¿Camina España hacia una Ley de Amnistía?

Claudio Soto Coronado, director asociado para Europa. Como en las matemáticas, en la política los votos cuentan y, especialmente ahora que el actual gobierno de Pedro Sánchez necesita los sufragios del grupo independentista de su líder —hoy eurodiputado en Bruselas— para continuar en La Moncloa, teniendo a la vista que las opciones de investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP), quien ganó las elecciones generales, está condenada a no llegar a buen puerto.

Las señales del gobierno en funciones —sobre si avanzará en una Ley de Amnistía— no han sido claras y han dejado un reguero de opiniones a favor o en contra de si su aplicación está apegada a la Constitución. El PP y también la vieja guardia del PSOE ya se han mostrado críticos, pues en su opinión supone borrar de un plumazo los delitos cometidos por quienes lideraron la opción independentista en 2017 a favor de un pacto que dañaría en demasía la democracia española.

Oriol Junqueras

Fue el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras (Indultado por Sánchez), quien el martes pasado detonó una verdadera bomba a las afueras del Congreso en Madrid, al señalar que una Ley de Amnistía, ya estaba pactada con el PSOE, lo que aceleró el debate de fondo a favor y en contra, más aún cuando hace un año el propio Gobierno la descartaba. Como siempre, en política no existen los blancos o negros, sino una inmensa gama de grises.

En España, la Ley de Amnistía —entendida como una facultad de gracia de los gobernantes aplicada en determinado periodo— cuenta con algunos antecedentes históricos, pero aparece más nítidamente como norma general en 1977, fecha en que el Gobierno la promulgó con el fin de aportar a la transición del franquismo a la democracia, posibilitando con ello el perdón de todos quienes había cometidos delitos y faltas con anterioridad a ese año. Sin embargo, hasta hoy grupos por los derechos humanos y memoria democrática han reclamado que esa ley ha imposibilitado juzgar y condenar delitos políticos.

El problema es que la figura de la amnistía no está en la actual Constitución, generando con ello un debate técnico, jurídico y político sin fin. Algunos expertos dicen que como no está recogida ni prohibida, una posible aplicación no sería inconstitucional, pero otros, señalan que una norma de este tipo es asimilable a un “indulto general”, desechado expresamente en el artículo 62. El artículo, en su letra i dice textualmente que “Corresponde al Rey, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”.

Isabel Rodríguez

Sin embargo, la amnistía sí está presente en la excepción cuarta del artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en ese caso podría aplicarse como una de las causales de extinción de la responsabilidad penal. Las voces dentro del gobierno señalan que con ello el constituyente sí la prevé, pero los críticos dicen que solo se trata de una ley procesal (es un artículo de previo pronunciamiento) y que primero debe haber una reforma al Código Penal, ya que este no la expresa en ninguna de las causales que extinguen la responsabilidad frente a los delitos (si está el indulto).

Lo que sí está claro es que para avanzar en esta alternativa —que abriría las puertas a una investidura de Pedro Sánchez— es necesaria una propuesta de ley por parte de los grupos parlamentarios y una tramitación exprés (con urgencia). Así como están las cosas, los votos y los tiempos estarían justos, pero asegurados, pese a que en el Senado se encontraría con el veto del PP. Lógicamente, primero debe resolverse la investidura en curso del Popular Feijóo. Mientras, las opiniones a favor y en contra llenan páginas y horas en los medios de comunicación, el Gobierno en funciones, sortea el bulto, analiza todas las opciones jurídicas para dar con los plazos legislativos y avanza.

“Hoy Cataluña está infinitamente mejor de lo que estaba entonces, hoy en Cataluña se respetan las normas y la Constitución española, y lo hemos conseguido por la vía del diálogo y del acuerdo y hemos conseguido desde la política que la ciudadanía no viva en un permanente conflicto social y político, que es lo que existía en la Cataluña de 2017, y nunca al margen de la Constitución, y esa sigue siendo la senda en la que trabaja y trabajará el presidente del Gobierno”, respondía en su última rueda de prensa la Ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez. La vía está abierta.

Fotografía de portada: Congreso de los Diputados / Web

 
También te puede interesar:
— Chile: el caso Urrutia y las falencias de los procesos disciplinarios a jueces
— Abogados de Barcelona, en pie de guerra por supuesto espionaje
— Abogadas y juezas afganas debieron huir o esconderse