Abogadas y juezas afganas debieron huir o esconderse

Cuando los talibanes capturaron Afganistán, la abogada Bibi Chaman Hafizi oyó que los miembros estaban yendo a golpear puerta a puerta, buscando personas que hubieran trabajado para el Estado: ella quemó cada documento que tenía guardado en su casa y se ocultó, narra la periodista Karolina Tagaris para la agencia de noticias Reuters. Tras huir durante 7 meses y 4 ciudades con su marido, que es periodista, logró salir del país y hoy se encuentra con sus dos hijos en Atenas.

Junto a ellos fueron evacuados a Grecia 25 juezas y abogadas, con sus respectivas familias. Pero hoy se sienten estancadas en una especie de limbo, sin trabajo y con escasas pertenencias, enfrentando toneladas de burocracia que les tomarán meses de espera para conseguir llegar a otros países de Europa.

Tal como Hafizi, muchas mujeres trabajaban en el sector legal de Afganistán, país que registra 500 abogadas y cerca de 250 magistradas. En su caso particular, llevaba casos para el Centro de Justicia de Narcóticos (Counter Narcotics Justice Centre), que fue clausurado por los mismos hombres que habían sido encarcelados, ahora libres gracias a los insurgentes.

En las últimas dos décadas, las mujeres afganas habían conquistado para sí varios bastiones, como la judicatura, los medios de prensa y la política, áreas que en el período talibán 1996-2001 eran reservadas exclusivamente a los hombres. Pero desde que retomaron completamente el poder, en agosto de 2021, anunciaron que protegerían los derechos de la mujer, «de acuerdo con la ley islámica» y una «amnistía general» para todas aquellas que hubieren trabajado para el Estado.

Sin embargo, existe temor a un retroceso, en cuanto las mujeres no tendrán permitido retornar a sus trabajos y se prohibirá a las niñas educarse en colegios. La juez Hafizi afirma: «Lo que dicen es distinto de cómo actúan», mientras que Suhail Shaheen, miembro del gabinete político talibán en Doha, niega los números de mujeres magistradas o abogadas que han debido huir y lo atribuye a un pretexto para reasentarse en países de occidente: «Anunciamos una amnistía general y es un compromiso asumido», dijo.

De acuerdo a información proporcionada por Bibi Chaman Hafizi a Reuters, temió por su vida durante meses, luego de que 2 juezas de la Corte Suprema fueran asesinadas por pistoleros no identificados en el mes de enero. Por ello, todos los días elegía una ruta distinta para llegar a su trabajo.

Friba Quraishi, quien presidía casos de extremismo y que sólo permitió que Reuters la fotografiara o grabara de un modo que protegiera su rostro, relató el tipo de amenazas que recibían, tales como «atacaremos sus hogares» o «entraremos a sus salas de audiencias». El día en que los talibanes tomaron su ciudad, Quaraishi arrancó de los tribunales, pues muchos criminales que ahora estaban libres habían sido juzgados por ella: «Me conocían y yo estaba bajo amenaza».

Mientras permanecía escondida, los talibanes igualmente conseguían su número de teléfono y de hecho la llamaron desde 4 números diferentes para amenazarla. Cuando se dio cuenta de que no podría salir a la calle ni enviar a sus hijos a la escuela, se vio forzada a abandonar Afganistán y refugiarse en Atenas, donde espera a que le permitan reunirse con familiares en Holanda y volver a ejercer su carrera.

 
El reportaje deja constancia de que también colaboró Parniyan Zemaryalai, desde Londres y Angus MacSwan, en la edición. Lee el artículo original en inglés aquí.

 
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