Asociación de Fiscales del Perú cumple 1 año y reclama por inequidad de sueldos

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Sofía Martin / Xoaquín Bennett

El 17 de julio es el primer aniversario de la creación de la «Asociación de Fiscales del Perú», desde que se registaron públicamente en la partida electrónica N° 1110402. Su fin, entre otros, «es velar por el respeto, dignidad, autonomía e independencia del Ministerio Público». Si bien la entidad fue creada en Chimbote, a 430 km. al norte de Lima, la intención es crecer a nivel nacional.

Fredy Gutiérrez Crespo es el primer presidente de la organización. Antes de ellos, relata, y desde hace más de 40 años, existía una Asociación Nacional de Magistrados del Perú, que en teoría agrupa a «Magistrado integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, en el ejercicio, cesantes y jubilados».

Tal como en otros países de la región, desde 2004 y gradualmente se implementó en Perú un nuevo Código Procesal Penal, que cambió el sistema de enjuiciamiento criminal de inquisitorio a adversarial. En Chimbote, inició su aplicación en 2011, lo que ha conllevado ajustes que, más que normativos, dice Gutiérrez, tienen que ver con la asignación de recursos. Siempre existieron los fiscales, dice, que cumplían «una labor muy preliminar». «Se suponía que era autónomo, pero no lo era en la práctica», añade.

Esta nueva agrupación ya logró ser miembro de la Federación Latinoamericana de Fiscales. Incluso, van a asistir a la XXIV Conferencia Anual de la International Association of Prosecutors (IAP), que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, del 14 al 19 de septiembre.

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Crimen organizado, lavado de activos y corrupción

Para celebrar el año de vida de esta asociación, organizaron una actividad académica para mañana martes 16 de julio, en la cual se abordarán 3 temáticas de gran contingencia.

Una de ellas estará a cargo de William Rabanal, fiscal provincial de Trujillo, cuya ponencia será sobre criminalidad organizada y el lavado de activos. Gutiérrez destaca que el expositor es reconocido a nivel nacional por su labor: ha logrado desarticular más de 20 organizaciones criminales.

Carlos Machuca Fuente, fiscal adjunto superior de la Fiscalía Superior Penal del Santa, va a ser otro expositor, que hablará sobre la etapa del juicio y la importancia del alegato de clausura, dada la relevancia de esta etapa, ya que es crucial para lograr una condena.

Por su parte, Fredy Gutiérrez capacitará sobre el delito de corrupción de funcionarios. «Pertenezco a una fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, desde 2012. Investigamos delitos como colusión, enriquecimiento ilícito o cohecho», explica. El nuevo modelo trae un estándar probatorio mayor, continúa, y la importancia de aquello tiene relación con que se trata de delitos clandestinos, que suelen acreditarse con pruebas indiciarias.

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Para ejemplificar los desafíos de su labor, este fiscal hace una comparación entre Arica (Chile) —estuvo de visita hace unos 4 años—, que es del tamaño de Chimbote, y donde no había en tramitación más de 4 casos, mientras que en su jurisdicción los casos rondaban los 400. Aunque ha transcurrido un tiempo no menor desde la implementación de sus labores, Gutiérrez advierte que ese promedio no se ha reducido.

¿Se trata de un problema de herramientas legales? «He estado en Colombia, Ecuador, Chile; los códigos son similares y las herramientas también. Hay testigos en reserva, colaboración eficaz, pero tenemos 400 casos y 2 peritos». Por ejemplo, no tienen un ingeniero y con ello, están sin experto que dé soporte en la persecusión de lavado de activos: «No es un problema normativo, sino que logístico».

US$12.800 versus US$4.000

El pasado 20 de junio fue publicada la Ley 30.970, que aprobó una bonificación especial para jueces y fiscales supremos, equivalente a 11.700 soles, lo que generó una respuesta de la Asociación, rechazando «trato discriminatorio de la norma».

Este incremento, acusan, se traduce en que «un Juez Supremo (05 años de antigüedad) percibirá 42.717 soles, mientras que la remuneración de los jueces y fiscales de los diferentes niveles no ha experimentado ninguna mejora en los cinco últimos años».

Se incrementa de esta forma la brecha salarial «a niveles inaceptables», se lee en el texto, y citan un ejemplo: un Fiscal Provincial, «que dicho sea de paso asume la mayor carga procesal», de acuerdo a la escala debería percibir el 62% de la remuneración del supremo, pero actualmente percibirá sólo el 33%.

Esta bonificación especial sólo alcanza a los jueces y fiscales supremos, «desconociendo la vigencia de la ley 30.125, que al modificar el artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial» altera los porcentajes de las remuneraciones aplicables a dichos funcionarios, «que en su equivalencia en relación a los supremos, era de 90%, 80% y 70%», pero que que ya habían sido reducidas «a 80%, 62% y 40% respectivamente», los que «lamentablemente vienen siendo vulnerados».

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En números: «Los supremos, con ese incremento ganarán un aproximado de US$12.800 frente a US$4.000 de un juez o fiscal de primera instancia. Pero de acuerdo a la ley, deberíamos ganar el 62% del sueldo de un supremo, esto es, cerca de US$ 7.500», explica Fredy Gutiérrez, el presidente de la entidad gremial.

«En tal virtud exigimos el cumplimiento estricto de la ley, lo que significa la homologación de las remuneraciones de los fiscales en sus diferentes niveles en relación a los supremos, en los porcentajes de 80%, 62% y 40%», concluye el pronunciamiento público enviado a los medios.