Carolina Contreras, de Pro Bono: “Este es el momento en donde más se necesita la colaboración de los abogados”

Créditos: Fundación Pro Bono

Carolina Contreras

Claudio Soto Coronado
csoto@idealex.press

La incertidumbre que ha traído consigo la propagación del virus en Latinoamérica ya ha generado efectos en los abogados. Precariedad laboral, incumplimiento de contratos, falta de pagos por servicios prestados, cuestiones familiares, microempresas seriamente dañadas y un sinnúmero de problemas que afectan la calidad de vida de miles de personas, que haciendo lo inimaginable —tal como ha ocurrido en otras partes del mundo— buscan una salida o, que al menos, alguien los oriente.

En eso ha estado Fundación Pro Bono. Desde las manifestaciones sociales que comenzaron en Chile el 18 de octubre, la organización que reúne a 41 estudios jurídicos de ese país con el objeto de promover y facilitar el acceso igualitario a la justicia de personas naturales, grupos vulnerables y organizaciones sociales, no se ha detenido y augura una recarga mucho mayor, la que —dice su directora ejecutiva, Carolina Contreras— debería ser “ordenada y organizada”.

“El voluntariado no organizado no pasa más allá de las buenas intenciones, porque no puedes llegar donde no te necesitan ni te llaman”, afirma la abogada, en un análisis para Idealex.press, que va más allá de las estadísticas de salud pública.

— ¿Cómo están trabajando los profesionales y estudios jurídicos que son parte de Pro Bono ante esta emergencia sanitaria?

“Estamos usando plataformas en línea, pero muchas de las personas que atendemos no tienen por ejemplo acceso a programas como Zoom, o redes sociales, así que los seguimos tratando por teléfono. Hay un público importante que son los adultos mayores a los que no estamos llegando. Lo que estamos haciendo es trabajar con radios comunitarias que son un aliado enorme porque en localidades más pequeñas y aisladas, la radio si llega y es una fuente de información importante.

Esto ha sido desafiante, porque además ha aumentado la consulta más que el caso. La consulta es más rápida y muy importante, como, por ejemplo, en materia de tuiciones o empleo. Entonces vemos con los abogados cómo responder rápidamente en un proceso que no debe demorar más 72 horas como máximo. Hemos tenido que ajustar nuestros tiempos”.

— Es que la población necesita respuestas rápidas, adecuadas y que contesten a su incertidumbre…

“Hemos abierto una página que se llama Ayuda Legal Chile donde vamos poniendo la información, porque los medios de comunicación hablan por ejemplo de proyectos de ley, pero las personas muchas veces no diferencian lo que dice la ley y lo que dice el proyecto, entonces se quedan con cosas que todavía no han sido aprobadas, produciendo una confusión enorme”.

— ¿Qué cosas son las más consultadas a los estudios jurídicos y quiénes las están haciendo?

“Creo que lo laboral ha sido lo primero, pero esto tiene que ver con contingencia. Un segundo tema ha sido el de los arriendos, desde los dos lados (arrendador y arrendatario), tanto de personas naturales y comerciantes. También hay temas familiares. Por ejemplo, el padre que tenía la custodia de un hijo y que trabaja en temas de salud y está expuesto al contagio; y temas del consumidor, en donde hay un servicio que no me están prestando como, por ejemplo, canales del cable o un colegio que me entregaba clases y ahora lo hace por Internet y el servicio no es el mismo. El abanico que se está presentando es enorme”.

— ¿Ha cambiado el perfil de quién requería una orientación o atención legal?

“Sí, seguimos trabajando mucho con migrantes, pero ahora están preocupados o de volver a su localidad o de cómo pagan el arriendo. Temas como la regularización de su estadía en Chile la están dejando para después.

¿Qué grupo creció? Las organizaciones sociales porque están sufriendo una baja de sus ingresos en ejes que son vitales para Chile. Las personas están dejando de donar, el Estado está dejando de abrir fondos concursables, entonces las ONGs que atienden a población vulnerable está sufriendo con la pandemia. A la sociedad civil hay que ayudarla mucho para que no muera, porque ellos se han mantenido pese a los golpes, pero vienen cayendo desde el estallido social. Y han aumentado también los microempresarios, personas que antes podían mantenerse a flote y ahora, que no hay ventas, tienen que pagar sueldos y arriendos”.

— ¿Estimas que, aun con la situación sanitaria en desarrollo, aumentarán los problemas y, por ende, las consultas jurídicas?

“Creo que sí. Por ejemplo, estamos hablando de personas que se recuperaron, pero no sé con qué deudas. La salud en Chile es cara, entonces habrá que ver qué pasa. Esto es como los terremotos: todavía está temblando. Después, cuando llegue la calma, van a aparecer ciertos fenómenos que van a instalarse. Sin embargo, hay cosas positivas, como por ejemplo, que las personas pueden trabajar desde la casa, que no hay para que marcar tarjeta o gastar grandes sumas de dinero en tener oficinas de cientos de metros cuadrados, sino que debes tener una buena conexión a Internet, evitando traslados de más de una hora en transporte público”.

— ¿Cómo evalúas el comportamiento del sistema judicial chileno?

“Está más lento; el Poder Judicial no está ajeno a las cuarentenas. Se están haciendo audiencias vía remota, pero las causas se han enlentecido y postergado para dos meses más. No estábamos totalmente preparados, pese a que el sistema judicial venía hace algunos años modernizándose de manera electrónica. El salto que dimos abogados y abogadas de todos los sectores, dese el ministro de la Corte Suprema hasta el recién egresado, ha sido increíble. Lo que falta es capacidad: hay tribunales que están más preparados que otros. Por ejemplo, sabemos que la justicia civil está en deuda porque otros tribunales hace rato que se reformaron y éstos aún esperan. Las urgencias son distintas, porque no son lo mismo un caso de violencia intrafamiliar, un desalojo o un homicidio”.

— ¿Cuáles son los desafíos para los estudios jurídicos u organizaciones altamente profesionalizadas que trabajan con sectores más vulnerables?

“Creo que un desafío es quitarse las “reunionitis” [exceso de reuniones], que pueden ser buenas, pero que son poco importantes versus lo que le cuesta a una persona un traslado. Hay que pensar en una persona que tiene que trasladarse una hora y media y por ende pedir un día de su trabajo versus una audiencia vía Zoom, que le permitirá encerrarse sólo una hora. El trámite en sí es mucho más pesado de lo que finalmente vas a lograr y eso no debería ser. Somos un país larguísimo y tenemos que ver cómo conectarnos, sin que eso cueste mucho.

Los municipios también han jugado un rol importantísimo. Son la primera cara ante la ciudadanía. Las personas, cuando tienen un problema, van al municipio. A ellos hay que empoderarlos más en todo tipo de temas: en trámites legales, educacionales, y ellos derivarte, no al revés”.

— ¿Y qué debemos esperar de los abogados?

“Este es el momento en donde más se necesita la colaboración de los abogados. Siento que para eso uno estudio Derecho, para atender ciertas desigualdades y contingencias. Sé que estamos todos preocupados, pero los abogadas y abogados de la Fundación pertenecemos a un grupo privilegiado, por ende, es ahora donde tenemos que devolver la mano y cooperar”.

 
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