Femicidios: análisis de la normativa vigente

Fernanda Robles

La violencia de género —incluida la muerte de la mujer, delito denominado femicidio o feminicidio, según el país— se ha convertido en una preocupación a nivel global, razón por la cual distintos organismos internacionales y organizaciones han expresado su preocupación por el creciente número delitos cometidos por razones de género y que día a día son registrados.

Con el fin generar un documento que permita prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones sufridas, ONU Mujeres, en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicaron un modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género que países como Perú, Argentina, México, Colombia, entre otros, aplican o desde el cual crean uno adaptado a su realidad.

Violencia de género en Latinoamérica

Según cifras oficiales del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, 16 países de América Latina y el Caribe registran un total de 2.554 mujeres víctimas de femicidios en 2017.

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe

A partir de los datos analizados entre 2016 y 2017, la organización demostró que los países con mayor prevalencia de femicidios en la región son El Salvador (10,2), Honduras (5,8), Belice (4,8), Trinidad y Tobago (3,.0), Guatemala (2,6) y República Dominicana (2,2). Mientras que en América del Sur, Bolivia y Paraguay muestran una mayor prevalencia con tasas de 2,0 y 1,6 por cada 100.000 mujeres.

A pesar de los esfuerzos por estandarizar formas de investigación de este tipo de homicidios, la legislación y sanción penal de femicidios o feminicidios varía según la interpretación que cada país tiene sobre este delito.

Hicimos una revisión de la legislación de distintos países de Latinoamérica para identificar las normativas y el escenario en que estas se aplican. A continuación te mostramos la realidad de tres de ellos: Argentina, Perú y Chile.

Femicidios en Chile

Su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición junto con el de su cónyuge, quien tras asesinarla, se quitó la vida. Ese el final de la historia de María José Hurtado, mujer de 33 años y madre de 4 niños.

Según los datos del Gobierno chileno, Herrera realizó 8 denuncias por violencia intrafamiliar, entre 2012 y 2017. Sin embargo, nunca recibió ayuda. En los registros no existen medidas cautelares que la protegieran, así como tampoco atención del Servicio Nacional de La mujer y Equidad de Género antes de morir.

En lo que va del año, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha registrado un total de 29 femicidios, de los cuales 20 no tenían una denuncia previa que diera a conocer la situación de violencia que las víctimas enfrentaban.

No obstante, las cifras que manejan observatorios de género o fundaciones muestran una realidad más crítica. Según la Red chilena contra la violencia hacia la mujer, 41 mujeres han sido víctimas de femicidios en 2018.

Si bien el Gobierno realiza campañas que incentivan a las mujeres a denunciar, parecieran no ser suficientes para disminuir las cifras. Desde #niunamenos, organización social que aborda este tema, el total de este tipo de homicidio está relacionado con la calidad de las estrategias de prevención desarrolladas y la poca urgencia que ha manifestado el Estado al respecto.

Respecto de los números que entrega la institución oficial, Elena Dettoni, vocera de #niunamenos Chile, afirma que éstas no se condicen con la realidad. «Los datos esconden que sólo cabe dentro de la figura jurídica del femicidio los homicidios cometidos por parejas, ex parejas, cónyuges. Por otro lado, entendemos la urgencia de denunciar para conseguir protección ante este tipo de delitos. Sin embargo, las medidas institucionales no están dando respuesta a esta pandemia mundial», dice.

Argentina

En Argentina la realidad no parece ser muy diferente. En los últimos años, las estadística han evidenciado un alza en los delitos por razones de género. Si bien actualmente no hay estadísticas oficiales, existe un recuento efectuado por organizaciones sociales.

Según #niunamenos, el movimiento MuMaLá – Mujeres de la Matria Latinoamericana-, en los últimos 3 años se registraron en Argentina 871 femicidios, dentro de los cuales 109 son vinculados de hombres/niños y mujeres/niñas. De estos, el 18% de las víctimas realizó una denuncia previa, y solo el 10% tenía medidas de protección.

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Adicionalmente, la organización determinó que el 89% de los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo y conocidos de la víctima, el 4% por extraños, mientras que no se tendría datos sobre el 7% restante.

Golpes, asfixia, armas de fuego y armas blancas son las principales modalidades registradas para cometer este delito.

Ley integral de violencia de género

La modificación de la normativa argentina en esta materia se remonta a 2012, cuando se introdujeron diversos delitos de género al Código Penal mediante la promulgación de la Ley 26.79.

Dentro de los cambios que permitió incorporar esta ley se puede mencionar la aplicación de reclusión o prisión perpetua al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia; además de un delito agravado por el vínculo y por la relación con la víctima.

