bloqueo, añadió que “quienes se dedican a poner palos en la rueda, ahora tienen menos excusas para no arrimar el hombro», rematando, “el Partido Popular se está quedando sin excusas».

Comisión Europea

Cabe recordar que, en octubre pasado, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez puso el freno a la iniciativa como gesto para buscar un acuerdo con el PP que desbloqueara el órgano —cuyo mandato caducó en diciembre de 2018―, pero, tras el fracaso de la última negociación, había amagado con desempolvar esa norma para propiciar la renovación sin el partido conservador. Ahora, sin embargo, decidió pedir a los dos grupos políticos que sustentan el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que retiren el proyecto.

La noticia se dio a conocer un día después de una reunión telemática que mantuvo el ministro Campo con la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, quien —informan medios internacionales— le pidió la retirada de esa reforma legal y que el órgano de gobierno de los jueces se renovara cuanto antes, pero de forma pactada. Es decir, que la reforma implique que al menos el 50% de los miembros sean elegidos por los propios magistrados.

El polémico proyecto buscaba restringir las funciones del Consejo una vez que se cumplan los cinco años del mandato y mientras se renueva el órgano para que no pueda nombrar cargos judiciales.

Por otro lado, cambiaría la forma de elección de 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Actualmente, se necesitan 3/5 parte de los votos para renovarlos en el Congreso y en el Senado. Con la nueva norma bastaría con mayoría absoluta en una segunda votación si en una primera no se lograra ese quórum, con lo que el veto o bloqueo, no existiría, al contemplar hoy los grupos de coalición mayoría.