José María Alonso Puig: “Tenemos que participar en la elaboración normativa”

José María Alonso

Claudio Soto Coronado, desde Madrid
csoto@idealex.press

El Colegio de Abogados de Madrid es una de las entidades gremiales más antiguas de España. Fundado en 1596, está constituido por 77.000 profesionales, y busca hoy la “discusión en temas claves” para avanzar en una “justicia más moderna y accesible”.

Conversamos con el actual presidente de la entidad, José María Alonso Puig, quien aborda en esta entrevista los grandes temas que preocupan hoy a la abogacía: reconocimiento profesional, digitalización, reformas imperiosas al sistema judicial, como una nueva ley de enjuiciamiento criminal.

Alonso Puig también se refirió al impulso que cree necesario al sistema de arbitraje como apoyo a las inversiones y ciudadanía en España y Latinoamérica.

“El Colegio debe tratar de que la colegiación siga siendo obligatoria. Pero tenemos que darles valor añadido para que, en el caso de que la colegiación dejara de ser obligatoria, la gente quisiera seguir estando allí”, dijo en mayo de 2018 al medio digital Confilegal.

Desde política hasta inteligencia artificial, lee aquí lo que José María Alonso Puig está pensando hoy sobre la profesión.

— ¿Cuáles son los desafíos que hoy debe enfrentar la abogacía en España?
“Uno de los grandes retos es el reconocimiento de la labor del abogado en el funcionamiento del Estado de Derecho y la convivencia. En los últimos tiempos ha habido una especie de, no diría de desprestigio, pero si de un nivel más bajo de reconocimiento y eso hay que elevarlo. Esto, a través del respeto por parte de las instituciones de cualquier naturaleza, ya sean estas de carácter administrativo o judicial.

Tenemos además que tener una posición muy superior en toda la participación normativa. La participación de los abogados en lo que es la elaboración de las normas, no sólo en lo que se refiere a aquellas que nos afectan como profesión, sino que aquellas que afectan a nuestros clientes. Somos nosotros los que estamos en una relación más estrecha con el ciudadano, y, por ende, debemos tener una capacidad de influencia enorme en lo que es toda la producción y modificación legislativa.

El otro gran reto es que la abogacía sea capaz de acoplarse a la revolución tecnológica. Creo que ésta efectivamente supone algunas amenazas, puesto que determinadas labores pueden hacerse a través de herramientas de LegalTech, o inteligencia artificial, pero al mismo tiempo estarán surgiendo nuevas oportunidades. Creo que los abogados debemos, poco a poco, los más antiguos reconvertirnos, y los más jóvenes subirse a la ola de lo que está sucediendo”.

— En la reciente campaña presidencial todos los candidatos postularon cambios al sistema de justicia en España, pero en su opinión ¿cuáles son los más urgentes?
“Hay varias cuestiones que son importantes. En primer lugar, falta una clara armonización legislativa en esta especie de puzle que se ha creado a través del estado de las autonomías. Incluso a nivel informático los sistemas no son compatibles unos con otros, lo que hace que en ocasiones sea dificilísimo que los juzgados puedan conectarse. Es una cosa inconcebible.

En tanto, hay importantes reformas que debería abordarse de una vez. En primer lugar, lo que se refiere al Código Penal, con figuras que han estado apareciendo en forma preocupante como la sedición, la rebelión, los referéndums, etcétera, que deben tener una legislación más acomodada a los tiempos, ya que estamos pensando en situaciones más cercanas a fines del siglo XIX y a principios del XX.

Es muy importante que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la instrucción de las causas penales las haga el fiscal y no el juez instructor. Necesitamos un juez de garantía y no como lo encontramos hoy con dos acusadores: el propio juez y el fiscal. Esa es una situación que crea una absoluta indefensión. Creo que hacen falta reformas en la legislación concursal que fue producto de un pacto de Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que nació con muchísimas expectativas como fórmula para garantizar la supervivencia de las compañías, pero la realidad es que sigue adoleciendo de muchos de los problemas anteriores y esta sirviendo para liquidar negocios.

Para los abogados y el conjunto de la ciudadanía tiene que salir de una vez la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa. Es absolutamente inadmisible que este proyecto de ley este paralizado hace tanto tiempo. La preocupación que tengo —una preocupación compartida creo por todos los operadores del sistema de justicia— es que la justicia es algo que a cualquier partido político es lo que menos importa; y que al final les importan muchos más temas, por supuesto trascendentes, como la sanidad, laborales o de infraestructura, que de verdad una justicia, unos medios y una operatividad mucho mejor”.

— ¿Eso significa un atraso en comparación al resto de Europa?
“En el ámbito europeo hay distintos sistemas de justicia. Nosotros tenemos un sistema probablemente mejor que el italiano, una justicia equiparable a la francesa, pero peor que la inglesa y la alemana. Hay que dotar a la justicia de muchísimos más medios, hay que establecer criterios de evaluación de jueces, de promoción. Muchas veces se mira más a la cantidad que a la calidad”.

— Usted ha hecho carrera en estudios importantes con un trabajo potente en materia de arbitraje (Garrigues y Baker Mackenzie) ¿Cuál es la opinión que tiene de este mecanismo de resolución de conflictos en Latinoamérica, en donde se le mira como muy oneroso y orientado a los grupos económicos más que a la ciudadanía?
“La mirada sobre si se trata de una justicia para los ricos, no es así. Tuve una reunión muy productiva con los consejeros de justicia, economía, empleo y competitividad porque vamos a intentar potenciar una institución arbitral para la comunidad de Madrid para dilucidar todos los arbitrajes en materia de consumo. En este momento hay como 12 mil asuntos (causas) que se llevan allí, pero nos gustaría, por ejemplo, avanzar en el ámbito de los transportes o de las grandes superficies.

En lo que se refiere al arbitraje comercial, es verdad que todavía en España no hay un impulso grande como esta sucediendo en otros países, como en el caso de Perú. Este país ha metido la obligatoriedad del arbitraje en materias públicas (contratación pública), y eso se ha disparado. Aquí en España lo hemos intentado, pero la administración es bastante reticente a eso.

En cuanto al arbitraje internacional, está en absoluto desarrollo y siempre digo que no es una opción, sino que una necesidad. Si, por ejemplo, soy una empresa española y contrato con una chilena, para realizar una planta en Chile; o acepto someterme a los juzgados chilenos; o el chileno acepta someterse a los juzgados españoles y no existe un juez neutral, el arbitraje es una solución. Todo lo que se está haciendo en España y América Latina en materia de arbitraje está posibilitando el aumento de inversiones, o han permitido fenómenos de compañías multilatinas”.

—¿Y cuál es el sello que ha querido imprimir usted al Colegio de Abogados de Madrid?
“Credibilidad, eficacia y utilidad”.

 
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