Comisión Europea reitera preocupación por renovación del Consejo General del Poder Judicial en España

Desde España
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Era previsible. Nuevamente la Comisión Europea pone el foco en la justicia española y pide con urgencia la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trabada desde hace meses por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos de la península, el PSOE (Gobierno) y el Partido Popular (PP).

El informe de 2021, que contempla capítulos por cada país, se centra en cuatro elementos clave: sistema judicial; marco de lucha contra la corrupción; libertad y pluralismo de los medios de comunicación; y otros temas relacionadas con los controles y equilibrios.

“El Informe sobre el Estado de Derecho es un instrumento preventivo útil que ha estimulado el necesario debate entre los Estados miembros y otros agentes. La segunda edición muestra que los Estados miembros pueden avanzar en cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. Sin embargo, esto ha sido desigual y hay motivos de grave preocupación en varios Estados miembros, especialmente en lo que se refiere a la independencia del poder judicial”, señaló Věra Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia del organismo.

El CGPJ en España

En su comunicación para el país ibérico, el segundo informe pone el acento en la falta de renovación de la máxima cúpula del Poder Judicial –su Consejo General-, valorando que los grupos parlamentarios afines a La Moncloa hayan retirado una propuesta de reforma al máximo organismo, apelando a los quórums para la elección de sus miembros.

“El sistema judicial español sigue haciendo frente a diversos desafíos. En particular, continúa la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial ante la falta de acuerdo en las Cortes para renovar una serie de órganos constitucionales. Un avance positivo fue la retirada de una propuesta de reforma del sistema para seleccionar a sus miembros, que habría incrementado la percepción del Consejo como una institución vulnerable a la politización”, señala el texto.

La comisión recordó que hasta hace poco se efectuaron llamamientos para establecer un sistema de elección en el que los jueces miembros del Consejo sean elegidos por sus homólogos en consonancia con las normas europeas. Es importante –dice el informe- “que se tengan en cuenta las normas europeas y se consulte a todas las partes interesadas pertinentes”. También, agrega, se ha expresado preocupación por la competencia del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de los puestos de alto nivel, así como por el régimen de incompatibilidades de los jueces y fiscales.

Avances y desafíos

La Unión Europeas ha valorado la adopción de diversas medidas destinadas a mejorar la calidad de la justicia, como la revisión del sistema de asistencia jurídica gratuita y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la redacción de tres anteproyectos de ley sobre la eficiencia procesal, organizativa y digital.

“Se están logrando avances en materia de digitalización de la justicia. Se han llevado a cabo esfuerzos para abordar la acumulación de retrasos, como la creación de nuevas unidades judiciales, pero el bajo número de jueces por habitante constituye un reto”.

Asimismo, ve con preocupación la autonomía del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno. Sin embardo, señala su capítulo, España sigue mejorando el marco institucional y jurídico para prevenir la corrupción y luchar contra ella. “Las medidas anticorrupción siguen una línea de acción estratégica, pero se carece de una estrategia anticorrupción específica que sirva de guía general a las medidas preventivas y represivas para combatir la corrupción”, enfatiza el informe.

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