Las claves de la aprobada Ley de Aborto en Argentina

Era cosa de tiempo. Argentina contaría con una Ley de Aborto luego de que en la madrugada de este 30 de diciembre el Senado de ese país aprobara –38 votos a favor, 29 en contra y una abstención— la interrupción del embarazo (hasta la semana 14) «de forma segura, legal y gratuita» en el sistema de salud.

Con ello, se deroga una norma vigente desde 1921 que consideraba el aborto como un delito, a excepción en los casos de violación o riesgo de vida para la madre. Expertos legales y médicos señalan que con esta nueva legislación el país trasandino da un avance sustantivo en los derechos sociales en América Latina, ya que se trata de la primera nación con un gran número de habitantes de la región en permitir que las mujeres decidan sobre sus cuerpos y si quieren o no ser madres.

La iniciativa, que ya había encontrado luz verde en la Cámara de Diputados a mediados de diciembre, contempla que las mujeres gestantes podrán acceder a un aborto legal hasta la semana 14 tras firmar un consentimiento por escrito. Estipula también un plazo máximo de 10 días entre la solicitud de interrupción del embarazo y su realización, con el fin de impedir maniobras que retrasen el procedimiento médico hasta evitarlo.

El proyecto de Ley de Aborto

El proyecto visto por el Senado trasandino tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.

Fuera del plazo del párrafo anterior —señala la norma— la persona gestante tiene derecho a decidir y a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo solo en las siguientes situaciones:

a) Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida;

b) Si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

Asimismo, establece que toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que se establecen en esta ley y en las leyes 26.485 (protección integral a las mujeres), 26.529 (derechos del paciente) y concordantes.

Reacciones

Las repercusiones internacionales de la aprobación en el Senado a la Ley de Aborto no se dejaron esperar. La vicepresidenta primera, ministra de Presidencia, de relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España Carmen Calvo señaló a través de su cuenta de Twitter que “Hoy Argentina da un enorme paso en la ampliación de los derechos y libertades de las mujeres. Hoy, es una nación más igualitaria, más justa y feminista”.

En tanto, Mónica Silvana, Diputada en el Parlamento Europeo, nacida en Argentina, dijo que la aprobación “abre esperanzas en toda Latinoamérica»: «Enhorabuena a las miles de organizaciones feministas que lucharon años por conseguir avance en la Sanidad Pública”, destacó a través de la misma red social.

Antecedentes

Durante 99 años, en Argentina fue legal interrumpir un embarazo en caso de violación o de riesgo para la vida o la salud de la madre. En el resto de los supuestos, era un delito penado con la cárcel.

Aun así, la criminalización no tuvo los efectos disuasorios esperables. Según cifras extraoficiales hasta medio millón de mujeres aborta en la clandestinidad cada año. En 2018, 38 mujeres fallecieron por complicaciones médicas derivadas de abortos inseguros. Cerca de 39.000 tuvieron que ser hospitalizadas por la misma causa, destaca una crónica en diario El País de España.

Lee la documentación especial del Senado aquí.