Acceso a la justicia y audiencias telemáticas: ¿retrocedemos en los avances hechos?

El Poder Judicial en Chile hace años inició una revolución digital sobre la tramitación electrónica de causas. Siendo los tribunales reformados (penal, laboral y familia) pioneros en la presentación de escritos mediante correo electrónico y permitiendo las notificaciones mediante el mismo sistema. Esta digitalización del Poder Judicial continuó y se pudo revisar todos los expedientes de los tribunales ordinarios de manera electrónica. Se dictó la ley 21.394 que modificó el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Tribunales, se creó la Oficina Judicial Virtual, y simplificó la tramitación de las causas.

Andrés Sepúlveda

Hace 5 años, cuando el mundo entero se paralizó por el COVID 19, y así como en todo orden de cosas, nos preguntamos qué ocurriría con la tramitación de los juicios, los plazos, la prescripción, las audiencias telemáticas, las notificaciones, etc. El ejecutivo rápidamente envió proyectos sobre la materia y el Congreso despachó rápidamente las leyes. El poder judicial, por su parte, y en uso de sus facultades, dictó autoacordados para el funcionamiento de tribunales y actuaciones procesales. Así, durante los años de la pandemia y estados de excepción constitucional, se logró mantener el acceso a la justicia para todos los usuarios del sistema.

El año 2021 se dictó la ley 21.394 que introdujo reformas al sistema de justicia para las situaciones que se pudieran presentar al término del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Esta ley permitió continuar con la digitalización y acceso a la justicia para los miembros de la comunidad jurídica y usuarios.

No debemos olvidar que el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, dentro de los 17 objetivos planteados el número 16 versa sobre paz, justicia e instituciones sólidas, donde se busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Así, la ONU señala que “El acceso igualitario a la justicia es esencial para proteger los derechos de las personas, resolver disputas y garantizar que las poblaciones vulnerables no sean marginadas ni maltratadas”.

Desde nuestra vereda, en Fundación Pro Bono, pudimos asumir la representación de juicios en regiones donde no nos encontramos presentes con estudios jurídicos, fiscalías de empresas o departamentos legales, ya que nuestros miembros podían acceder de manera remota, sin la necesidad de tener una oficina o un representante.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo hemos debido ir dando un paso hacia atrás, ya que casos como el ocurrido con la Ilustrísima Corte de Valparaíso, donde el día 14 de abril pasado decidió que se terminarían los alegatos de manera remota, nos hacen caminar con cautela, pues nuestros usuarios – personas en situación de vulnerabilidad y que están siendo representados de manera gratuita—, no tienen cómo cubrir gastos asociados, como por ejemplo trasladar a los abogados a otra región para la vista de la causa.

Celebramos el trabajo realizado por el Colegio de Abogados de Chile, en su labor gremial de alzar la voz ante las decisiones vacilantes de algunos tribunales, y confiamos en la Excelentísima Corte Suprema, quien instruyó la comparecencia remota mediante videoconferencia a las vistas de la causa.

El acceso a la justicia desde lo público no solo debemos pensarlo como la asistencia que otorga la Corporación de Asistencia Judicial, las Clínicas Jurídicas, los receptores y notarías del turno. Debemos enfocarlo desde el posicionamiento de que toda persona que requiera de la intervención del aparato jurídico, pueda contar con representación de calidad, ya sea pagada o gratuita, con los medios de acceso y de manera oportuna.

El Poder Judicial chileno ha sido un referente en la digitalización y tramitación en línea, pero nada conseguiremos si no podemos utilizar las mismas herramientas que el sistema nos brinda. No demos un paso hacia atrás en el acceso a la justicia para tantos usuarios del sistema que lo requieren.

 
Andrés Sepúlveda, abogado y coordinador del área de persona natural de Fundación Pro Bono.
 
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