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viernes, 13 de marzo de 2026

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Atreverse

«Lo que hizo la Subsecretaría, de hecho, fue ocuparse de un problema que nos aflige a todos y que son las llamadas no deseadas. Puede no haber sido lo más pulcro desde el punto de vista administrativo, pero sí se atrevió a hacerse cargo del asunto e intentar proponer una solución».

Gianpaolo Peirano - 13 marzo, 2026

Desde niños nos enseñaron a atrevernos. Atrevernos a preguntar en el colegio, atrevernos a hablar en público, atreverse a decir que no. Era y es una condición que nos ponen nuestros familiares para alcanzar la madurez.

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Pues bien, lo que hizo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, a través de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, al modificar la normativa que clasifica los servicios complementarios del servicio público telefónico (Resolución Exenta N°1319 de 2004, reemplazada por la Resolución Exenta N°286, publicada en el Diario Oficial el 13 de febrero de 2025), incorporando nuevas categorías de comunicaciones masivas y asignando los prefijos 809 y 600 a servicios de comunicaciones no solicitadas y solicitadas, respectivamente, fue eso: atreverse.

Lo que hizo la Subsecretaría, de hecho, fue ocuparse de un problema que nos aflige a todos y que son las llamadas no deseadas. Puede no haber sido lo más pulcro desde el punto de vista administrativo, pero sí se atrevió a hacerse cargo del asunto e intentar proponer una solución.

Por lo tanto, al igual que en la educación de nuestros hijos, lo que hay que hacer es apoyar, favorecer y propiciar el atreverse.

Sin embargo, recientemente la Corte Suprema acogió un recurso de amparo económico de la Asociación gremial de empresas de retail financiero para excluir de esta obligación a dicha industria.

Centró la Corte su análisis en determinar si la cobranza telefónica puede calificarse jurídicamente como un “servicio complementario”, en los términos de la legislación de telecomunicaciones y concluyó que la cobranza extrajudicial telefónica no comparte esas características: no es un servicio ofrecido a los usuarios de telecomunicaciones, ni una prestación comercializada, sino una comunicación dirigida por un acreedor a un deudor determinado para exigir el cumplimiento de una obligación.

Pero el acento de estas líneas no es atender si el fallo de la Corte Suprema es correcto o no desde el punto de vista del Derecho. El foco es poner un signo o una señal de alerta por los próximos desafíos regulatorios que enfrenta la industria de telecomunicaciones y de nuevas tecnologías.

Las posibles soluciones a la excesiva carga regulatoria de que nos quejamos con razón a diario, no puede estar centrada en generar leyes para derogar las existentes o publicar nuevas leyes que interpreten y resuelvan la maraña de leyes, decretos y resoluciones. Aquel camino, no tan de manual o de cátedra, debe ser considerado de forma seria, para realmente entregar soluciones a problemas coyunturales.

En estos tiempos, la extremada racionalidad jurídica, aquella racionalidad de Kelsen, debe pasar más a observar los hechos y regular desde la praxis, para cuidar el propósito y el sentido común.

Similar reflexión, cabe también para la expectante e inminente implementación de la ley marco de autorizaciones sectoriales. El ejemplo reciente sobre la eliminación de numeraciones complementarias para la industria del retail financiero, nos recuerda que el éxito de un plan que lleve a cabo la ley de pemisología implica también la eliminación, derogación e interpretación de leyes ya existentes.

La ley marco de autorizaciones sectoriales significará una revisión de las normas regulatorias ya existentes, algo similar a lo que se realizó en Argentina con el Ministerio de Desregulación. Conforme a ello, los innumerables actos administrativos en uno y otro sentido, que deben generarse, no deben ser bloqueados por eventuales recursos judiciales.

Entendemos que en este tema, no hay quién no esté de acuerdo en el objetivo último, que es promover la inversión, transparencia y certeza jurídica, a través de la correcta ejecución del trabajo desde la Oficina del Ministerio de Economía creada para tales efectos.

El reciente recurso de amparo económico pone una alerta a la correcta y tan anhelada puesta en marcha de aquellas tareas que deben desarrollarse para que realmente palpemos un cambio en los trámites que se realizan a diario, que no solo ponen en riesgo la inversión en distintos mercados, sino que también nos resultan engorrosos a cada uno de nosotros.

 
* Gianpaolo Peirano ha sido director de regulación y de asuntos externos de Telmex, Claro, AT&T y DirecTV.
 

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