Aún no hay acuerdo de cómo penar la colusión

 
No hay acuerdo. Finalmente, será una comisión mixta de senadores y diputados, la instancia que deberá zanjar uno de los proyectos de ley más polémicos en materia económica ingresado al Congreso por la Presidenta Bachelet: la persecución de los delitos de colusión y su castigo con penas de hasta 10 años de cárcel efectiva.
 
Es la norma sobre quién debe tener la atribución de perseguir uno de los llamados “delitos de cuello y corbata” —si la Fiscalía Nacional Económica o el Ministerio Público—, la que marca profundas diferencias no sólo en los parlamentarios, sino que también en abogados expertos, autoridades y el órganos persecutor en materia criminal, transformando la discusión en un verdadero entuerto.
 
Públicamente el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, había manifestado que era “importante que el ejercicio de la acción penal le corresponda al Ministerio Público”, lo que fue refutado por el titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, quien en distintas ocasiones señaló que lo anterior puede impactar duramente en la figura de la delación compensada.
 
“Se debe ser cauteloso al establecer penas, ya que es fundamental no entorpecer la delación compensada como mecanismo para desbaratar carteles”, dijo Irarrázabal en varias sesiones en el Congreso, haciendo escuchar su voz en la mayoría de los senadores y en el propio Ejecutivo, el que ve con buenos ojos que una querella criminal en estos casos parta por decisión de la Fiscalía Nacional Económica.
 
“Al tratarse de casos técnicos, la FNE podría asegurar mayor efectividad frente a estos delitos”, dijo el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, desatando con ello la ira de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, que no quedan conformes con el trámite que se le dio en el Senado al proyecto.

Fuego cruzado

 
La iniciativa, que en los sustancial modifica el Decreto Ley N° 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, fue ingresado el 19 de marzo de 2015, luego de sendos casos de colusión vividos en el país, vinculados a la industria farmacéutica (Caso Farmacias) y en la producción, venta y distribución de carne avícola (Caso Pollos).
 
En su mensaje original, la norma plantea el aumento de multas y penas para quienes se coludan; el fortalecimiento de la delación compensada; y la entrega exclusiva a la Fiscalía Nacional Económica de la acción penal ante conductas colusivas que puedan ser constitutivas de delito.
 
“En el caso en que los hechos constitutivos del delito de colusión pudieren ser sancionados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Fiscal Nacional Económico podrá interponer la respectiva querella y/o presentar requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, señala el proyecto del Ejecutivo, lo que es resistido sobre todo por el bloque oficialista.
 
“Puede quedar en simple poesía toda la tremenda batería de sanciones que se establecen a nivel penal, y la promesa de cárcel efectiva podía terminar en letra muerta, si la decisión de iniciar la investigación recae exclusivamente y de manera discrecional en un funcionario público, —el fiscal nacional económico—, sin ningún control ni orientación de cómo debe ejercer esa facultad”, explicó el diputado Leonardo Soto, miembro de la Comisión de Constitución que tramitó la iniciativa.
 
El integrante de la Comisión de Economía, Daniel Farcas, señaló a su turno que “con este artículo se quiere convertir al Fiscal Nacional Económico en un juez. Por eso acogemos el llamado que ha hecho el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para que sean los Tribunales quienes dictaminen si aquellas personas que atentan contra el libre mercado, que impiden la competencia a las pymes y generan un daño a los consumidores, van a tener efectivamente sanciones penales”, dijo recordando que él, junto a Gabriel Silber, presentaron una fallida querella tras conocerse el caso de colusión en el mercado del Papel Tissue.