Algunos aspectos relevantes del uso de tecnología en Derecho por los Estados y particulares

No es novedad que la tecnología ha impactado y cambiado nuestra forma de vida y la manera de relacionarnos.

Cristian Javier Medina

Este cambio abrupto que generó el uso de herramientas tecnológicas en nuestro estilo de vida ha hecho que se dejen atrás antiguas costumbres o usos. Pasamos de usar el taxi convencional a utilizar sistemas de viajes por medio de Apps; dejamos atrás el uso de guías o mapas de rutas y lo reemplazamos por el GPS o el mapa de Google; de jugar videojuegos tipo arcade pasamos a jugar en red con personas del otro lado del mundo; en lugar de adquirir una obra de arte en formato físico, compramos tokens representativos de obras de arte; dejamos de ahorrar en dinero convencional, y pasamos a “tradear” con criptos; las compras dejaron de ser un paseo por distintos locales comerciales para transformarse en una búsqueda infinita de productos en distintos e-commerce.

Todo este impacto trae aparejado grandes desafíos para los Estados y el derecho.

En lo que interesa al presente artículo, diremos que los Estados, a través de sus gobiernos, no han quedado exentos de este cambio repentino que trajo la tecnología. Muchos países han adoptado medidas de modernización del estado, que incluyen nuevas formas de gestión y comunicación digital (gobierno electrónico).

En países como Argentina se ha comenzado a trabajar en políticas de modernización del Estado en cuestiones relativas a Gobierno Digital, País Digital, Gobierno Abierto y Modernización Administrativa; podemos citar como ejemplo el uso del Sistema de Gestión Documental electrónica (GDE), el que es utilizado tanto de manera interna como expediente electrónico reemplazando a los viejos e interminables expedientes en papel; como de manera externa en beneficio de los administrados y proveedores, quienes cuentan con mayor celeridad en la gestión de trámites, sin necesidad de tener que recurrir a las oficinas correspondientes de manera presencial.

Sin perjuicio de las políticas públicas que se adopten para llevar adelante una modernización del Estado, los avances tecnológicos permiten interactuar a los administrados con los distintos organismos. Sin embargo, esta nueva forma de gestión trae aparejado distintos riesgos a tener en cuenta.

Uno de los principales focos de atención debe apuntar a evitar el tratamiento de datos personales para la toma de decisiones sin haberse tomado las medidas necesarias para resguardar los derechos de los titulares de los datos. De lo contrario, las personas, los gobiernos, los Estados se verían afectados por el uso de la tecnología, por estos avances que, de no ser utilizados de manera responsable, pueden ser catalogados como el lado oscuro de la cuarta revolución industrial y de la Web3. Lado oscuro que no se forma de manera intencional, sino que surge como resultado del intempestivo impacto que provoca el uso de la tecnología en todos los ámbitos de la vida.

Uno de los fenómenos que mayor impacto generó y continúa generando este lado oscuro de la cuarta revolución industrial, es la algoritmocracia, que deshumaniza la toma de decisiones. Se define a la algoritmocracia como el gobierno que se rige por algoritmos. La algoritmocracia parte de la base de la tecnocracia que postula que todos los problemas son técnicos, de allí que considere que dichos problemas pueden resolverse implementando algoritmos. Se dejan de tomar decisiones teniendo en cuenta nuestras convicciones, creencias o gustos, siendo influenciados a definir todo (o casi todo) por un algoritmo.

En la faz privada, muchas veces los algoritmos condicionan nuestras decisiones, elegimos qué comprar, a quién votar, a quién juzgar, a dónde viajar, a qué jugar, cómo ahorrar, basándonos en los resultados que arrojan los algoritmos.

Aquí es donde consideramos que el Derecho debe jugar un papel fundamental a fin de evitar posibles consecuencias negativas en la utilización de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones tanto en la faz pública como en la privada, ello a fin de evitar discriminación, censura, abusos; ya que muchas veces los datos que utilizan los algoritmos no siempre son ciertos o perfectos, lo que puede desembocar en la toma de decisiones equivocadas.

Creemos que los Estados deben adoptar, sancionar o bien actualizar normativas que regulen el tratamiento de los datos personales, que son, en definitiva, los que condicionan la toma de decisiones.

Si bien en principio parecería que la algoritmocracia es un fenómeno que se puede circunscribir a los Estados como entes rectores en la toma de decisiones a nivel gubernamental y como poder de policía en cuanto a la normativa que regule el uso de datos, no podemos pasar por alto que, a nivel empresarial, el uso de datos personales condiciona a los potenciales clientes/consumidores en la elección de productos o servicios y en las relaciones interempresariales.

Es por ello que consideramos importante el tratamiento responsable de datos personales por parte de las empresas o particulares proveedores de productos o servicios, utilizando los algoritmos de manera consciente y responsable. Para ello, la adecuación empresarial, en lo que refiere al tratamiento de datos, es vital para la gestión corporativa.

La utilización de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones tanto en el ámbito privado como en el público debe realizarse tomando todos los recaudos necesarios, desde conocer el tipo de tecnología a utilizar, pasando por la protección de los datos personales y cumpliendo con los marcos regulatorios.

En ese sentido, los Estados deben actualizar, modificar o crear normas, para que la tecnología y el derecho transiten por el mismo sendero.

Por nuestra parte, en nuestro rol de abogados y auxiliares de la justicia, debemos velar por el cumplimiento normativo y defender los derechos de los titulares de la información.

 
Cristian Javier Medina es abogado de la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario de derecho informático y digital en grado y posgrado, vicepresidente de la Comisión de Derecho Digital y de Las Nuevas Tecnologías de la Asociación de abogados de Buenos Aires, consultor en derecho, tecnología y Data Protection Officer y asesor jurídico en el Consejo Federal de Inversiones.

 
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