Caso Fujimori, otra mirada: un origen viciado y crisis política

La semana pasada, publicábamos en Idealex.press la nota titulada Adrián Simons sobre los pormenores del caso Fujimori: “La Corte IDH no ha sido consecuente”, luego de que el Tribunal Constitucional de Perú tomara la decisión de concederle el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Hoy les mostramos argumentos antagónicos.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de presidio por su responsabilidad en la Masacre de Barrios Altos y de La Cantuta; sin embargo, el país sigue sumido la controversia con secuelas políticas y denuncias de irregularidades procesales.

Tribunal Constitucional de Perú

El propio Tribunal Constitucional ha tenido que hacer frente a críticas y denuncias por ordenar la liberación de Fujimori, incluyendo las provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Dentro de Perú, la congresista Ruth Luque anunció que denunciará a Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse, los tres magistrados del TC que firmaron la resolución: “Es una libertad ilegal. Voy a denunciarlos por el delito de prevaricato y por infracciones constitucionales”, mencionó en un punto de prensa.

Por otro lado, dos integrantes del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo y César Ochoa señalaron que fueron llamados a la reunión en la que se decidió la liberación de Fujomori. Monteagudo sostuvo, en una entrevista al diario La República, que la excarcelación de Fujimori va en contra de la petición de la Corte IDH que se hizo en 2022: “Una decisión que está desconociendo resoluciones de la Corte sobre que tenía que ser una materia del Pleno del TC”.

Posteriormente, el 11 de diciembre, Monteagudo escribió una carta a Francisco Morales Saravia, quien es presidente del TC, para que anulara la decisión que validó el indulto a Fujimori, argumentando que es nulo al no haberse “sometido a conocimiento o deliberación del Pleno”.

“Los magistrados que tomaron esta decisión han actuado sin seguir convicciones jurídicas, sino que convicciones políticas, y esto daña seriamente la imagen del Tribunal Constitucional, la que antes de esto ya era cuestionada. Se ha afectado seriamente la credibilidad del Tribunal Constitucional”, comenta Luis Vargas Valdivia, exprocurador Ad Hoc de los casos Fujimori-Montesinos y socio de Benitez, Vargaz y Ugaz Abogados.

Un problema de origen

Luis Vargas apunta a que las raíces del problema está en las irregularidades que existen dentro de la aprobación del propio indulto y que motivaron a que la Corte IDH solicitara su nulidad: “La jurisprudencia de los organismos internacionales señala que no se puede conseguir el indulto por crímenes de lesa humanidad, pero existe la excepción en los casos en que el condenado está sufriendo de una enfermedad o que las condiciones carcelarias afecten gravemente su salud. En el caso de Fujimori, el camino correcto habría sido acreditar que el expresidente se encontraba al momento de la concesión del indulto en alguno de estos dos supuestos y nada de eso se hizo”.

Luis Vargas Valdivia

Además, el exprocurador comenta que es importante recordar que Keiko Fujimori, hija del expresidente, y congresistas afines denunciaron en el Congreso peruano que se había producido una situación ilícita con este indulto: “Se denunció que Kenji Fujimori, hijo del expresidente y que también era congresista, había conversado con el presidente de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, para que aceptara el indulto, ofreciéndole su apoyo para conseguir votos a efectos de evitar que fuera sacado o que se produjera una pérdida de confianza. Esto significaría que hay una conducta ilícita alrededor de este indulto: un origen viciado”.

Vargas argumenta que lo que la familia Fujimori y el Estado peruano debieron haber hecho ante estos hechos que harían improcedente el indulto, es iniciar un nuevo procedimiento, una nueva solicitud “cumpliendo los requisitos que se han establecido, que es resolver cuál es el estado de salud del expresidente. ¿Es un estado de salud grave, uno que amerita que se le conceda el indulto?”.

Al mismo tiempo, el exprocurador señala que los representantes de las víctimas deberían haber acotado lo dicho por la Corte IDH en 2018, cuando señaló que el indulto debía ser revisado por la justicia constitucional, en vez de dirigirse a la justicia penal: “Es lo que en parte permitió mantener vivo el recurso del habeas corpus​, que fue resuelto irregularmente por el Tribunal Constitucional”.

Ante este caso, que «ha dañado la imagen de Perú ante organismos internacionales de derechos humanos», Vargas considera que se tendrá que realizar una revisión general a la figura del indulto y su regulación: “No creo que sea necesario una norma o ley que diga que no se puede hacer uso del indulto ante crímenes de lesa humanidad, porque eso ya está en los instrumentos internacionales. Es un tema de concepto y tales instrumentos están por encima de la legislación, pero sí va a necesitarse, de todas maneras, una concientización respecto de los requisitos y límites del indulto”.

 
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