«Bufete de la impunidad»: corrupción en Guatemala

En el año 2015, Guatemala fue remecida por el caso «La Línea», una red de contrabando aduanero y corrupción conformada por varios miembros de la clase política y empresarial del país. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo independiente que funcionó de 2006 a 2019 y fue creada entre Naciones Unidas y el gobierno de la nación, fue la que descubrió la existencia de esta organización, conocida coloquialmente como «La Línea», dedicada a defraudar al Fisco.

Otto Pérez Molina

De acuerdo a información recopilada en diversos medios, algunas de las personas involucradas fueron Otto Pérez Molina, presidente en ese entonces de Guatemala; Roxana Baldetti, vicepresidenta del país; Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti; Álvaro Omar Franco Chacón, jefe en 2015 de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el expresidente de esa institución Carlos Muñoz. Además, la estructura la conformaba también Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias «Teniente Jerez» y antiguo miembro del cartel de contrabando liderado por Alfredo Moreno Molina, y Salvador Estuardo González, alias «Eco», empresario y presunto coordinador de «La Línea».

La investigación descubrió que empresas importadoras le pagaban al expresidente Moreno y sus asociados para que falsificaran documentos aduaneros y redujeran el valor del impuesto cuando ingresaban productos al país. Para tal tarea, los miembros de «La Línea» daban comisiones, que en total llegaron a los 5 millones de quetzales o US$ 649.855, a funcionarios de Aduana para que dejaran pasar las importaciones con documentos modificados. En total, 35 empresas participaron en la defraudación al Fisco, lo que le costó al Estado guatemalteco 14,3 millones de quetzales (cerca de US$ 1.850.000).

El caso dio fin al gobierno de Molina. Tras un periodo de manifestaciones en que el pueblo pidió su renuncia, Molina decidió dejar el cargo de Presidente de la República el 2 de septiembre de 2015 y al día siguiente presentarse ante la justicia para enfrentar los cargos de cohecho, asociación ilícita y defraudación aduanera.

Pero la historia no termina aquí. Durante el procesamiento de los imputados ocurriría un hecho que revelaría la corrupción presente en el mundo judicial guatemalteco, y que desembocaría en una investigación aparte del caso «La Línea».

El «Bufete de la impunidad» sale a la luz

Los imputados por el caso «La Línea» fueron derivados al Juzgado Octavo Penal tras su arresto, dando inicio al proceso judicial. Tras la audiencia de primera declaración, la gran mayoría de los involucrados en el caso fueron enviados a prisión preventiva durante la investigación; sin embargo, hubo un grupo de imputados, entre los que se encontraban el «Teniente Jerez» y «Eco», que de manera sorpresiva lograron que se les otorgara como medida sustitutiva la libertad tras pago de fianza.

Composición del bufete de José Arturo Morales Rodríguez. Fuente: CICIG

Marta Sierra de Stalling fue la jueza que tomó la decisión, pero sin atenerse a la ley: los fiscales obtuvieron evidencia para el caso «La Línea» por medio de escuchas telefónicas y fue ese mismo método el que reveló que con el fin de evadir la prisión preventiva, algunos de los imputados coordinaron con sus abogados el pago de sobornos a Stalling.

Las investigaciones revelaron también la existencia de una estructura criminal dentro del propio sistema de justicia, compuesta por abogados que a cambio de dinero hacían uso de su sus influencias, sobornos y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a sus clientes.

Quien controlaba tal estructura era el bufete de abogados de José Arturo Morales Rodríguez. Un día antes de que Sierra de Stalling otorgara la medida sustitutiva fue vistada en su despacho por el propio abogado en persona. «Este bufete de impunidad lo que pretende es, con sus amistades y relaciones, cubrir todos los frentes para lograr esas medidas sustitutivas, y esas medidas se conceden», comentó al respecto el comisionado de la CICIG durante 2015, Iván Velásquez, en una nota de Plaza Pública.

Los imputados retiraron dinero de sus cuentas bancarias para pagar la fianza, pero también para pagarle a Stalling. El monto del soborno que llevo a la jueza a cometer el crimen fue, de acuerdo al sitio No-Ficción, de 18.786.31 quetzales o 244.492 $US. Además, las investigaciones revelaron que el hijo de Sierra de Stalling, el abogado Roberto Stalling Sierra, también colaboró con el «bufete de la impunidad» al asistir a los abogados a entrar en contacto con su madre y en la coordinación del soborno.

Casos de alto impacto

Fueron 9 las personas acusadas en el caso «bufete de la impunidad», entre los que se incluye a José Arturo Morales Rodríguez, miembros de la firma, Sierra de Stalling y su hijo. Debido a que la jueza estaba encargada del caso «La Línea», se presentó una solicitud con el fin de removerla del caso y de que éste se trasladara a un Juzgado de Mayor Riesgo, serie de tribunales que se crearon en Guatemala con el objeto de garantizar la seguridad de jueces y testigos en casos de alto impacto.

Marta Sierra de Stalling en audiencia Fuente: CICIG

Tras 7 años, finalmente se dio inicio al juicio por el caso «La Línea», en enero de 2022, en el Tribunal de Mayor Riesgo B, mientras que los acusados en el caso «bufete de la impunidad» han seguido un camino paralelo.

Originalmente, en 2017, los imputados pasaron por el Juzgado Tercero Penal, a cargo del juez Mynor Moto, actual prófugo de la justicia por aceptar sobornos, quien durante la audiencia dictó la resolución de sobreseimiento debido a indicios «insuficientes» para determinar que debían enfrentar un juicio.

Tal decisión fue anulada en 2021 por la Sala Cuarta de Apelaciones de Guatemala, que determinó que sí había pruebas para realizar un juicio y que debía ser realizado por el Juzgado Tercero, el cual tendrá que decidir en el futuro el rumbo que tomará el proceso judicial.

Los imputados se encuentran a la espera del inicio del juicio, en el que se les procesará por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. «Que los jueces vendan sus decisiones genera una gran tristeza», mencionó el comisionado de la CICIG Velásquez, en una nota de Soy502 sobre el caso.

 
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