Capítulo Chileno del Ombudsman integra nuevo secretario general

El Ombudsman o defensor del pueblo es un funcionario público que tiene la función de investigar agencias gubernamentales que hayan podido vulnerar los derechos de las personas y permitir a los particulares interponer quejas sobre las acciones del gobierno que afecten sus derechos.

Carlos Reusser

Actualmente, 85 países cuentan con un Ombudsman y en Latinoamérica los países que poseen tal institución son: Belice, El Salvador, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Panamá, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

En Chile se han realizado varios intentos para establecer esta institución en el país. Uno de dichos intentos existe desde 1985 y se trata del Capítulo Chileno del Ombudsman, una ONG que tiene su origen en el Grupo de Estudios Constitucionales o “Grupo de los 24”, una agrupación de juristas opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. El objetivo del grupo fue crear un proyecto alternativo de Constitución para el país, en contraposición al anteproyecto de la Constitución Política de 1980.

“En tal proyecto la figura de la Defensoría del Pueblo se contempló como uno de los elementos constitutivos del entonces futuro régimen democrático que se instauraría después de la dictadura”, comenta Robinson Fuentes, actual presidente del Capítulo Chileno del Ombudsman.

Recientemente, la institución ha designado a su nuevo secretario general, Carlos Reusser, abogado de la Universidad de Chile, magíster en derecho constitucional de la Universidad Católica, máster en informática y especialista en derechos humanos de la Universidad Complutense de Madrid.

Reusser cuenta con una amplia trayectoria. Fue parte de la Agencia Española de Protección de Datos y ha sido profesor de transparencia, derecho procesal, derechos de autor y ciberseguridad en diversas universidades chilenas, como la Universidad de Chile, Universidad Mayor, Universidad Central, Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado.

Además, ha trabajado en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, fue asesor para la Ley N.º 21.180 sobre Transformación Digital del Estado en la Secretaría General de la Presidencia y fue asesor legal en el Consejo Nacional de Televisión. Actualmente, es consejero en el Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías y es asociado de la firma AltLegal.

“Hemos elegido a Carlos en nuestro Directorio en virtud de su destacada trayectoria académica, social y en el ámbito de los derechos fundamentales”, explica Fuentes acerca del motivo de la elección Reusser.

El análisis de Reusser

Algunos logros que Robinson Fuentes destaca de la institución son varios proyectos legislativos, recomendaciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y de la “Comisión Engel”. Además, destaca la priorización por parte de la ciudadanía de la temática de la Defensoría del Pueblo durante la etapa participativa del proceso constituyente del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, así como la consagración de la institución en la propuesta constitucional que se sometió a plebiscito el pasado 4 de septiembre.

Fuente: Capítulo Chileno del Ombudsman

A pesar de ello, todavía no se ha logrado establecer la figura del Defensor del Pueblo en el país. Carlos Reusser opina que existen muchas razones para este fracaso y también menciona que ha habido múltiples opositores a la idea en diferentes momentos de la historia de la organización.

“Tal vez el enemigo más persistente ha sido la ignorancia, y no estoy hablando del desconocimiento sobre el tema que pueda tener la población general, sino más precisamente de los que llamamos “clase política”: cuando descubren que la institución del ombudsman recibe también el nombre de “Defensor del Pueblo”, se generan una serie de resquemores, a veces con ribetes tragicómicos, en que nos dicen que nunca apoyarían la creación de una institución con esa denominación, pues en su imaginario el concepto de “pueblo” tiene una connotación ideológica de izquierda”, explica Reusser, lamentando esa simplificación que se limita a dividir entre derechas e izquierdas.

El nuevo secretario general también señala a los detractores circunstanciales que han obstaculizado la integración de un Defensor del Pueblo. “Hace años atrás varios diputados nos decían que no avalarían la idea de legislar, pues el fiscalizar el funcionamiento de la Administración Pública era atribución exclusiva de ellos; también encontramos en su momento la oposición de la Contraloría General de la República, que consideraba que el examen de legalidad de las actuaciones de los organismos públicos era de su competencia”, añade.

Algunos de los planes que Reusser tiene en su nuevo cargo en la organización incluyen generar alianzas estratégicas con organizaciones y grupos que puedan fortalecer la idea de establecer un Defensor del Pueblo en Chile, construir canales de contacto con legisladores y líderes políticos clave, y buscar oportunidades para dialogar con representantes del Gobierno.

“Desde mi perspectiva, para lograr la meta de tener un Defensor del Pueblo requerimos de formación y conocimiento, tanto de nuestras autoridades públicas, como también de parte de la ciudadanía, que tantas veces se encuentra en dificultades y no sabe a quién recurrir, en un país que cuestiones tales como el acceso a servicios jurídicos está lejos del alcance del grueso de la población”, concluye Reusser.

 
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