Procesalistas critican ley de digitalización de expedientes

www.eldia.com

Sofía Martin Leyton

El jueves 21 de abril, en Derecho UC y a salón lleno, se realizó el seminario “Nueva ley de tramitación electrónica”, donde se abordaron aspectos jurídicos, estratégicos, políticos y técnicos de la digitalización de expedientes que se iniciará en junio (un mes más) en 13 jurisdicciones del país, mientras que en las restantes se hará el 18 de diciembre.
 
Organizado por el Programa de Reformas a la Justicia UC, y patrocinado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago) y el Centro de Estudios de la Justicia para las Américas (CEJA), la actividad contó con expositores del Departamento de Estudios de la Corte Suprema y de la Dirección de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial — Roberto Villalobos, abogado con master en Informática y Derecho en la U. Complutense de Madrid, a cargo de la implementación— quienes abordaron cómo se ha preparado en concreto el Poder Judicial para la entrada en vigencia de la Ley 20.886.

Reforma procesal civil postergada indefinidamente

Raúl Tavolari, profesor de Derecho de la U. de Chile y uno de los miembros de la comisión redactora del proyecto de nuevo Código Procesal Civil, dijo que el debate no es entre ese expediente y el otro: “Lo veo como una pugna entre Uber y taxis”.
 
“Sobrecoge mi espíritu que ver cómo en nuestro país por enésima vez se proponen y acercan reformas que afectan al destinatario de la justicia y al que no se le pregunta nada”, añadió. “Revisen la historia de la ley, vean a quiénes se consultó, cómo se forjó. Nació de los 5 integrantes de la Comisión del Senado ¿Hay afinidad de pensamiento entre todos ellos? Yo creo que no”, continuó.
 
La explicación para estos acuerdos que detuvieron la reforma, aseguró, es que se quiso evitar conflictos en la toma de decisiones. “¿Pero lo estamos haciendo evitando la mayor cantidad posible de errores? Se le puso suma urgencia ¿Por qué?”, inquirió.
 
Tras ello dijo que el plan de actividades del Ministerio de Justicia no considera para el 2016 nada relativo al proyecto de nuevo Código Procesal Civil: “Estamos haciendo un proceso de descodificación. Son modificaciones al Código de Procedimiento Civil y al Código Orgánico de Tribunales. Nuestra Corte Suprema ha ido asumiendo un poder colegislativo por vía de instrucciones, instructivos y Autoacordados”.
 
Aunque Tavolari razonó que lo tecnológico debe normarse por estas vías para evitar las dificultades de obsolescencia, debe equilibrarse con la necesidad de que no se creen dificultades por la urgencia. Para ello dio como ejemplo al caso alemán, país que inició la migración en 2001 con diversa normativa y que gradualmente han ido adaptándose para avanzar en el proceso. Ahora tendrían plazo hasta octubre de 2016, dado por una ley de 2013, para registrar correos electrónicos; y desde el 1 de enero de 2018 empezará a regir en los procesos civiles, para ser obligatorio tramitar en esta modalidad todos los juicios recién en 2022.
 
“Apunto a la prudencia”, cerró el académico. El presidente de la Corte Suprema ha pedido un aumento del plazo de vacancia. Si la hacemos partir ahora, corremos el riesgo de hacerle mucho daño a los justiciables.

Antesala de nada

Por su parte, el profesor UC y también miembro de la comisión José Pedro Silva resaltó que la moción parlamentaria que dio origen a la ley dice que “constituye la antesala a la reforma procesal civil”.
 
Recordó que los expedientes civiles en Chile se cosen con aguja e hilo de volantín, donde el gran avance tecnológico ha sido la incorporación del taladro eléctrico (sacó risas de la audiencia).
 
Si bien concuerda en que nada puede justificar excluir lo judicial de la forma digital en que se vive -con Waze, pago de impuestos, teleconferencias y correos electrónicos-, opinó que la urgencia es riesgosa, sobre todo tratándose de un proyecto de mínima socialización. «No se consultó ni pidió opinión de las universidades. Sí se consultó a 2 penalistas, pero no a procesalistas ni al gran grupo de profesores expertos que por más de 12 años trabajó en el nuevo proceso civil», reclamó.
 
«¿Era necesario para ‘blanquear’ lo que ya se hacía vía Auto Acordado? No había ninguna justificación ni en el apuro ni en la falta de socialización», insistió.

Que no sea una dilación más

Cristián Maturana, el tercer mimebro de la comisión redactora del proyecto de Código, dijo que por muy positivo y optimista que uno sea, esta ley es incompatible con los principios de la reforma, y que si se mira los aspectos orgánicos y la dimensión de esta ley, se puede constatar que la norma va en una dirección diversa de la reforma.
 
«De acuerdo a la ley los secretarios se transforman en jueces instructores. Me parece gravísimo haber establecido un sistema poco coherente y poco práctico. ¿Es ésta una situación permanente o transitoria? Si somos muy optimistas deberíamos entender que es muy transitoria. ¿Hemos capacitado a los abogados a 2 meses de la entrada en vigencia?», inquirió.
 
A la vez contradijo que esta ley sea aplicable a todas las competencias: «Como tenemos sistemas nuevos reformados (penal, familia, laboral) que tienen principios distintos, nunca podremos interpretar este Código de Procedimiento Civil modificado como supletorio. La ley dice que en estos sistemas no son aplicables las normas del CPC cuando son opuestas a los principios».
 
Como los demás expositores, dijo entender que vivimos en una realidad tecnológica y que el Poder Judicial tiene que subirse: «Lo miro desde un punto de vista optimista, que es tener una reforma procesal civil que sea coherente en su funcionamiento tanto orgánico como procedimental».
 
«Estamos esperando que nos anuncien cuándo se va a deshacer la cinta del regalo y se va a retomar la discusión de la reforma procesal civil, y que no sea una dilación más a la justicia que requiere nuestro país», dijo.