Abogados en pugna por la Convención Constituyente

Felipe Riffo / Sofía Martin

Si algo existe en Chile hoy es la libertad de expresión y los abogados de ese país la están ejerciendo. Así lo demuestra el inserto pagado titulado «Declaración de abogadas y abogados por Chile ante el desarrollo de la Convención Constitucional», que fue publicado los días domingo 24 y lunes 25 en los diarios La Tercera y El Mercurio respectivamente.

En 10 puntos que hacen referencia a cuestiones jurídicas e institucionales, 250 abogados critican el proceso de escritura de la nueva Constitución de ese país, así como a aquellas «propuestas que, en algunos casos, son inspiradas en la buena fe, pero carentes de conocimientos específicos y, en otros, por desvaríos ideológicos fracasados en otras latitudes».

En respuesta, hoy fue publicada en el medio digital El Mostrador una nota que hace referencia a una carta firmada por 500 profesionales cuestionando el inserto: «Quienes suscribimos la presente declaración somos abogadas y abogados que también estamos por Chile, lo que supone, a nuestro entender, poner todo lo que esté de nuestro lado para que el proceso constituyente culmine de manera exitosa».

La rigurosidad en tela de juicio

El proceso se inició con el Plebiscito de octubre del año 2020, que tuvo una participación de más del 50% del padrón total de votantes —en un escenario de voto voluntario desde 2012—, y en el cual el 78% decidió que quería una nueva Constitución, y el 79%, que fuera desarrollada por una Convención Constituyente, porcentajes inéditos en un país en que los polos políticos ganan y pierden elecciones por pocos puntos.

Los convencionales constituyentes, también elegidos por voto ciudadano (15 y 16 de mayo de 2021), tienen plazo hasta el próximo 4 de septiembre, cuando se lleve a cabo un nuevo Plebiscito nacional, para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución.

Uno de los puntos sobre los que alerta el primer comunicado es que se estaría «aprobando normas de deficiente calidad y rigurosidad técnica y jurídica, que pueden producir al futuro serios vacíos, contrasentidos e incluso problemas graves en materia de interpretación constitucional».

El Mercurio

Por su parte, la carta de hoy hace un llamado de atención frente a lo que considera una «crítica vaga y general sobre supuestas transgresiones a las máximas de la experiencia, a la tradición constitucional occidental y a los tratados internacionales sobre derechos humanos», sin mayor detalle. «Las serias y graves acusaciones que afirman exigen que estas sean demostradas fundadamente ante la opinión pública», sostienen los firmantes.

Una a una

La preocupación por «iniciativas que permanentemente buscan socavar la independencia del Poder Judicial» es rebatida por quienes consideran que lo mínimo es identificarlas. «Hasta ahora, el Pleno no ha aprobado norma alguna que la lesione, y las pocas iniciativas que podrían haber tenido ese efecto fueron pronta y correctamente rechazadas», añadieron.

Asimismo, lo que los abogados descontentos con la Convención Constituyente perciben como el retroceso de normas de garantías ante expropiación de bienes, certeza jurídica sobre la propiedad, libertad de emprendimiento o derechos de autor, es opuesto a la opinión de quienes tienen una visión más favorable, quienes reclaman que las normas sobre expropiación aún no han sido resueltas por el Pleno y que, además, «del estado actual de la discusión en la Comisión respectiva se sigue que se reconocerán las principales garantías expropiatorias actualmente vigentes».

«Tampoco mencionan —añaden— que el derecho de propiedad en sus elementos centrales ya ha sido aprobado por el Pleno, con una cláusula muy similar a la establecida en la actual Constitución, y más protectora que textos de democracias occidentales desarrolladas».

La misma dinámica se aplica a las críticas sobre plurinacionalidad; el avance de derechos sociales no financiados o que niegan la regla de responsabilidad fiscal, o privan de la libertad de elección; y a propuestas de eliminación de concesiones sobre bienes de uso público.

Respecto de la preocupación por iniciativas que aumentarían la «burocratización, control y tamaño del Estado”, la respuesta fue que, efectivamente, uno de los objetivos políticos explícitos de la Convención es pasar de un Estado subsidiario a uno que provee servicios públicos «capaces de convertir los derechos sociales en una realidad perceptible para las personas, tal como acontece en democracias constitucionales desarrolladas».

Unidad, ciudadanía y futuro

En la declaración publicada el día de hoy, los 500 abogados y abogadas califican de fundamental recordar que el debate constitucional pertenece a toda la ciudadanía y no sólo ni prioritariamente a juristas: «Es un diálogo que se nutre del conocimiento de muchas disciplinas, incluido el derecho».

Desde la otra vereda, las y los firmantes del inserto dicen que no es aceptable guardar silencio frente a lo que observan, incluyendo la deliberada ignorancia a los límites del mandato entregado por la ciudadanía, así como que este «pacto jurídico» o «contrato social» que se traduce en la Carta Fundamental no puede adolecer de una «ausencia de un diseño integral del sistema político, electoral y de descentralización» y que debe tener » los pesos y contrapesos necesarios para evitar abusos totalitarios, mirando hacia el futuro del país».

«Así como decidir aprobar, es legítimo querer rechazar el texto que proponga la Convención; lo importante y deseable es exponer esa posición –incluso si se adopta precozmente– de cara a la ciudadanía», exhortan los abogados y abogadas defensores de la Convención Constituyente, aludiendo a la necesidad de una mayor transparencia, mientras que quienes alzaron la voz el domingo aclaran que el texto constitucional debe entenderse como un espacio de unidad y de «adhesión de la mayoría de la población» con lo mejor del pasado y también con lo que exigen el presente y el futuro, sin olvidar que la norma será aplicable a gobiernos de distinto signo.