La puerta que abre la justicia civil

Chile entró en una nueva etapa política, y la anhelada reforma a la Justicia Civil, presentada hace un mes por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, podría entrar también en ese nuevo ciclo.

No por nada, se trata de una reforma largamente esperada y en el que sucesivos gobiernos hicieron esfuerzos para dotarla de un Código Procesal que no sólo permita que los juicios sean más rápidos, sino que superen la imagen de una judicatura lenta, vetusta, anquilosada que en muy poco contribuye a resolver los conflictos de la ciudadanía.

Hoy, que ya se encuentra nuevamente en la pista de despegue en el Congreso Nacional —en el Senado, en su segundo trámite constitucional— pero con la atención en el nuevo Proceso Constituyente corriendo en paralelo y a menos de un año de que termine el gobierno, quizás pueda verse favorecida por el momento histórico para que, de una vez por todas, pueda emprender el vuelo que necesita.

Sin duda alguna, en la construcción de una nueva Carta Magna, en lo que atañe a la justicia, y más allá de las instituciones propias del sector como lo son el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Ministerio Público, haya una importante discusión sobre las garantías de un real acceso a la justicia de las personas, sobre todo de aquellas más postergadas o vulnerables, que no tienen una asesoría letrada; también con perspectiva de género, o de cómo esta se presenta en el nivel comunal, vecinal o con una mirada específica para las etnias.

No son ocultas las grandes falencias de la justicia civil en Chile: largos periodos para resolver conflictos —hasta cinco años en primera instancia—, juicios ejecutivos imbuidos en la lógica del sistema financiero, actividades dilatorias recurrentes por parte de muchos abogados y abogadas, demandas y juicios infructuosos en donde ganan los de siempre y ausencia de mecanismos de solución alternativos de controversias integrados a los procesos, porque siguen mirándose como una justicia de segunda clase.

Sin duda que también se discutirán en este proceso temas relevantes como la independencia judicial interna y externa, sobre el sistema de nombramientos, la progresividad de las reformas, o la digitalización de los procesos, pero el impacto de la pandemia augura que los conflictos rezagados y los que se avecinan necesitarán con más urgencia que nunca de respuestas rápidas innovadoras, creativas y transparentes de lo que hoy puede ofrecer un proceso civil de mayor, menor o mínima cuantía, o el actual sistema de recursivo.

Cuando las partes en disputa deciden recurrir al sistema de justicia que un Estado ofrece utilizan una capacidad pública que —jueces o juezas, más o menos— es limitada para la solución de su conflicto, impactando y en muchas ocasiones perjudicando a todos los que requieren de esa justicia, haciendo que la misma llegue tarde, mal o nunca. Por eso tiene tanta lógica el dicho que dice “más vale un mal acuerdo que un buen juicio”. Es decir, un proceso incierto, largo y costoso.

Chile tiene la oportunidad histórica de pensar y trabajar una Justicia Civil que, por una parte, refleje los grandes valores que en materia jurisdiccional quedarán impregnados en la nueva Constitución, y a partir de eso, la materialización de una justicia de calidad, cercana y expedita para todas las personas, sin distinción.

Al contrario de lo que se piensa, la Reforma a la Justicia Civil no viene a cerrar el ciclo emprendido desde el año 2000 en adelante con la instalación de la Reforma Procesal Penal, la Justicia de Familia o la Justicia Laboral y Previsional, sino que puede convertirse en la puerta de entrada a una justicia que deje de lado la dama de los ojos vendados y la espada afilada, para dar paso a una plenamente consciente de los problemas de la gente y una mano estirada para brindar una solución.

 
Claudio Soto Coronado
Director para Europa
Idealex.press

Claudio Soto