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domingo, 13 de junio de 2021

internacional

Director del CEJA: “Hemos visto tendencias de los poderes políticos a invadir atribuciones y tratar de cooptar a los poderes judiciales”

A sólo meses de terminar su mandato de 8 años al frente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas —organismo internacional que nace al amparo de la OEA con la misión de apoyar procesos modernizadores en el área en sus 34 países miembros— el abogado chileno, Jaime Arellano, concede esta entrevista al programa “Agenda Macro” de Idealex.press

- 6 mayo, 2021

Hay algo que le preocupa a Jaime Arellano, quien fuera ex viceministro de Justicia de Chile durante el periodo de Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, lugar desde donde le tocó impulsar la Reforma Procesal Penal, la modernización del sistema penitenciario y la reforma a la Justicia de Familia. El director del Centro de Justicia para las Américas – CEJA ha notado un decaimiento sustantivo en la independencia judicial frente a las presiones políticas en la región, lo que es vital para —dice— “el correcto desarrollo de los Estados democráticos de Derecho”.

En esta entrevista, Arellano aborda temas relevantes para la judicatura y el funcionamiento de los sistemas judiciales en Latinoamérica en el marco de la pandemia, se pronuncia sobre el proceso de reforma a la justicia civil que el Gobierno ha emprendido en su país y defiende el uso de la tecnología para mejorar el acceso a la justicia de las personas.

Aquí, un análisis de lo que sucede en la región y su país.

— ¿Cómo se encuentran los sistemas de justicia latinoamericanos a la vista de CEJA?
A fines de los 90 se produjo una ola de reformas a la justicia penal. Primero, con cambios a los códigos. Sin embargo, esas reformas no resultaron porque cambiaron las leyes, pero no se cambió la organización y no se entrenó a jueces, fiscales, defensores y abogados. Hay que entender que cambiar la justicia no sólo es un tema de leyes, sino que requiere de una organización para pasar de los sistemas inquisitivos escritos a sistemas adversariales orales. Luego, vino una ola de reformas a la Justicia Civil, mucho más lento y disperso, porque la justicia civil ya no tiene instituciones aglutinando a los operadores, sino que están los tribunales y abogados y abogadas que ejercen libremente la profesión. Es más difícil impulsar esos cambios porque es más difícil entrenar y capacitar a los actores del sistema.

¿Lecciones aprendidas de las reformas a la justicia penal? la necesidad de evaluar y seguirlos, y eso lamentablemente no ha sido la tónica general. Finalmente, me preocupa el tema de la independencia judicial. Y ahí debo decirlo ha habido un importante retroceso en la región, sobre todo en los últimos años. Hemos visto tendencias de los poderes políticos a invadir atribuciones y tratar de cooptar a los poderes judiciales. Se ha visto en Honduras, recientemente ocurrió en el Salvador, siempre hay debate de lo que ocurre en Argentina, también se discute si hay influencia política en Chile también. Para los sistemas democráticos, para un estado democrático de derecho, un Poder Judicial, pero más importante, jueces y juezas independientes, son vitales.

— Hace pocas semanas el Gobierno de Chile decidió reactivar la llamada Reforma a la Justicia Civil ¿Qué le parece la decisión de avanzar en este proyecto?
Era una decisión muy esperada. Fui viceministro de Justicia (2000-2006) y alcanzamos a dejar instalado el foro de debate sobre la reforma a la justicia civil en 2005. Desde ese año se ha estado debatiendo la reforma, hubo sucesivos intentos legislativos, pero no se avanzó. La idea de transformar la justicia civil es tremendamente necesaria y relevante. Lamentablemente, no conocemos todavía el texto porque si bien se firmó y se anunció que ingresaba al Congreso no hemos tenido acceso y aparentemente no ha ingresado el proyecto de Código Procesal Civil, ni de reforma al Código Orgánico. Sólo entró el de reforma al sistema de nombramientos de jueces y el sistema de mediación. Hasta donde sabemos las ideas son interesantes. Se introduce oralidad, se incorpora los mecanismos alternativos de solución de conflictos —fundamentalmente la mediación— a la justicia tradicional.

— ¿Debió haber sido más ambicioso el gobierno con los llamados mecanismos de resolución alternativa de conflictos?
Nuestra opinión es que sí. La opinión desde CEJA, indistintamente del país que se trate, es que somos partidarios de que todos los mecanismos colaborativos de solución de conflictos sean considerados como parte de los canales de acceso a la justicia y que sean, hoy en día, coordinados con la justicia tradicional y sus procesos. Lo que pasaba antes es que se usó la mediación como un filtro para evitar que se judicializaran muchos asuntos, desdibujando su función principal como la de otros mecanismos alternativos que es buscar la solución más adecuada dependiendo del tipo de conflicto y de las personas de que se trate. Además, debiera haber una justicia en el nivel básico, comunitario, municipal o comunal muy desarrollada y que no la vemos presente en el proyecto.

— También hubo un anuncio de cambios profundos al actual sistema de nombramiento de los jueces y juezas en el país ¿Por qué es importante avanzar en la independencia judicial y en especial en el sistema de nombramientos?
Las juezas y los jueces chilenos tienen una importante independencia externa. Es decir, no hay en general presiones evidentes del poder político y de otros grupos de interés sobre ellos para tomar decisiones (…) El problema que hemos detectado y en el coincidimos prácticamente todos, es que hay un problema de independencia interna, al interior del Poder Judicial ¿Por qué? Porque la idea de la independencia es que cada juez y cada jueza, enfrentado a un caso en particular, tenga total autonomía para decidir conforme a derecho y a las pruebas que se le presentan, sin ningún tipo de influencia ¿Cuál es el problema? Que el nombramiento de jueces y juezas en Chile depende de las cortes de apelaciones, que son sus superiores jerárquicos, que revisan sus fallos, que controlan el comportamiento de esos jueces y juezas y que conforman las ternas que van al Poder Ejecutivo para escoger quién será nombrado juez o jueza, o secretario en algún tribunal. El problema que siempre hemos visto ahí es que los jueces y juezas dependen en su carrera de las posibilidades de ascenso o ir a tribunales superiores, de las cortes de apelaciones y la Corte Suprema. Y esto, nos parece que es desviar la función que tienen estas cortes, que es jurisdiccional.

Entrevista en nuestro canal de YouTube/Idealex.press

 
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