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Mercado Legal

La gran complejidad de las traducciones legales

Para que un contrato o cualquier otro documento legal quede perfectamente traducido, no solo tiene que fijarse que el traductor sea un experto en el idioma, sino que también en que maneje el lenguaje legal.

14 Abril, 2016 Comparte en:
Pierina Cavalli

 

Traducción legalPixabay
De todas las traducciones, la jurídica es una de la más complejas. El contexto legal requiere de una gran precisión y exactitud en el uso de sus términos. Es por ello que un traductor jurídico ha de ser mucho más que un experto en idiomas; es además un profesional del derecho que brinda a sus clientes una comprensión profunda sin margen de error de las terminologías legales empleadas y, por supuesto, la cultura propia del sector en cada país.
 
“Las traducciones legales consisten no sólo en la traducción, sino en una comprensión en profundidad de la documentación legal, ya sea pública o privada, tanto de origen como de salida; para trasladar a otro idioma el contenido del documento con la mayor fidelidad y precisión posibles”, dice el sitio Lawlinguists.
 
En lo referente a traducción de textos legales, resulta fundamental un uso preciso y fidedigno de la terminología, la sintaxis y el conocimiento en el Derecho; ya que el éxito de un abogado en un caso internacional puede depender de la capacidad del traductor para trasladar de forma ajustada y veraz, no sólo las palabras, sino el sentido del texto legal original.
 
Tan importante es la traducción de un documento que en Europa crearon el término de jurista-lingüista. El concepto fue desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para afrontar una problemática muy concreta: traducir documentos de una gran extensión y complejidad, redactados por abogados o magistrados del Tribunal. Actualmente, todos los traductores de esta institución responden a este perfil y, como señala el artículo 22 del reglamento del citado Tribunal, son “expertos que poseen una cultura jurídica adecuada y un extenso conocimiento de varias lenguas oficiales del Tribunal”. La “cultura jurídica adecuada” que exige este artículo es un requisito indispensable, explica Ruth Gámez González en un artículo publicado en la revista del Colegio de Abogados de Valladolid.
 
Los estudios de abogados, por su parte, han de enfrentarse a una problemática similar, cada vez más frecuente. Ante estas situaciones, el abogado no tiene más remedio que confiar en un profesional experto en idiomas que le ayude a superar esa barrera. Pero un traductor general se enfrenta al problema de la terminología legal. La traducción es una actividad compleja para la que se requiere una alta calificación, más aún cuando se trata de un lenguaje tan específico como el del Derecho. En el caso de la traducción jurídica, el mayor obstáculo para el traductor suele ser la falta de esa “cultura jurídica adecuada” que le dificulta la comprensión del texto, paso previo y necesario para su traducción. Por ello, en la mayoría de los casos, tiene que limitarse a traducir sin entender adecuadamente la materia, con el riesgo de producir una traducción inexacta o incoherente.
 
Mientras que en Europa y Estados Unidos muchas firmas de abogados disponen de sus propios departamentos de traducción legal, en Latinoamérica la situación es algo diferente, ya que muchos despachos todavía suelen confiar este tipo de traducciones a agencias, o a traductores freelance, no siempre especializados en la materia.
 
En Chile, los grandes estudios exigen que sus abogados sean bilingües a lo que inglés-español se refiere, pero también utilizan los servicios de intérpretes freelance. “En general, usamos traductores para varias cosas, sobre todo cuando estás negociando contratos. Cuando estos documentos son cortos, los abogados junior del estudio hacen el trabajo. Cuando ya son documentos más largos, tenemos una serie de traductores freelance en Santiago, que son abogados o conocen la terminología legal”, dice un abogado especialista en telecomunicaciones y medios.
 
José Mendoza vive en México y hace traducciones a cinco países latinoamericanos, incluyendo Chile: “Sobre todo asuntos contractuales, empresariales y de litigios”, cuenta. Y los tamaños varían mucho, pues pueden fluctuar desde algunos párrafos hasta prospectos de cientos de páginas, añade. Traduce entre el español y el inglés (ambas direcciones) y también del francés al español y del francés al inglés. Quienes requieren sus servicios son “por lo general estudios jurídicos grandes, pero también para los abogados internos (in-house counsel) de empresas”, dice. Los cobros son por palabra y sus clientes llegan a él por referencias.
 
En México,Traductores Legales Especializados (TLE) es una compañía creada con el propósito de ofrecer a los diversos operadores jurídicos (despachos, bufetes jurídicos y contables, intermediarios financieros e inmobiliarios, federativos o públicos, empresas y particulares) un servicio de traducción de excelencia en el ámbito legal. Cuentan con un grupo especializado de traductores con más de 10 años de experiencia en diferentes áreas del derecho, además de peritos expertos en traducción legal. “La manera en que trabajamos, es que nuestros clientes nos hacen llegar sus documentos de los cuales requieren la traducción. Una vez recibidos, procedemos con la cotización, la cual le hacemos llegar para su autorización. Para iniciar cualquier proyecto, se requiere el 50% como anticipo y el resto a la entrega del proyecto. Las traducciones se realizan con nativos y con las especialidades legales correspondientes”, explica Lic. Itzel Guerrero, Project Manager de TLE.
 
Por su parte, en Argentina, MF Traducciones realiza servicios no solamente en los proyectos de gran volumen, sino también en aquellos proyectos más pequeños que se requieren de manera urgente, siempre con la más absoluta confiabilidad y reserva. Tienen claro que “la traducción legal requiere conocimientos específicos: todo texto en este tipo de documentos debe ser exacto y no dar lugar a ambigüedades. Un documento legal mal traducido puede provocar confusión, frustración, demoras y un alto costo. Es por eso que, para tranquilidad de nuestros clientes, sólo empleamos traductores competentes para traducir documentos legales.Ya sea que necesite la traducción de un contrato, una citación o una demanda, o una transcripción de audio relativa a a una prueba, puede estar seguro que el documento traducido será totalmente exacto”, dice Florencia Troilo, socia fundadora y directora de MF Traducciones. Quien además hace hincapié en el tema de la privacidad: “La confidencialidad de la información de nuestros clientes es muy importante para nosotros, por lo que todos los documentos que pasan por nuestras manos son sometidos a una estricta política de privacidad. Con este nivel de servicio, muchos clientes nos confían sus documentos y recurren a nosotros una y otra vez”.

Los precios

Los precios de las traducciones generalmente van por la cantidad de palabras. El monto varía según la experiencia del traductor. En las licitaciones de ChileCompra, donde usualmente se encuentran las propuestas con los precios más competitivos, se oferta como lo más barato $20 por palabra de inglés a español (para calcular en dólares toma la tasa de cambio: US$1 = CLP 671).
 
“Cuando un traductor ofrece una tarifa entre $6 y $10, se puede explicar por alguna de las siguientes: es un novato que no sabe valorar su trabajo y/o reconoce sus competencias como escasas, es un novato que está dispuesto a sacrificarse por acumular referencias en su currículum, es un traductor que realiza “dumping” para ingresar a un mercado cuyas barreras se lo impiden”, dice Richard Pérez-Mongard, quien se dedica a la traducción hace 40 años.
 
Y cuenta que “sin considerar las tarifas de ´dumping`, el promedio de todos estos actores es de: $37 (inglés a español) y $32 (español a inglés), y con rangos de $15 a $76 y $15,8 a $78 respectivamente.
 
En cuanto a traductores nativos en inglés, francés o alemán, sin importar si son competentes o no, no cobran menos de $50 por palabra (0.07 euros)”.
 

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