Colegio de Abogados de Chile denuncia irregularidades en la labor de los receptores judiciales

Colegio de Abogados de Chile

Un problema que se ha venido denunciando desde hace un tiempo en el sistema legal chileno, y que se acrecentó durante la pandemia, es el de los receptores judiciales.

Asuntos como la dotación total de estos funcionarios, las labores que efectivamente realizan y la tardanzas en ellas, los aranceles que cobran y las herramientas que utilizan están entre los reclamos de los abogados locales.

Estos profesionales, auxiliares de la administración de justicia, tienen la tarea de ministros de fe pública para una serie de diligencias, las cuales no se estarían realizando de manera correcta.

Y este mes el gremio emitió un comunicado donde vuelve a denunciar estos problemas e insta a una solución: “Se requiere con urgencia una reforma al sistema Procesal Civil, pero mientras ello no ocurra, resulta indispensable hacerse cargo de estos graves problemas de acceso a la justicia que están afectando a las personas y, en particular, a nuestros asociados y asociadas”.

Crear una agenda y revisar aranceles

Las irregularidades que denuncia el Colegio son múltiples. Por ejemplo, plantean que “se desconoce el número de receptores en actividad y cuáles son las diligencias que efectivamente realizan”, así como que varios de ellos no están efectuando audiencias probatorias y que es posible encontrar registros donde un mismo funcionario aparece  desarrollando diversas actividades en la misma hora.

Esta última es una irregularidad que se podría solucionar, plantean, con la creación de una agenda diaria de actividades, con el objetivo de asegurar que efectivamente lleven a cabo estas labores.

Pero no solo denuncian asuntos de eficiencia y transparencia en sus agendas, sino que además cuestionan los cobros que muchos de ellos hacen por la prestación de sus servicios, siendo estos muy superiores a los que establece el arancel oficial determinado por el Poder Judicial.

También aseguran que la mayoría de los receptores no usan las herramientas tecnológicas disponibles para efectuar la toma de diligencias probatorias, con lo que “no han dado cumplimiento a la ley que permite que ellas sean grabadas e incorporadas luego por medio de actas al proceso”.

¿Audiencias telemáticas o presenciales?

Otro problema denunciado se refiere al formato de las audiencias y la falta de un criterio uniforme al respecto.

El Colegio de Abogados cree que esta es una decisión que debe tomar la Corte Suprema mediante instrucciones, para que deje de ser una decisión que queda sujeta al arbitrio de cada juez o tribunal.

¿La postura del gremio? Frente a este panorama, y mientas no exista una reforma al sistema procesal civil, recomiendan que lo virtual sea el método permanente usado, ya que consideran que las cortes no cuentan con suficiente espacio para la realización adecuada de audiencias.

Además, solicitan que la Corporación Administrativa del Poder Judicial verifique anualmente que los receptores cuenten con los medios tecnológicos y conocimientos para la realización de sus tareas en caso de que se implemente la medida.

“Lo solicitado es plenamente pertinente, habida consideración de que esta es una norma de aplicación permanente por petición de parte y autorización del tribunal en los juicios orales penales. Con mayor razón, debería ser ello autorizado en procesos civiles, en los cuales no rige una inmediación física y cronológica en la decisión de los asuntos”, indica el comunicado.

Pero no todas son críticas, ya que también se refieren a la falta de medidas de resguardo para que los receptores desarrollen su trabajo.

“En ocasiones, no pueden practicar diligencias en algunos lugares por razones de seguridad, sea porque tienen dificultades de acceso para realizar notificaciones o porque no cuentan con un auxilio efectivo de fuerza pública, como ocurre con la realización de embargos, el retiro de especies y los lanzamientos”, señala el documento.

Puedes leer el comunicado aquí:

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