A pesar de que Argentina cuenta con una ley integral en esta materia, según Sabrina Catarbia, abogada de Red de Mujeres, la falta de capacitaciones de actores importantes, como los operadores jurídicos, ralentiza los procesos de investigación que permiten determinar que un homicidio califica como feminicidio.

“Actualmente, en muchos casos los operadores jurídicos prefieren otras figuras para tipificar estos delitos, porque no tienen que comprobar que el delito fue provocado por violencia de género”, asegura Catarbia.

Por otro lado, si bien las modificaciones que se han realizado al Código Penal argentino demuestran un avance en el tratamiento de la violencia de género, Catarbia afirma que no es suficiente. “La ley está bien hecha en términos estructurales. Sin embargo, no protege la vida de las mujeres, porque se empieza a actuar una vez que las mujeres ya han recorrido caminos de violencia o están muertas”, dice.

Legislación chilena

En 2010, se introdujeron cambios a la Ley de Violencia Intrafamiliar, que permitieron incorporar la figura del femicidio, aumentar las penas aplicables y reformar las normas existentes sobre parricidio.

A pesar de la actualización, la aplicación de esta norma se reduce al ámbito familiar —cónyuges y convivientes—, quedando fuera de su alcance todos aquellas violaciones y asesinatos cometidos en un contexto diferente a éste.

Hace pocos meses, Gabriel (17 años) y su madre (53) fueron encontradas sin vida al interior de su casa. A los pocos días se conocería al responsable: la ex pareja de Gabriela. La asesinó días después de que ella decidiera terminar la relación.

Hace pocos días la iniciativa que modifica la norma vigente fue aprobada para ser discutida en el Congreso. Se espera que el debate comience a mediados de octubre.

Femicidios en Perú

El artículo 108 del Código Penal lo define como la muerte de las mujeres por su condición de tal, en contexto de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que confiere autoridad a la persona agresora; y en cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con la persona agresora.

El último reporte estadístico –publicado en septiembre de este año– de casos de víctimas de feminicidio atendidos por los centros de emergencia mujer, dependientes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, registró 103 feminicidios en lo que va del año.

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Según el perfil de las víctimas, un 86% se concentra entre el rango de 18 y 59 años, mientras que el 11% corresponde a niños y adolescentes.

Esta categoría de homicidio, relativamente nueva, se expuso por primera vez en el Código Penal en 2011. Antes no era un tipo penal autónomo, sino una forma de denominar el parricidio cuando era cometido por el cónyuge o concubino. Y así, estuvo vigente hasta 2013, momento en el cual se crea un tipo penal para el feminicidio con las mismas penas que tiene cualquier homicidio agravado, explican especialistas.

La última reforma se realizó mediante la incorporación de la Ley 30.819, recientemente. Uno de los puntos más importantes es el aumento de la pena que sanciona el femicidio. “Matar a una mujer en cualquier contexto tiene una pena mayor por la discriminación que ese tipo de homicidio implica”, señala la abogada Beatriz Ramírez.

Interpretaciones sobre la norma

La aplicación de la ley que regula el feminicidio en Perú, según la experta, puede ser valorado en dos aspectos: por las condenas o porque ha permitido visibilizar una realidad.

“Este tipo de normativas ha permitido poner la etiqueta de femicidio al homicidio de mujeres, visibilizando que mueren en manos de sus parejas y en contextos que no son iguales a los que mueren comúnmente los hombres”, afirma Ramírez.

Según la abogada peruana Fabiola Maza, los desafíos penales que conllevan las actualizaciones normativas son la capacitación y su aplicación: “El problema de estas normas es que las fiscalías, que son las encargadas de iniciar la investigación de este tipo de delitos, no están adecuadamente capacitadas o no tiene mucha aceptación por parte de jueces y fiscales”, señala.

Un caso que ejemplifica la insuficiencia de los operadores judiciales en la tipificación de feminicidios es «Peralta Carhuavilca», una mujer de 22 años que fue degollada por un hombre al no dejarse violar.

Dentro de las razones por las cuales este homicidio no fue procesado por la justicia peruana como femicidio, de acuerdo a Beatriz Ramírez, está la carencia de una mirada de género sensitiva por parte de los operadores judiciales, junto con lo difícil que es identificar la discriminación de género.

Uno de los principales problemas que enfrenta Perú —que se replica en otros países— es la incapacidad de generar medidas preventivas eficaces en torno a la violencia de género; medidas que si bien muestran una voluntad política por generar cambios en términos legislativos, no son capaces de materializarlos.