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martes, 14 de julio de 2020

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Confinamiento en Barcelona: un centenar de abogados tramitará multas

El número acostumbrado rondaba los 30 mil expedientes sancionadores al año, mientras que durante el trimestre de encierro forzoso hubo casi cinco veces más. Los montos varían entre los € 100 y los € 600.

- 24 junio, 2020

Barcelona multasBarcelona

 

Claudio Soto
Desde España
csoto@idealex.press

La Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña (Barcelona, España) decidió reclutar a un centenar de abogados dependientes de este departamento para tramitar las 140 mil sanciones que los Mossos d’Esquadra y las policías locales impusieron a ciudadanos que quebrantaron el confinamiento decretado a raíz de la crisis del coronavirus en esta comunidad autónoma.

La intención de la Administración es que ninguna de las actas administrativas quede sin efecto tras los meses más duros de la pandemia. Se trata de las que han impuesto agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, las que serán tramitadas en paralelo a las de Interior por el Ayuntamiento de Barcelona. Las sanciones, llegarán a sus destinatarios y se sostendrán sobre dos leyes: la N° 33/2011 de Salud Pública y la Ley N° 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como “Ley Mordaza”.

Según informó esta entidad, los ciudadanos que fueron sorprendidos por la policía durante el confinamiento decretado por el Estado de Alarma serán multados con el régimen sancionador que contempla la Ley de Salud Pública para quienes desobedecen órdenes de la autoridad sanitaria. Es el mismo que, tal como se publicó en el Boletín Oficial del Estado permite sancionar con 100 euros a quienes salgan a la calle sin mascarilla.

El castigo económico será mayor para los que al ser sorprendidos por los policías en la calle, se negaron a identificarse, desatendieron las órdenes de los agentes o incluso opusieron resistencia. Para este segundo grupo, el marco legal al cual se recurrirá será el de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Las sanciones por desobediencia rondarán los 600 euros.

Según la Consejería catalana, fue necesario crear este grupo de casi 100 abogados porque la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS) acostumbra a gestionar 30 mil expedientes sancionadores cada año, mientras que durante el trimestre de encierro forzoso se han recogido casi cinco veces más de multas.

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