Aumento indiscriminado de las penas sería una respuesta fácil, pero inútil

 
La iniciativa —presentada en enero de 2015, hoy en segundo trámite constitucional— que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y que apunta a mejorar la persecución penal en dichos delitos, no genera aún el consenso necesario para ser despachado por la sala, ya que por contener normas que modifican preceptos constitucionales necesita de un alto apoyo.
 
En términos concretos, el proyecto —que incluye modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la ley N° 18.216 de penas sustitutivas a las privativas de libertad, entre otras— ha trabado su discusión sobre todo en la facultad que se otorgaría a las policías para realizar un control de identidad preventivo, distinto al actual control del artículo 85 del CPP, lo que ha generado una amplia discusión sobre su posible arbitrariedad, aplicación discriminatoria y la efectividad real que tendría para disminuir los delitos.

Expertos opinan sobre las penas

Fuera del ámbito político, el debate tampoco genera apoyos transversales. Este lunes, el propio decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile y connotado abogado penalista, Davor Harasic, manifestó en la apertura de un seminario destinado a debatir sobre la iniciativa, sobre los alcances del mismo, señalando que “el aumento indiscriminado de las penas es una respuesta fácil, pero inútil”, poniendo en entredicho el aporte de esta política frente a la criminalidad.
 
Quien se desempeñara como asesor del Ministerio de Justicia en la época que se presentó la iniciativa, el profesor Jean Pierre Matus, en tanto, explicó que el proyecto persigue una utilidad práctica. Esto es —señaló— “abordar los problemas que el sistema tiene para perseguir los delitos menor connotación social (como hurtos y robos), y la aplicación mecánica de un sistema de penas que no se hace cargo de los problemas que plantea la reincidencia”.
 
La directora del área de Justicia y Reinserción de Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales, retrucó la agenda antidelincuencia señalando que se trata de una “política equivocada, porque no tendrá efectos disuasivos, ni tampoco efectividad en su aplicación”, ya que —explica— “está pensada para delitos que en un alto porcentaje no tiene imputados conocidos”.
 
Por último, Juan Pablo Mañalich, doctorado en Derecho de la Universidad de Bonn (Alemania), advirtió que el peligro de la agenda corta es que con ello definitivamente se cerraría el camino a una modernización del Código Penal chileno, que data de 1874. “Si este proyecto de ley se consolida no es posible pensar en una reforma al Código Penal”, señaló.