Austria y Singapur son modelos a seguir en acceso a la justicia

Cuando el Covid-19 paralizó al mundo en 2020, la justicia tuvo que adaptarse y funcionar de manera no presencial. De las distintas soluciones que se implementaron en el mundo, 4 casos han sido destacados: el Civil Resolution Tribunal (Canadá), eLitigation (Singapur), JustizOnline (Austria) y Money Claim Online (Reino Unido).

“Buscamos contrastar estas nuevas experiencias de digitalización o incorporación de herramientas tecnológica en la justicia, para analizar si es que existían cambios en los estándares de acceso a la justicia civil. Al mismo tiempo, identificamos una serie de experiencias comparadas en diferentes países que habían incorporado herramientas tecnológicas”, explicó Pablo Cantillana, uno de los investigadores del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas, de la facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), durante la presentación del informe “Acceso a la Justicia y Utilización de TICs en la Justicia”.

El trabajo se enmarca en el desarrollo del proyecto “The Impact of Information and Communication Technologies on Access to Civil Justice in Chile: Learning from the Covid-19 Pandemic”, impulsado por la Tinker Foundation.

Pablo Cantillana

La investigación busca dar recomendaciones para el uso de tecnologías de la información y comunicación (TICs), por medio del estudio comparativo con la experiencias de diversos países, con el objeto de mejorar el acceso a la justicia civil en Chile.

Los servicios seleccionados como casos significativos fueron aquellos que hubieran permitido la tramitación y litigación de casos de baja complejidad y cuantía, de forma semi o totalmente a distancia.

En Chile, la Ley N° 21.226, de fecha 2 de abril de 2020, y la Ley Nº 21.394, de fecha 30 de noviembre de 2021, permitieron el establecimiento de un régimen que faculta a las partes a comparecer por vía remota a audiencias y alegatos. Tras el fin de la crisis, tal sistema se ha mantenido en el sistema de justicia chileno.

Isabel Aninat

“La pandemia fue un momento donde vivimos mucha innovación, pero ahora tenemos la distancia necesaria para hacer una reflexión sobre qué se puede rescatar, qué cosas funcionaron y que cosas fueron implementadas sobre la marcha de forma apresurada; las que podemos tomar, mejorar y ajustar”, dijo Isabel Aninat, decana de la facultad de Derecho de la UAI.

Las expectativas para 2024

Dentro de Chile, Ricardo Lillo, director del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas, destaca, en conversación con este medio, a la Oficina Judicial Virtual como un caso de utilización de TICs que cuenta con el potencial de ampliar el acceso a la justicia. Es por ello que en 2024 el laboratorio centrará su mirada hacia adentro, con el objetivo de elaborar un nuevo informe centrado en el desarrollo chileno.

Ricardo Lillo

Otros países de la región que Lillo destaca son Brasil, México, Colombia y Argentina, donde se habrían realizado usos interesantes de inteligencia artificial y bases de datos jurisprudenciales. “En general, la digitalización de la justicia en América Latina tuvo una aceleración importante con la pandemia, con comunicación instantánea e intercambio documental, pero en algunas jurisdicciones la modernización de infraestructura tecnológica ya se encontraba en un nivel bastante robusto desde antes, como es el caso de Chile o Costa Rica”, dice.

Enfocándose en desarrollos tecnológicos para 2024, destaca los chatbots basados en IA, que permiten a un usuario encontrar soluciones y sitios que simplifican el uso de formularios en diversos tipos de procedimientos. Un ejemplo que destaca en Chile es el sistema del sitio “Trámite Fácil”: “Con estos fines, ambos tipos de herramientas requieren necesariamente de un procedimiento de co-diseño. Es esto lo que destacaremos como ‘tendencia’, pues ya está aceptado que la implementación de TICs en la justicia requiere de un trabajo colaborativo entre usuarios y profesionales. Es decir, no digitalizar por digitalizar o porque esté de moda, sino porque realmente va a facilitar el trabajo de los usuarios finales”.

Mariano Werner

“El acceso a la justicia para un montón de gente es lenta, la justicia es cara y muy opaca”, fue la opinión de Mariano Werner, de Lemontech, durante la presentación del informe.

