La justicia y sus presiones

Claudio Soto, Idealex.press

Hace pocos días, el Senado argentino aprobó —introduciendo una serie de modificaciones al mensaje original— el proyecto de ley del Ejecutivo que reforma la organización y competencia de la Justicia Federal de ese país. Al ser presentado, el Presidente Alberto Fernández señaló que, además de mejorar su funcionamiento, lo se buscaba era optimizar se credibilidad en materia penal frente al escrutinio ciudadano.

En lo sustancial, el proyecto propone crear una justicia federal penal, que unifique dos fueros: el criminal y correccional, que tiene actualmente 12 jueces, y el penal económico, que tiene 11. Asimismo, se la juega por una modificación de su estructura orgánica, con lo que la nueva justicia federal penal pasará de tener 23 juzgados, a un total de 46, lo que significa el nombramiento de 23 nuevos magistrados.

También se prevé unificar a nivel federal los juzgados civiles y comerciales con los contenciosos administrativos, crear cinco tribunales orales en lo penal federal, con 3 jueces cada uno, y sumar 94 juzgados penales federales distribuidos en las provincias, lo que implica la designación de muchos nuevos jueces, generando como era de esperar un amplio debate político sobre su designación, el real grado de independencia que tendrían y las supuestas presiones que deberá asumir el Consejo de la Magistratura, órgano constitucional que interviene en el proceso, selección, sanción y remoción de los magistrados y magistradas en ese país.

No es extraño que en los países iberoamericanos y más aún en tiempos en que se deciden impulsar reformas judiciales legales u orgánicas profundas, escuchar voces alertando sobre presiones veladas o directas del mundo político en distintos ámbitos del qué hacer judicial —los más comunes a propósito de nombramientos (pese a estar regulados) o en la dictación de sentencias en las causas que se someten a su conocimiento— lo que sin duda perjudica la percepción ciudadana sobre la importante labor que deben cumplir los tribunales en cualquier sociedad democrática.

En Chile, por ejemplo, dicta la Constitución que los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propone la misma Corte. Este nombramiento necesita del acuerdo del Senado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto, logrando un equilibrio que si bien, siempre genera discusión —como en el caso de ministros que no han logrado el quórum necesario al reprocharles sus decisiones en determinadas causas, en su paso por el Congreso—, es reconocido hasta aquí como un buen mecanismo de selección.

En entrevista con este medio, el director del Centro de Justicia para las Américas, Jaime Arellano, amplio conocedor de la realidad continental, y quien se desempeñó en Chile como subsecretario de Justicia durante la administración del Presidente Ricardo Lagos (2000-2006), periodo en que se renovó buena parte de los miembros del máximo tribunal, lo que obligó a varias negociaciones políticas en sede legislativa, reconoce que lo que ocurre en Argentina es algo de vieja data.

Dice que el problema de fondo se hace más patente en aquellos sistemas judiciales que todavía conviven con rasgos inquisitivos en donde el juez conoce, investiga y falla, y en donde las fiscalías y las defensorías dependen, al menos en lo orgánico y presupuestario, del Gobierno de turno, como por ejemplo, ocurre en España en donde recordemos la designación de la ex Ministra de Justicia, Dolores Delgado a la cabeza de la Fiscalía General del Estado, dependiente justamente del Gobierno a través de esa cartera, generó suspicacias y aireados reclamos, incluso en sus asociaciones profesionales.

Para alejar cualquier manto de duda, pese a que en muchos países que han iniciado procesos de reforma son bien reconocidos los límites y competencias jurisdiccionales, y el mandato conferido a los órganos de persecución y defensa —lo que ha sido apoyado por altos grados de ejercicio profesional, transparencia, oralidad de los juicios y publicidad de los fallos— Arellano enfatiza que lo más razonable es que en Latinoamérica haya una separación constitucional y legal de todos los órganos y operadores del sistema judicial del poder político, lo que terminaría por disminuir el interés de los partidos en su actividad, al hacerlo un “botín menos jugoso”.

Más allá del caso argentino, o las realidades de países como Chile o España, la discusión, por cierto, no está cerrada y más temprano que tarde volverá a reactivarse, pues la política tiene y goza de una flexibilidad tan amplia que el Derecho y las leyes simplemente no pueden ni tienen por qué alcanzar. Un día, un ministro con el que trabajé durante varios años me dijo en pleno proceso de negociación del nombre de un alto cargo judicial que debía ser visado por el Congreso Nacional: “La política es lo que es y no lo que uno quiere”. La frase, no se me olvidó jamás.

 
Claudio Soto Coronado
Director asociado para Europa
Idealex.press