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sábado, 17 de abril de 2021

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Colegio de Abogados de Chile pide con urgencia reanudar causas civiles

El gremio teme un colapso, una vez que concluya el estado constitucional de catástrofe, y piden dar celeridad a proyecto de ley que busca procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo post pandemia.

- 22 marzo, 2021

Mediante una declaración pública, el Colegio de Abogados de Chile, solicitó al Congreso Nacional avanzar en forma decidida en los proyectos de ley e iniciativas que permitan reanudar las causas civiles que se encuentran suspendidas a raíz del estado constitucional de catástrofe, derivado de la pandemia del Covid.

“La suspensión de algunas causas, especialmente en materia civil, motivada por las restricciones legales existentes, ha sido en muchos casos excesiva, ocasionando una gran congestión que amenaza provocar un colapso cuando concluya el estado de catástrofe”, señala la declaración del gremio.

Nicolás Luco, presidente de la comisión de ética, explicó a Idealex.press que el diagnóstico del Colegio es que se va a producir un colapso cuando se activen todos los términos probatorios a la vez, especialmente en las audiencias de prueba fijadas para los últimos días de esta etapa procesal.

“No puede ser que los juicios en que se deciden cuestiones tan delicadas como las penales o familia estén tramitándose sin ningún problema y que los civiles estén suspendidos”, señaló Luco.

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Proyecto de ley

En el Congreso Nacional, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tramita un paquete de medidas destinadas a superar el atasco que produjo la suspensión de causas, y que, según la Asociación Nacional de Magistrados del país, ronda los 18 meses de retardo.

De acuerdo con los cálculos que hace la Dirección de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, específicamente tomando como referencia el flujo normal de los años anteriores versus el presente año, en tribunales orales en lo penal hay un atraso de 10.200 audiencias; en juzgados de garantía, 288.000; en familia, 128.000, y 94.000 en los laborales. No existe aún la cifra que enfrentarían los juzgados al reanudar las causas civiles suspendidas.

Para Luco es imprescindible avanzar en 2 ámbitos: “Lo prioritario son dos cosas: primero, permitir que los términos probatorios avancen aun en estado de catástrofe; y, segundo, despachar el proyecto —actualmente en el Senado— que regula el régimen de transición durante los dos primeros años terminando el estado de catástrofe”.

Este proyecto (Boletín N° 13.752-07) —actualmente en primer trámite— que fue ingresado por el Ejecutivo el 1 de septiembre de 2020, y que se encuentra con discusión inmediata, tiene como principal objetivo procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo sobreviniente.

Jueces y reforma a la justicia civil

Según la declaración del Colegio de Abogados de Chile, también es necesario proveer el número de jueces adicionales que el cumplimiento de esa misión pueda provisionalmente demandar en los antiguos procedimientos en que operan.

Asimismo —agrega— “existe la real necesidad de aprobar prontamente los proyectos que permitan un mejor funcionamiento de los tribunales, como los laborales y lo de familia, que atienden necesidades urgentes de éstas, los cuales han experimentado una gran sobrecarga con motivo de modificaciones generadas con la dictación de nuevas normativas”.

Luco recordó que la necesidad de avanzar con celeridad dejó de manifiesto la importancia de la hasta aquí postergada Reforma Procesal Civil, sobre la cual hace algunos días, el propio presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach dijo —en entrevista con Idealex.press— que era una necesidad “apremiante”.

“Esta situación ha hecho más evidente la necesidad y factibilidad de la Reforma Procesal Civil. Estos parches no pueden hacernos olvidar ese objetivo”, señaló Luco.

Colaboración de abogados

El Colegio también llamó a los profesionales a “colaborar eficazmente con los tribunales en las medidas que tiendan al restablecimiento de la tramitación de los juicios, dando así cumplimiento a su obligación de actuar de buena fe, evitando toda actuación dilatoria”.

“Esta colaboración —señala la declaración pública— es especialmente necesaria y efectiva en materia arbitral, en que las partes pueden alcanzar acuerdos que permitan la realización de diligencias y el avance de los procesos”.

Lee la Declaración del Colegio de Abogados de 22 de marzo, 2021.

 

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