Categorías migratorias: alguien tiene que frenar la incongruencia

Pamela Rillón

Pamela Rillón Oportus

Terminó el año, pasaron las elecciones y del Proyecto de Ley de Migraciones de Chile no se sabía nada. Llegó el martes 9 de enero y la reforma, como todo lo indicaba, se rechazó en el Congreso, por lo que tendrá que ser el nuevo gobierno de Sebastián Piñera el que dé soluciones a un fenómeno que crece cada día en importancia social y económica. Y en relevancia política.

Tal como manifiesta José María Del Pino, Director Ejecutivo de la Fundación Frè, “el voto migrante representará en 4 años cerca de medio millón de personas. Si bien en esta elección pudo incidir en las parlamentarias solamente, la próxima ya tendrá plena capacidad de incidir en la presidencial”.

Pese a todas las discrepancias y controversias que se han dado en torno al tema, todos los sectores políticos dicen coincidir en lo trascendental que es este fenómeno para el país. Pero paradógicamente, en la práctica, no se observa voluntad política de ningún sector por movilizar el tema de verdad.

Es fácil observar que la legislación migratoria se quedó atrás en garantizar plenamente la igualdad en el ejercicio de los derechos de los extranjeros y no está en sintonía con las implicancias sociales, políticas y económicas actuales. Es por eso que se hace urgente la elaboración de una nueva y moderna Ley de Extranjería que contemple categorías migratorias flexibles y que dé solución concreta a la vulneración de los derechos de los migrantes regulares e irregulares. El viejo Decreto Ley 1.094 de 1975 es una norma anacrónica frente a los actuales flujos migratorios.

Pero las esperanzas cifradas en la nueva ley de Bachelet chocaron con el análisis que hicieron la academia, centros de estudios y organizaciones de la sociedad civil, quienes calificaron el texto de muy poco innovador, insuficiente y además contradictorio. Las críticas apuntan a que tiene una pésima técnica legislativa (no resuelve, deja todo en reglamentos), no contempla una institucionalidad (como un Servicio Nacional de Inmigración), no identifica a la autoridad migratoria, no toca el tema de la cooperación internacional… la lista es larga.

A continuación veamos algunos ejemplos de falta de congruencia e innovación: en el caso de las prestaciones básicas de salud, un inmigrante irregular tendría que llegar prácticamente muerto (urgencia vital) para ser atendido por un servicio de salud. Un total retroceso.

Por otra parte, la reforma tiene una declaración de principios orientada a la inclusión, pero paralelamente coexiste con un cuerpo que mantiene un enfoque de seguridad pública, lo que se evidencia claramente al continuar la migración en manos del Ministerio del Interior y Seguridad.

En lo laboral, el proyecto dice que el Estado promoverá la regularidad, pero no es claro que propenda en esa dirección, ya que, por un lado, el empleador debe cumplir estrictamente con sus obligaciones en materia laboral, independiente de la situación migratoria, mientras arriesga duras sanciones por contratar inmigrantes irregulares.

Si nos centramos en las categorías migratorías, el proyecto describe las condiciones para obtener el nuevo y flamante “Permiso de Visitante”, que aparece como la gran innovación para contrarrestar al “turista” que en realidad viene a trabajar. No obstante, es concedido a los extranjeros que soliciten ingresar al país para desarrollar actividades lícitas, como negocios, profesional o técnico, estudiante en programa de corto plazo, corresponsal de prensa, académico, conferencista, voluntarios internacionales, entre otros.

Pero la gran mayoría de los inmigrantes que quieren radicarse en Chile vienen en búsqueda de un trabajo y aunque la mayoría de ellos tienen más años de estudios que los chilenos, muchos querrán empezar sus proyectos de vida de forma inmediata, en un trabajo donde se requiera mano de obra no calificada. ¿Cómo soluciona esta calidad migratoria la necesidad mutua del extranjero y de la economía de nuestro país?

Entonces, volvemos a la falta de transparencia. Porque un migrante –por ejemplo- que no es técnico, ni profesional, ni conferencista y que quiere trabajar en la temporada de fruta o en el rubro de la construcción no tendrá más remedio que mentir y decir que viene como turista.

Especialmente para el sector empresarial es un problema que el proyecto mantenga alta la cantidad mínima obligatoria de trabajadores chilenos en una empresa. El Código del Trabajo establece que a lo menos el 85 % de los trabajadores debe ser de nacionalidad chilena y la nueva disminuiría el porcentaje sólo a 75.

Chile necesita una ley de migraciones vanguardista, lo que se traduce en entender que la migración no se puede seguir viendo bajo una óptica de sospecha y criminalización, sino que debe ser comprendida como un derecho humano. Porque no es posible que en pleno siglo XXI tengamos personas de segunda y tercera categoría por el solo hecho de haber cruzado una frontera.

Si queremos construir una sociedad multicultural, cohesionada, sin tensiones sociales, ni brechas que nos separen, ésta es la oportunidad.

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* Pamela Rillón es periodista, es Diplomada en Ciencias de la Religión, Cultura Árabe y Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Tiene experiencia en el ámbito de las comunicaciones, tanto en el sector privado como público.