Chile: el caso Urrutia y las falencias de los procesos disciplinarios a jueces

Daniel Urrutia Laubreaux

Felipe Riffo

El miércoles 22 de enero, en la Corte Suprema de Chile, se realizó un punto de prensa donde el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia Laubreaux, se refirió a su demanda al Estado chileno por violación a los derechos humanos, la cual fue tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cuya audiencia pública está prevista para el 30 de enero, en la sede de la Corte en San José, Costa Rica.

A grandes rasgos, el caso consiste en que Urrutia fue objeto de una sanción de censura vía amonestación privada impuesta por la Suprema, luego de que el juez presentara al Máximo Tribunal un documento académico redactado en el contexto de un diplomado de postítulo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, en el que se criticaba el papel del organismo judicial durante la dictadura militar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había resuelto en su informe que además de la violación a la libertad de pensamiento, se cometieron varias irregularidades en el proceso disciplinario, como no dar a conocer a Urrutia de forma previa la acusación ni darle el tiempo y los medios para preparar una defensa.

Además, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a contar con una autoridad imparcial y el derecho a la protección judicial, dado que la propia Corte había emitido juicios de valor sobre el documento al mismo tiempo que revisaba la sanción impuesta.

Finalmente, la Comisión resolvió que se infringió el principio de legalidad por la excesiva amplitud de la causal disciplinaria aplicada a la víctima del caso, la cual sancionaba atacar “en cualquier forma” la conducta de jueces o magistrados, lo que daba un margen para cometer abusos a las «autoridades disciplinarias» debido a la no especificación de lo que significa un ataque.

El juez Urrutia criticó el mal uso de las sanciones por parte de la Corte Suprema para castigar resoluciones que defienden derechos humanos, porque «complicarían el ejercicio jurisdiccional: dado de se trata de un sistema vertical, muy parecido a un ejército»; «si los superiores están entendiendo que no se está realizando de acuerdo a lo que ellos entienden debiera resolverse y un juez imparcial, independiente, intenta aplicar normas de derechos humanos, evidentemente es una complicación», concluyó.

Ademas del juez Daniel Urrutia participaron de la conferencia de prensa: Claudio Nash, Coordinador Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, María Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) en Chile, y Sofía Lanyon, Presidenta de Amnistía Internacional Chile.

Soledad Piñeiro anunció la participación de la asociación de magistrados como amicus curiae y testigo en la audiencia del 30 de enero. «Parte del interés de los magistrados en este asunto es que representa una oportunidad para tratar el tema de la libertad de expresión y el debido proceso en el sistema de responsabilidad de los jueces, sistema el cual la asociación lleva décadas intentando cambiar debido a que es un procedimiento absolutamente deficiente en garantías y también en las definiciones de las conductas sancionables y de las sanciones proporcionales que tiene que ser aparejadas a estas conductas», comentó.

Añadiendo, «si no hay conductas definidas claramente entonces los jueces no podemos saber cuáles son nuestras conductas aceptables y cuáles no, en ese sentido claro que se puede presentar hostigamiento, porque el ámbito de discrecionalidad que tienen aquellos que pueden investigar es demasiado amplio».

Claudio Nash, por su parte, destacó la importancia de este caso para los académicos debido a cómo pone en juego la independencia judicial, «ya que tiene a una Corte que sanciona jueces a través de procedimientos que no cumplen los estándares mínimos, mandando un pésimo mensaje a Latinoamérica, esperando que la CIDH sancione con garantías de no repetición que eviten este tipo de sucesos en todo el continente».

Sofia Lanyon, finalmente, se refirió al cómo en esta situación está en juego la imparcialidad e independencia de todo juez al momento de impartir justicia; «es tremendo, ¿van a dictar justicia conforme al criterio del superior jerárquico para evitarse una sanción o van a impartir justicia conforme a Derecho? eso es lo que sucede», sentenció.

Puedes seguir la audiencia en el CIDH el 30 de enero a las 5:45 PM aquí.

Claudio Nash, María Soledad Piñeiro, Sofía Lanyon y Daniel Urrutia