Consultas masivas en la web: ¿avance tecnológico o práctica ilegal?

Álvaro Vergara

A principios de agosto, la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile (CAPJ) presentó una denuncia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde acusaban ser víctimas de supuestos «ataques» desde distintas direcciones de internet para extraer datos, pero que en definitiva eran consultas masivas a la plataforma de tramitación de causas a nivel país, que afectaban a las plataformas civiles, penales, Corte Suprema, entre otros.

El problema era que se estaban haciendo solicitudes masivas de información en el sitio web del Poder Judicial (PJ), de manera que se excedía el límite de consultas que el servidor podía procesar al mismo tiempo, ralentizando el sistema a nivel país.

En un informe preparado por la jefa subrogante del Departamento de Informática y Computación de la CAPJ se señala que junto a los problemas de lentitud que provoca esta extracción de datos masiva, también existe un “incremento del costo presupuestario de la institución”.

«Cuando el umbral de peticiones crece de manera sustancial en menos de un minuto sobrepasando los límites normales de acceso sobre una plataforma, esta genera retraso y «encolamiento» de peticiones en la respuesta de los servicios, provocando alto consumo final sobre las bases de datos y teniendo en cuenta que son «Bases de Datos Productivas», lo que afecta a todo el país, por la lentitud generada y en consecuencia la lentitud en los accesos y disponibilidad de los sistemas de tramitación que se entregan mediante la Oficina Judicial Virtual», se lee en la denuncia hecha por el CAPJ.

¿Optimización o práctica ilegal?

Luigi Woschion, abogado fundador y CEO de LegalNovus.com, concuerda con lo descrito por la CAPJ al decir que esto es ilegal. «Aunque en teoría el Poder Judicial debería tener una capacidad tecnológica para realizar todas estas tareas, claramente las consultas masivas están prohibidas desde antes», afirma. Y agrega que «los privados que hacen consultas masivas están haciendo algo que está fuera del marco de la ley. Son ilegales».

Por su parte, Pablo Izquierdo, presidente del directorio de Eniax, una empresa proveedora de soluciones empleando inteligencia artificial, asegura lo contrario. «Obviamente está permitido. Si a ti te demandan 3.000 personas, vas a tener que buscar las 3.000 causas. El problema no son las empresas que consultan, el problema es del PJ». Y agrega que está pasando en todas partes del mundo: «Si una aerolínea deja botados a sus clientes, no vale la pena procesar cada causa individualmente, sino que es mucho más fácil juntar a todos y llevar la causa colectivamente».

Woschion continúa diciendo: «Tenemos que tener en cuenta que el portal electrónico está hecho no sólo para recibir consultas, sino que también para que los usuarios realicen otros trámites. Entonces, que un privado tenga 3.000 consultas al día, obviamente puede ir en merma de usuarios que estén tratando de subir algún escrito de plazo, por ejemplo».

Automatización de consultas

La anomalía fue detectada principalmente desde proveedores en el exterior como Microsoft y Amazon.com. Según el CAPJ, se estaría utilizando un software para ingresar a sus sistemas y éste serviría para automatizar consultas manuales con el objetivo de burlar el límite de ingresos que un usuario puede realizar en el sistema. La anomalía también se presentó desde empresas nacionales como VTR Banda Ancha, GTD Internet y Movistar, entre otros.

Asimismo, otro programa tendría la función de intentar modificar los parámetros de consulta judicial para permitir múltiples conexiones lo que, entre otros efectos, ralentizaría el sistema a nivel país.

Woschion tamboén plantea que seguir operando con estos servicios va a seguir trayendo problemas. «Pero creo que en algún momento, más adelante, habrá que regular estos servicios automatizados para ponerse al día con las necesidades actuales de los abogados», añade. Primero, sostiene, habría que revisar cómo opera el sistema de consultas masivas, hacer una especie de catastro de los oferentes de estos servicios, y «sobre la base de la tecnología que se está utilizando, ir revisando distintas fórmulas en conjunto con el área informática del PJ para comenzar a presentar soluciones».

«El Poder Judicial nunca pensó que el volumen de consultas iba a ser tan grande y los informáticos le echaron al culpa a la gente que hacía las consultas. Son ellos quienes deberían mejorar su sistema», asegura Izquierdo.

 
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