¿Avanza Chile hacia la desnotarización definitiva?

Mientras en Chile la discusión política de la semana recaía en las propuestas para enfrentar los magros resultados en el ámbito de la seguridad pública, incluida la aprobación de una ley exprés que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, desapercibidamente en los pasillos del Congreso avanzaba el proyecto que busca suprimir o modificar la intervención de notarios en diversos trámites, actuaciones y gestiones judiciales.

Se trata de una propuesta del Gobierno, ingresada hace ya 3 años (mayo de 2020) y que deriva se una serie de iniciativas para reformar la institucionalidad de notarios y conservadores de bienes raíces, pero que hasta aquí no habían generado un consenso general, ni técnico, ni jurídico, aparte de la resistencia de estos órganos auxiliares de la justicia. Sin embargo, esta semana el proyecto dio un paso sustancial, luego que por amplia mayoría el Senado lo aprobara en general, permitiendo entrar a su discusión en la Comisión de Constitución, en segundo trámite legislativo.

Opiniones

Luz Ebensperger

La presidenta de la Comisión, Luz Ebensperger, explicó que se plantea eliminar, entre otros, la exigencia de documentos autorizados en notarías por parte de órganos del Estado, haciendo menos burocráticos -y de paso más económico para las ciudadanos- trámites que se duplicaban o triplicaban, como por ejemplo, el de reducir a escritura pública una serie de gestiones administrativas que ya son ratificadas por ministros de fe de la administración gubernamental.

Luis Cordero

En la misma línea, tras la votación del proyecto, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, destacó que la iniciativa es una más de las que busca reformar el sistema notarial eliminando trámites que son innecesarios de acuerdo a la actual legislación y alivianando los costos.

Ideas matrices

De acuerdo a la iniciativa, ingresada en mayo de 2020 por el Gobierno del Ex Presidente Sebastián Piñera, en 2018 la Fiscalía Nacional Económica había identificado al menos 205 trámites o servicios notariales que son exigidos a los ciudadanos en virtud de una ley. Asimismo, explica el texto, la Administración del Estado, instituciones privadas y los usos jurídicos, han establecido exigencias adicionales “que no forman parte de los requisitos de los actos jurídicos, que han hecho necesario recurrir a los servicios notariales”.

“La modernización del Estado y el fortalecimiento y masificación de la firma electrónica generan un nuevo escenario que facilita la realización de estas diligencias. Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario disminuir los trámites que se realizan ante o por un notario y facilitar así la vida de los ciudadanos, reduciendo la intervención de los mismos en diversos actos y contratos”, argumenta el boletín original.

Modificaciones

El objetivo del proyecto —que complementa uno más amplio, estructural y que busca modernizar además a los Conservadores de Bienes Raíces, también en el Congreso— es impactar en diversos cuerpos legales para suprimir o modificar la intervención de notarios en diversos trámites, actuaciones y gestiones. Así, por ejemplo, se elimina de varios cuerpos legales el requisito de reducir instrumentos a escritura pública o de autorizar ciertos instrumentos ante notario, “cuando no es estrictamente necesario para el buen cumplimiento de dichos trámites o diligencias”.

Entre estos cuerpos legales que deberán ser modificados están, por ejemplo, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, respecto al permiso de alteración de viviendas económicas; la Ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una Ley de Reorganización y Liquidación de empresas y personas, perfeccionando el rol de la superintendencia del ramo, respecto a la delegación de facultad del deudor para absolver posiciones en el procedimiento concursal; o el Decreto con Fuerza de Ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, respecto al poder del suplente del agente de aduanas.

También se modifica la Ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, respecto al nombramiento del comité de administración del condominio y al acuerdo de administración conjunta de dos o más condominios; la Ley N° 19.542, que moderniza el sector portuario estatal, respecto a la recusación de director de empresa portuaria en que se alega inhabilidad para conocer un negocio determinado; o el Decreto con Fuerza de Ley N° 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de Minería, de 1982, y Ley General de Servicios Eléctricos; respecto a la resolución que autoriza concesiones eléctricas provisionales, a la resolución que autoriza concesiones eléctricas definitivas y al proceso posterior a las adjudicaciones de obras nuevas.

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