Para el empresario, el país cuenta con las herramientas para realizar una modernización tecnológica en el sistema de justicia: “Chile tiene enormes ventajas para dar un salto realmente grande. En primer lugar, funciona de forma unitaria, lo que haría el proceso más fácil que en un sistema federal. Por supuesto, no es perfecto, pero por eso es importante el cambio, porque lo de hoy tampoco lo es”.

Werner también comentó que si bien el informe explora casos en Europa y Asia, también es relevante revisar ejemplos chilenos y ver cómo a través de ellos se puede mejorar el acceso a la justicia: “No necesitamos la octava versión de ChatGPT para conseguir una mejora sustancial, sino que las ganas. Con algunas automatizaciones simples, con más estadísticas, se empieza a sacar todos los tramites meramente formales de encima de los jueces para que puedan prestar atención a los temas difíciles: se vuelve todo más rápido y más claro”.

En sintonía con Werner, Lillo estima que la industria de legaltech juega un papel importante en mejoramiento del acceso a la justicia. Algunos ejemplos que destaca son aplicaciones como CaseTracking, que podría servir de inspiración para un sistema más orientado a los ciudadanos, logrando así que las necesidades legales de los usuarios puedan ser satisfechas sin necesidad de contar con abogados, en materias como derecho de consumidor o de arrendamiento.

“En el ámbito comparado todavía hay herramientas web-based que permiten a las personas elaborar instrumentos jurídicos sencillos, como algunos contratos o testamentos, o contar con una plataforma que permita a las personas encontrar abogados dispuestos a llevar sus casos”, añade.

Riesgos a considerar

Susan Sepúlveda, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, compartió sus observaciones del informe durante el evento, contando su experiencia en 2003 trabajando en el Poder Judicial, donde fue testigo de la introducción de la computadora como herramienta esencial para los funcionarios y tomando importancia en un sistema que previamente operaba solamente con recursos materiales físicos, permitiendo una mejora en la transparencia: “el control democrático que permite la transparencia es una ventaja digna de rescatar”.

Susan Sepúlveda

Pero también Sepúlveda señaló los riesgos, destacados por el informe, que puede acarrear la introducción de TICs en la justicia: “Un problema estructural es la brecha digital, por lo que es una responsabilidad de que cuando voy a implementar dentro de la institución alguna herramienta tecnológica debo ser consciente de la brecha y no aumentar las limitantes de acceso a la justicia, debo crear mecanismos para que aquellos que no puedan acceder por vía digital aún pueden hacer uso del sistema”.

También la directora nacional comentó que es necesario entender que cualquier implementación tecnológica requiere necesariamente una evaluación previa: “No se puede implementar sin saber cuál es la necesidad, porque ocurre muchas veces que se realizan una serie de mesas de trabajo donde aparecemos los abogados, sin conocimiento tecnológico, y queremos automatizarlo todo solo por automatizar. Por eso es necesario las herramientas piloto y la evaluación posterior”.

Otro riesgo que añade Ricardo Lillo es el que gira en torno al diseño y el uso de IAs, dado que existe la posibilidad que funcionen bajo los sesgos que quienes diseñan el algoritmo podrían haber tenido: “Eso puede resultar particularmente complejo y difícil de pesquisar respecto de herramientas basadas en IA. Por ejemplo, ¿Qué pasa si quien diseña una IA sobre cobro de pensión de alimentos es un deudor de alimentos? Por lo mismo, es fundamental el respeto de estándares de transparencia y control humano respecto del funcionamiento de estos mecanismos”.

También existe la posibilidad de una impersonalización de la justicia o una participación menos efectiva si se llegara a automatizar el sistema judicial: “Bastante se ha investigado en materia penal sobre estos riesgos, mucho menos en el ámbito civil, área donde justamente apunta nuestros informes”.

Con respecto a los efectos que puede tener la implementación tecnológica en el mercado laboral jurídico, Lillo no cree que se produzca un reemplazo propiamente tal de operadores del sistema: “Lo que sí puede ocurrir es que quienes no adopten la utilización de tecnologías en su trabajo diario adolezcan por esa razón de una desventaja en comparación con quienes sí lo hagan. La implementación de más tecnología, en estudios o gerencias legales, instituciones del sistema de justicia y en relación con el público general, más que generar un remplazo en los puestos de trabajo, debiera descargar de tareas monótonas y repetitivas, que no aportan valor, para que estos actores y operadores del sistema puedan abocarse a lo que es realmente importante”.

 
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