Clúster buscará modernizar legislación española y ponerla en línea con Europa

Claudio Soto
Desde España

La decisión del Tribunal Constitucional de Polonia de desconocer la supremacía del Derecho Europeo, a favor de la legislación local, al declarar hace algunos días que ciertas partes de los Tratados de la Unión (UE) son incompatibles con su Constitución y que el bloque no tendría potestad para evaluar la justicia nacional, ha encendido todas las alarmas en el viejo continente.

El fallo –que fue aprobado por tres de los cinco magistrados de la corte- generó rápidas reacciones de políticos, autoridades y expertos jurídicos, siendo la más clara la de la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen quien señaló en pleno parlamento que “no vamos a tolerar que se pongan en riesgo nuestros valores comunes”.

Sin duda, los sistemas judiciales están siendo puestos a prueba. Y el caso español, no está ajeno a esta realidad, puesto que se encuentra a medio camino en una serie de actualizaciones normativas que lo pongan en línea con las directrices señaladas por Bruselas.

Por esta y otras razones, el Colegio de la Abogacía de Barcelona decidió liderar la creación de un clúster (concentración en este caso del trabajo de varios colegios profesionales españoles) para elaborar propuestas legales modernas que identifiquen y den respuesta con rapidez a cambios sociales vividos por la población en ámbitos como, por ejemplo, la digitalización, derechos y libertades personales, el uso de criptomonedas, transparencia o problemas medioambientales.

Primer centro europeo

El proyecto, denominado “Instituto I+DRET”, y que fue presentado este martes en la sede del Colegio en la ciudad condal tiene como principal objetivo -según su impulsores- aportar pensamiento e innovación en los procesos de cambio de paradigma normativos y sociales. Por ello, señalan, “investigará jurídicamente las cuestiones sociales de actualidad para, aplicando ciencia práctica, contribuir a mejorar la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía desarrollando y elaborando nuevas propuestas normativas”.

“El Colegio de la Abogacía de Barcelona debe velar para que el ejercicio de los abogados y las abogadas responda a los intereses de la sociedad actual, siendo precisamente el Instituto de Investigación e Innovación Jurídica I + DRET un instrumento idóneo para cumplir con la finalidad de nuestra Corporación de trabajar para el buen funcionamiento de la justicia y fomentar el perfeccionamiento de la legislación», señaló en su presentación la Decana del ICAB, María Eugenia Gay.

El vicedecano de esta institución, reconocido como uno de los cerebros tras la idea, Jesús Sánchez (en la fotografía), señaló que el centro se transformará en un referente de investigación. “Desde la abogacía somos los primeros en detectar las patologías que sufre nuestra sociedad”. Asimismo, hizo hincapié en que el Instituto I + DRET estará abierto a la colaboración y participación de universidades, otras instituciones y los profesionales del ámbito jurídico.

Supremacía y tensiones

En la presentación del centro, Javier Orduña, destacado catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y ex magistrado del Tribunal Supremo, reconoció que el nuevo paradigma en el ámbito jurídico es la tensión que provoca la supremacía del derecho europeo en los sistemas jurídicos nacionales, a la vez de resaltar la labor de los colegios profesionales de abogados.

“Los centros de derecho más dinámicos son los Colegios de la Abogacía (…) Queremos ir a la vanguardia porque no tenemos la burocracia administrativa y vamos a ir directamente a los asuntos (…) Los juristas debemos investigar e innovar, hacer propuestas legislativas ya que los problemas que tiene la ciudadanía no se pueden abordar como hace 70 años”, agregó quien además se constituirá como presidente del comité asesor del centro, instancia que actuará a su vez como órgano para constituir, modificar y suprimir los órganos consultivos que sean necesarios para el estudio de las materias que puedan interesar para los fines de la actividad judicial.

En el ámbito jurídico europeo, el ICAB tiene reconocida experiencia. Ejemplo de ello han sido las propuestas legislativas formuladas recientemente por la Comisión de Normativa del ICAB de modificar la LECrim para acabar con las «ocupaciones» ilegales de viviendas, o la necesidad de incluir la cláusula «Rebus sic stantibus» para contribuir a reducir la problemática derivada del alquiler, especialmente de locales, en el marco de la pandemia del COVID-19.

Sobre este punto, la diputada de la Junta de Gobierno del Colegio Yvonne Pavía señaló que «la Comisión de Cultura fue pionera en formación en línea durante la pandemia. Hay que seguir siempre adelante y avanzando. La innovación e investigación son un plus para la abogacía», mientras que la también diputada del ICAB Paz Valles resaltó que » la abogacía detecta los problemas jurídicos seguramente antes que nadie, y ahora gracias al Instituto I + DRET intentaremos también formar parte de la solución».

Fotografías: Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.