Aproximaciones y abordajes del crimen organizado

En la agenda de seguridad y en los medios chilenos el crimen organizado (CO) ocupa hoy un lugar central. Se le atribuye la principal responsabilidad del aumento del homicidio que alcanza 6/100.000 habitantes, cifra que coincide con el promedio mundial, pero significa en Chile un auge de 50% con respecto al período anterior al COVID. Provocó también un cambio cualitativo desde 2022 en materia de homicidio que pasó de ser un delito interpersonal a un crimen asociado a la acción de organizaciones criminales con una concentración de 35% de homicidios en 15 comunas de la Región Metropolitana (RM) donde las comunas de Santiago, Recoleta y La Pintana superan 10/100.000, como también en el norte Arica y Calama.

Franz Vanderschueren

Estos homicidios son cometidos por hombres con antecedentes penales y con una participación mayor que antes de extranjeros (17%). Se relaciona este auge al CO proveniente de la migración con el ejemplo emblemático del “tren de Aragua” (TDA) que corresponde a una banda venezolana que logró insertarse en los campamentos y en distintos sectores populares de varias regiones, en particular de la RM y en las cárceles donde por su larga experiencia alcanza a reclutar.

¿Qué significa esta penetración del CO en Chile? Una respuesta a esta pregunta supone entender la complejidad de la noción del CO que no tiene una definición consensual. Es una categoría cualitativamente diferente a otros delitos con su amenaza a la sociedad y al poder del Estado por su carácter de empresa ilegal, su permanencia en el tiempo, como por su uso de la violencia. Las características más recurrentes del CO en distintos países son: búsqueda de lucro, división del trabajo jerárquica, uso de violencia y algún grado de complicidad con agentes públicos.

A estas características se suman el lavado de dinero que es fundamental para el enriquecimiento efectivo de los carteles, la amenaza para el Estado a través del control de algunos territorios tanto para la venta ilegal como para el reclutamiento de mano de obra, la substitución de funciones propias del estado como la cobranza de impuestos y finalmente el riesgo de la gobernanza criminal que solo es posible con la complicidad de actores estatales y que puede llevar hasta la regulación de comunidades enteras.

Para entender el impacto del CO en el país hay que verificar la evolución del homicidio, como se hizo brevemente al inicio de este texto, pero también identificar las diversas expresiones del CO en los territorios. En el caso de la RM, la multiplicidad de bandas criminales que preexistían a la llegada del TDA, tenían especialidades diversas como drogas, portonazos, robos violentos, trata de personas, ventas de armas, etc. e imponían el control territorial por organizaciones de clanes familiares. El TDA ha logrado relacionarse con varias de ellas y de algún modo iniciar un proceso de federación, modernización y regulación de estos grupos. Le ofrecieron un apoyo a su acción delictual, multiplicando sus posibilidades de expansión a través de nuevas prácticas o la ampliación de sus negocios.

Importaron formas de violencia vigentes en otros países e introdujeron métodos de coerción y amenazas inhabituales en Chile como la extorsión, el homicidio, el secuestro y el sicariato. Se instalaron territorialmente donde existía un terreno no ocupado por bandas chilenas, en particular el centro histórico en Santiago donde han utilizado el mercado de la prostitución como puerta de entrada. No solo introdujeron prácticas nuevas e intentaron articular las bandas aliadas, sino que les abrieron los vínculos internacionales, comenzando a otorgarles una dimensión geopolítica.

Queda por verse si esta dimensión internacional conducirá a una expansión del narcotráfico o a otras formas de delincuencia y a una expansión criminal a través de los puertos que ofrecen oportunidades por el largo de las costas chilenas.

Otro aspecto relevante es el grado de penetración del CO en barrios deteriorados como los llamados de alta complejidad, donde el tejido social se ha fragmentado transformándolos en campos fértiles para el control territorial y el reclutamiento de mano de obra. La expansión del CO hacia estos barrios dependerá del fortalecimiento de las bandas articuladoras, de la acción del estado, de su grado de resistencia y resiliencia frente a los intentos de generar complicidades a todos los niveles y también de la política dirigida a los barrios críticos. Esta última requiere un enfoque de seguridad humana y holística donde el conjunto de vulnerabilidades sociocriminales debe ser abordado simultáneamente y en el corto y largo plazo.

Además del lavado de dinero presente desde hace décadas e invisibilizado, el CO ha provocado en los últimos años un salto cualitativo de la criminalidad chilena sobre todo debido a la capacidad articuladora de bandas provenientes de la migración que generan nuevas prácticas criminales y son potencialmente capaces de penetrar y controlar barrios de alta complejidad y progresivamente buscar complicidad con agentes públicos.

Pero es un proceso que hoy no está al nivel de los carteles potentes de otros países donde se verifican la presencia del conjunto de características del CO. Como evitar mayor progreso del CO es el desafío que enfrenta Chile. Requiere inteligencia policial, efectividad judicial y coproducción de seguridad entre todos los actores institucionales y de la sociedad. También exige políticas de prevención dirigidas a los barrios más deteriorados que podrían ser futuras conquistas del CO para la reproducción de su mano de obra.

Los datos de este texto están basados sobre la presentación de A. Frey y C. Saenz en el webinar del diplomado de Seguridad humana y ciudadana de Derecho UAH.

Franz Vanderschueren, es director del Centro de Seguridad Urbana y director del Magíster en seguridad urbana, prevención y política criminal de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

 
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